Fundada por Eduardo Ciani el 17 de noviembre de 2001

“La democracia se consolida con una lucha constante contra la ignorancia, la miseria y los privilegios económicos”. Alfredo Palacios

Número 23 /Segunda época JULIO de 2010 Versión Electrónica

El ideal "defensor de la libertad, la cultura y el socialismo"

Dirección editorial: Edgardo Cataldi - Gerardo Schmidt

Jefe de redacción: Flavio Sánchez

Colaboran en este número:
Edgardo Cataldi.
Raúl Isman
Ricardo Plaul.
Graciela Dubrez.
Luma Cijó.

Índice:

EDITORIAL: Socialismo, Socialdemocracia K, etc. , por Edgardo Cataldi
ENSAYO: Dilema de resolución impostergable Por Raúl Isman
OPINION: Porqué es necesaria una Ley de Servicios Financieros: Por Ricardo Plaul

OPINION: Reflexiones sobre salud mental: Por Graciela Dubrez
ENSAYO: Vulneración de Madres e hijos privados de su libertad (III). Por Luma Cijó
INFORME: Observatorio Internacional de Prisiones. (II) enviado por Graciela Dubrez

La opinión de los columnistas es a titulo personal y no necesariamente debe coincidir con la línea editorial de esta publicación
EDITORIAL

Escribe: Edgardo Cataldi

EL FUTURO DEL SOCIALISMO ARGENTINO. Por Edgardo Cataldi

Lo dijimos en el número anterior, refiriéndonos a la conducción nacional del PS:

“Y esto no es nuevo, se trata en última instancia de una continuación de la larga decadencia y diáspora socialista que arranca casi imperceptiblemente, como un goteo, en los años treinta y se profundiza a partir de 1945 cuando se va cristalizando lentamente el giro que podríamos definir en algunos aspectos como pequeño burgués y súper-estructural en desmedro de políticas auténticamente obreras y de base.”

Las elecciones internas del socialismo muestran a las claras lo peor de la rosca aparatista y burocrática montada desde Santa Fe con la complicidad del radicalismo y la patria sojera.
Porque peor que el fraude es la trampa legal disfrazada de democracia, esto es la afiliación masiva de aparatos prestados que concurren a votar sin saber siquiera que están votando.
Esta práctica constituye un tiro al corazón de la democracia partidaria junto con una alarmante señal que marca los niveles de decadencia y desprecio por las ideas fundacionales del socialismo.
La conducción del PS montada en esta victoria pirrica se prepara a terminar de vaciar ideológicamente al partido de todo contenido popular y nacional.
Lo que resulta también preocupante es la falta de reflejos ideológicos, la ausencia de una eficaz metodología para interpretar la realidad y la absoluta incomprensión de la actual coyuntura nacional.

“El socialismo no se puede decretar desde arriba, no se puede construir sin protagonismo popular” (Marta Harnecker)

.

EC

LA MARCHA DE LA SOCIALDEMOCRACIA K. Por Edgardo Cataldi

Lo dijimos en el numero anterior:

“Y junto con estas medidas de coyuntura se hace indispensable el anclaje social en los sectores mas empobrecidos de los conurbanos y del campo a los efectos de combatir los bolsones duros de pobreza de manera tal de garantizar una autentica y sólida base de apoyo popular”

De la mano de la actual bonanza económica y de los indicadores macroeconómicos asistimos a una contraofensiva oficial en prácticamente todos los frentes.
Por otra parte la parálisis opositora no debe sorprendernos, es producto de sus contradicciones, su falta de propuestas y la ausencia de liderazgos creíbles.
Mientra tanto se multiplican medidas fuera y dentro del gobierno que podemos considerar positivas aunque todavía insuficientes como la asignación universal por hijo, los fallos de la justicia a favor de la ley de medios, las multitudinarias marchas populares de signo progresista, los juicios a los represores entre otros.
Asistimos también a un paulatino cambio de humor de las clases medias otrora automáticamente refractarias a cualquier medida gubernamental.
Notamos también una desmovilización de la derecha política y social que había ganado masiva y peligrosamente las calles al ritmo de cacerolas y piquetes campestres durante el 2008.
Pero queda mucho por hacer:
La pueblada de Bariloche con el saldo de tres jóvenes muertos por la represión policial junto a la movilización callejera de cierta derecha nostálgica de la mano dura nos muestra a las claras las injusticias del sistema capitalista y la atroz desigualdad social que todavía subsiste y que va a costar mucho tiempo y esfuerzo corregir.
Otra parrafada merecería el problema medio-ambiental y la escasa importancia que le presta la actual administración, actitud que no podemos compartir porque entendemos que esos reflejos “neodesarrollistas” terminan siendo contraproducentes en el mediano plazo.

EC

Dilema de resolución impostergable:
Ser el ala izquierda de la reacción
O participar dentro de un proyecto nacional y popular

Por Raúl Isman
Docente. Escritor.
Columnista del Noticiero televisivo
Señal de Noticias.
Colaborador habitual del
periódico Socialista “el Ideal”
Director de la revista
Electrónica Redacción popular.
raulisman@yahoo.com.ar

“Braden o Perón”
(Clásica frase de campaña
Ilustrando de modo casi atemporal el dilema
contenido en el título)

La frase inserta a modo de epígrafe ilustra de modo contundente las opciones que deben afrontar los hombres y mujeres puestos a desarrollar actividades políticas en la Argentina posmoderna. Por otra parte, los seres humanos- en su vida social o individual- no pueden si no aprender a través de los errores cometidos. Salvo claro que hablemos de ciertas fuerzas políticas que, una y otra vez, incurren en las mismas fallas, errores o desviaciones. Es que todos sin dudas participamos del mismo juego de ensayo y error. Pero tal vez existieran individuos que, como la perdiz, incurren sistemáticamente en las mismas equivocaciones. Pero no será a ellos que destinaremos nuestro análisis si no a ciertas configuraciones partidarias que semejan a las citadas perdices por repetir continua y sistemáticamente los mismos horrorosos errores.
El panorama político argentino sigue mostrando la centralidad política de los Kirchner condiciendo el único proceso progresista (realmente) factible. Fue el escritor argentino quien dijo- en una nota en La Nación del 14 de abril del 2010- que son la máxima izquierda tolerable en una sociedad con fuertes bolsones de reaccionarismo. Pero para despejar aún mas toda duda acerca de semejante evidencia, el poder económico- causante y beneficiario principal de las carencias y sufrimientos populares- se halla en bloque o por segmentos enfrentado con el gobierno nacional. Y muy especialmente el destacamento massmediático de los sectores poderosos que, al decir del investigador Emir Sader, constituye un verdadero ejército de ocupación en favor de las fuerzas de la reacción. Sea por medio de los misiles del bloque agrario o por acción del grupo de tareas devaluacionista todos embisten contra el modelo puesto en práctica por el matrimonio gobernante. Tal vez suene demasiado simplista, pero a nuestro entender resulta incuestionable que frente a semejante constelación de fuerzas derechosas, la única opción que cabe desarrollar a un partido, agrupación, organización social o simple militante es cerrarle el paso a la reacción. En la opinión de quien garabatea estas notas el elenco gobernante llena con creces las exigencias de un programa mínimo favorable a las fuerzas populares. Pero para quienes disienten con las aseveraciones precedentes y consideran que las perspectiva K es insuficiente no puede pasar desapercibido que el primer deber consiste en evitar que avance la derecha. Lo cual, por cierto, no se logra aliándose con los representantes políticos del poder económico concentrado. Es que de tal modo, nadie puede hacer nada mínimamente progresista para alcanzar lo que, sin dudas, falta en el proyecto gobernante en la actualidad.
Dichas estas palabras que contextualizan los ejes centrales de la actualidad argentina veremos dos modos opuestos en que se configuran y oponen las posiciones de las diversas fuerzas progresistas, nacionales, populares y de izquierdas.
La franja más acertada en su orientación impulsa una orientación consistente en acordar con el gobierno nacional y apoyar sus orientaciones más progresistas, diferenciándose de las más cuestionables y manteniendo la autonomía en la construcción política. El diputado moronense Martín Sabatella es uno de los más conocidos dirigentes en el citado bloque; en el cual también se hallan Carlos Heller, lo poco que queda en el mejor radicalismo, los sectores más lúcidos del partido Socialista o el Partido Comunista. Puede decirse que casi todo el citado espacio proviene de los grandes partidos históricos (autodenominados) obreros o de la descomposición de la U.C .R, y han sabido leer autocríticamente los errores más graves en el pasado de las citadas fuerzas. Nunca está demás decir que por causa de un errado diagnóstico del peronismo primigenio- consistente en confundir un movimiento de raigambre nacional y popular en un país periférico con el nazifascismo- el P.S y el P.C. se alejaron irremediablemente por décadas de todo mínimo contacto con los trabajadores. Es decir, las diversas fuerzas que militan en este bloque supieron hacer la autocrítica de su pasado y afirman de modo concreto que el único modo de favoreces las perspectivas nacionales y populares reside en contener los mejores logros del gobierno e ir por más; tal como ha dicho Sabatella en varias ocasiones. En la franja completamente opuesta se encuentran Proyecto Sur, la mayoría del Partido Socialista y otras fuerzas de izquierda. Este último rubro no lo comentaremos habida cuenta de su atávico raquitismo político. Es que fuerzas como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.:S.T.) no pueden aportarle al pueblo argentino absolutamente nada, salvo un poster de su dirigente Vilma Ripoll para asustar a los niños; bajo amenaza que la destemplada y vociferante enfermera les realizará un enema en caso de que se nieguen a ingerir las sopas maternas. Acerca de Proyecto Sur nos remitimos a artículos publicados con anterioridad; por ejemplo el siguiente
http://www.redaccionpopular.com/content/pino-solanas-la-incre%C3%ADble-t...
De modo que nos limitaremos en lo que resta del presente artículo a analizar brevemente la conducción socialista en manos del Senador Rubén Giustinian y del gobernador de Santa Fé, Hermes “la esfinge litoraleña” Binner, que están conduciendo al partido a la condición de rostro o barniz progresista de la coalición reaccionaria que pugna por lograr la restauración conservadora. Por cierto que aliarse con el PRO, la U.C .R., Clarín y las patronales agrario-sojeras no parece el camino adecuado para lograr el bienestar popular. Con el agregado que las deudas que el conjunto de la “oposición” mantienen con el poder económco-madiático condicionan toda posibilidad para favorecer al pueblo, en caso de ganar el gobierno en el turno 2011. De tal modo los socialistas terminan amontonados con fuerzas que presionan simultáneamente por medidas que implican fuertes inversiones estatales; al tiempo que pugnan por desfinanciar los presupuestos públicos. La irresponsabilidad e hipocresía de los citados conglomerados los lleva a impulsar una ley incremento jubilatorio; cuando fueron en el gobierno los causantes de rebajas en el magro haber de los pasivos. Es preciso dejar sola a la derecha cuando dice (De Narvaez) que los argentinos deben mantener su costumbre de alimentarse con carne, mientras son simples esbirros de las patronales agrarias; es decir, solidarios con el llamado campo. En rigor, la verdadera esencia de casi todos los conflictos entre campo y ciudad ( no sólo en la Argentina ) reside en que las cámaras patronales camperas desean vender lo más caro posible sus producciones y el interés urbano reside precisamente en lo opuesto. Nunca está demás recordar que el dirigente garca-sojero Alfredo De Angeli dijo con todas letras que el lomo debía costar 80 pesos, guarismo que por fortuna dos años después dista de haberse alcanzado en carnicerías, autoservicios y supermercados. Y sería bueno que si la oligarquía lo lograse no fuera con la complicidad de los socialistas. Varias son las preguntas que deben realizarse las fuerzas progresistas si no desean ser el mascarón de proa “izquierdista” de los más connotados enemigos del pueblo. Pero la principal reside, en nuestra opinión, en si vale la pena mantener el gobierno en la provincia de Santa Fe a costa de mantener la alianza con una fuerza putrefacta como la U.C.R., (y varios de sus subproductos) dirigida por una caterva de filibusteros políticos al servicio de los peores interese antinacionales y antipopulares. La foto de Giustiniani con los Rodriguez Saa y Chiches Duhalde no es para exhibir con orgullo en el living de la casa. O pertenecer a una coalición en la que se les da espacios mas que relevantes a archiprobados golpistas, como Ricardo Buryaile. Los modos destemplados y gorilas de Elisa Carrió sirven para alentar propósitos destituyentes, pero no ayudan a construir la unidad popular. Los vómitos lingüísticos delirantes y plenos de neoliberalismo de Margarita Stolbizer pueden ser útiles para sumar algunos sufragios en localidades pequeñas de la provincia de Buenos Aires; pero jamás aportarán para edificar un conglomerado político y social que bregue por el bienestar para los desposeídos..
De modo que queda expuesto el dilema que afrontan las fuerzas progresistas, nacionales, populares y de izquierda. Los Kirchner encabezan un proyecto interesante y que es percibido como el enemigo principal por la derecha económica, social, política, cultural y massmediática. Si no se desea sumarse al citado proyecto, la única orientación progresista reside en construir desde afuera, autónomamente, pero no en contra del gobierno nacional. Quienes, parados desde una supuesta posición progresista ahistorico y autorreferencial, ayudaren a la restauración conservadora podrán rescatar la gobernación de una provincia. Pero se aseguran al menos medio siglo de alejamiento de las necesidades y el sentir de las masas populares. Tal es el dilema que enfrentamos en las elecciones del año próximo Se pueden seguir distintos ejemplos, pero de las perdices es el menos aconsejable. R.I

porqué es necesaria una ley de servicios financieros

RICARDO LUIS PLAUL

Aunque parezca innecesario expresarlo una vez más, no toda la ciudadanía parece saber, que la dictadura cívico- militar del 76 no fue una ocurrencia de sádicos militares que pretendían tomar el poder por el poder mismo o porque venían a poner orden en el caos desatado por organizaciones guerrilleras armadas. Sólo constituyeron el brazo armado de sectores de poder económico, que formando parte de un proceso de imposición del modelo neoliberal, tenían como fundamento la promoción de una concepción del mundo individualista y competitiva, promotora de la concentración económica y la desigualdad social, cultural económica y política. Esto se asentó en cruentos niveles de violencia y autoritarismo y trajo profundos costos para las mayorías sociales en términos de desocupación y precarización del trabajo, ajustes salariales y deterioro de la salud y la educación pública.
Los sectores dominantes pusieron en marcha, a través de la apertura externa de la economía, la desregulación económica y la represión directa, un proceso de disciplinamiento de los sectores populares tendientes a recomponer la tasa de ganancias del capital y a modificar una dinámica socio-política que generaba constantes conflictos.
La política de la dictadura (es bueno recordárselos a los nostálgicos de la botas y la “seguridad”) provocó una fuerte devaluación de la moneda, el “sinceramiento” de precios y una salvaje contracción de los salarios cuya participación en el PBI pasó del 48,5% en 1974 a tan sólo 30,4% a fines de 1976.
El modelo económico basado en la producción de bienes industriales fue reemplazado por otro basado en la actividad financiera. La mal llamada “Ley” de Entidades Financieras fue uno de los pilares en los que se sustentó este nuevo modelo que junto a la entrada de artículos importados, la sobrevaluación cambiaria y el cortoplacismo financiero produjo el desmantelamiento brutal del sistema productivo nacional. Esto se tradujo en una significativa contracción del empleo, especialmente en el sector industrial.
El Movimiento Cooperativo resistió, dentro de las posibilidades reducidas de entonces esta Ley que favorecía la concentración bancaria y los intereses extranjeros. En febrero de 1977 quedó sin embargo sancionada la llamada Ley 21.526 de Entidades Financieras que prohibía a las cajas de crédito la posibilidad de operar en lo futuro con cuentas a la vista dándoles sin embargo la posibilidad de transformarse en bancos comerciales conservando su forma jurídica cooperativa. Así fue que cerradas las cajas de crédito surgieron los bancos cooperativos.
Desde entonces el Movimiento Cooperativo viene reclamando ante los sucesivos gobiernos la sanción de una nueva Ley que produzca un cambio substancial en la actividad financiera.
Durante el período hegemónico del pensamiento neoliberal de los 90 el proceso de concentración y extranjerización de los bancos se acentuó y además se gestó la actual Carta Orgánica del Banco Central que lo desvinculó del resto de los organismos decisorios de la política económica. Su misión fue restringida a preservar el valor de la moneda, como si esta función fuera independiente de los niveles de ocupación, del crecimiento del PBI, de la distribución de la riqueza o del poder de los oligopolios formadores de precios.
El Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario acaba de presentar el Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. Este Proyecto cambia radicalmente el modo de concebir la actividad financiera: se pasa de una ley para bancos a una ley pensada para los usuarios de los servicios financieros. Esta es una transformación esencial para adecuar el sistema financiero a los requerimientos de un modelo de crecimiento con equidad.
El proyecto de ley se basa en la definición de la actividad financiera como servicio público concebido a partir de las necesidades de los usuarios. Esta calificación permite que el Estado la regule y ejerza sobre las entidades la vigilancia, inspección y control, necesarios para garantizar el cumplimiento de sus finalidades sociales.
Tiene además, entre otros, los siguientes aspectos positivos:
• Fomenta la actividad en las localidades de menor desarrollo relativo del interior del país.
• Democratiza los servicios financieros estableciendo un listado de “servicios esenciales” que deberán ser ofrecidos por las entidades a los sectores de menores ingresos de la población.
• El crédito se orientará además hacia las micro, pequeñas y medianas empresas. El 38% del total de préstamos al sector privado de cada banco debe orientarse a este sector, más un 2% dedicado a los microemprendimientos.
• Se protege al usuario a través de la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central y se constituye un Departamento de Atención al Usuario de Servicios financieros en cada entidad. La Defensoría se constituirá como una segunda instancia de reclamos interpuestos por los usuarios que no hayan sido satisfechos por los bancos.
• Se encomienda al BCRA la confección de un código de Conducta de cumplimiento obligatorio para todas las entidades.
• Se crea un Régimen de Garantía de los depósitos que hoy está semiprivatizada y hay bancos que no están adheridos. Este régimen de garantía estaría garantizado por el Estado Nacional con un límite de hasta $100.000 por depositante o su equivalente en dólares.
• Ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación en el conjunto del sistema superior al 8% . Cuando alguna entidad supere ese límite el BCRA establecerá el procedimiento y plazo de regulación.
• La autorización para el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero, que actualmente otorga el BCRA, se asignan al Poder Ejecutivo. Este requisito está originado en la importancia y el impacto que pueden tener los bancos extranjeros sobre la competencia del sistema.
Esta iniciativa le presenta a la sociedad un proyecto superador para la actividad financiera como parte de una concepción humanista y solidaria de la actividad humana. Así como apoyamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como expresión de la voluntad transformadora de la política comunicacional, sostenemos que debe ser reemplazada la aún vigente Ley de la dictadura, por un instrumento que contribuya a la construcción de un modelo económico, social, político y cultural que profundice la democratización de la riqueza y la participación.

Comisión de Asociados del Banco Credicoop, filial Remedios de Escalada

Reflexiones
Escribe : Graciela Dubrez

El 24 de Junio en la Facultad de Derecho se dio un debate (de los tantos que se organizan últimamente) sobre Salud mental, familia y Adicciones.
“Si algo resultó revelador ayer en la charla inaugural de las Jornadas Internacionales sobre Salud Mental, Familia y Adicciones fue la importancia de las transgresiones a los derechos humanos por omisión. Sobre este tema disertó Itzhak Levav, asesor en la materia del Ministerio de Salud israelí, quien informó que en diez provincias argentinas se dedica sólo el 3 por ciento del presupuesto para el área de salud mental. En la carga de enfermedades, este porcentaje debería triplicarse según las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, coorganizadora de la jornada realizada en la Facultad de Derecho de la UBA. Hay otra omisión, la categoría de “usuario de drogas”, distinta de la de consumidor problemático: menos del 5 por ciento de los pedidos de internación vía judicial corresponden a casos de dependencia a una o más sustancias. En las mesas de debate en el Salón Azul de la facultad se reflexionó sobre “Internaciones y derechos humanos” y “Etica y política de salud”. El punto de partida fueron tres fallos de la actual Corte Suprema de la Nación: R.M.J., Tufano, y Arriola. Los dos primeros versan sobre los derechos de las personas internadas coactivamente por problemas de salud mental, el último es el que declaró inconstitucional penar la tenencia de drogas para uso personal en agosto del año pasado”.“El Derecho Civil sigue gobernando la vida de personas con problemas mentales, que necesitan ayuda médica y cuyos derechos humanos son violados constantemente porque no son culpables de delitos, pero se los encierra hasta que demuestren estar sanos”, explicó la decana de la facultad, Mónica Pinto. Luego criticó el modelo tutelar judicial porque “muchas veces, cuando se trata de personas en un estado de vulnerabilidad, esto deriva en la medicalización de los problemas sociales”.
El cielo (es una forma de decir) nos ampare del pensamiento progresista. A ver si lo puedo expresar mejor: cierto tipo de sistema de ideas, creen que libertad es arrojar a las personas al garete. En nombre del libre albedrío se los arroja a la nada. Las personas con padecimientos mentales tienen derechos: el primero de ellos es que se los atienda acorde con su dignidad de persona humana. La justicia es el último bastión al que recurren los familiares de los padecientes en un intento de protección y cuidado. Que haya habido abusos o que los haya no justifica en ningún caso, renunciar al derecho de cuidado y obligación del mismo. En lugar de retirarse la administración de justicia del conflicto, deberá involucrarse más. ¿Quién sino un médico debería atender a un esquizofrénico, sicótico paranoico u otras patologías graves?, el apoyo de la psicoterapia (que dicho sea de paso escasea para los pobres o es de mala calidad) es un recurso paralelo para tratar a las personas con padecimientos mentales. El derecho civil y en no pocos casos el penal sigue gobernando la vida de las personas con o sin padecimientos mentales. Sin la ley todos somos tan vulnerables que la especie no tardaría en extinguirse. Aunar pobreza y enfermedad mental es la peor condición social que puede tener alguien. Que arbitremos las medidas necesarias para evitar los abusos (comités de bioética por ejemplo) no implica borrar institutos legales que son una herramienta para mejorar las vidas de esas personas, que dijo sea de paso se las puede observar en ciertas ciudades del “primer mundo” libradas a su suerte y causándose daño y lastimando a otros, para empezar a su familia que observa con dolor como el empobrecimiento mental de sus parientes los aleja afectivamente y en no pocos casos causan estragos económicos y físicos.
“un representante de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, Antonio Pagés, quien resaltó “el derecho a la inclusión social de la persona” que tiene problemas mentales o de adicciones. Para este representante, existe “un vacío importante” a nivel político, cultural y científico “sobre los factores sociales y ambientales que determinan gran parte de la salud mental de las personas”. Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas sobre Drogas, criticó la visión que considera al usuario de drogas como un “adicto-traficante” y pidió encarar un “modelo social” en el abordaje de estas cuestiones “abandonando definitivamente el modelo tutelar””.
Los que trabajamos en “el terreno” sabemos perfectamente que la inclusión social es un problema del 25% de nuestra población. Sino basta ir a las barriadas pobres (mal llamadas villas de emergencia, que dicho sea de paso “de emergencia” nada, ya tenemos cuatro generaciones que nacen, viven, se reproducen y mueren en esos hábitat) para saber con prístina claridad qué es realmente la exclusión social. Sólo cuando retorna tanta desidia por los prójimos en violencia o perturbación del orden burgués es cuando se organizan charlas, mesas redondas, cuadradas y de todo tipo para desasnarse de cómo debería ser la política de Estado. Los socialistas organizamos un partido político hace 114 años para luchar en contra de estas miserias que el orden burgués deja como lastre: la indignidad a la que se reduce la condición humana. Tenemos una cuenta pendiente que saldar. En lugar de estar en el papel de contestarios estériles de las políticas públicas del oficialismo de turno, deberíamos redoblar la apuesta. En lugar de ir a la cola de las mediocres propuesta de ciertos elementos de la oposición de coyuntura deberíamos recurrir a nuestras fuentes. Hoy cobran más vigor que nunca los estudios de J. B. Justo y Alfredo Palacios acerca de la reducción a servidumbre del trabajador y la ignomia de las condiciones de vida de los más vulnerables de la sociedad. Los cortés no quita lo valiente: si es cierto que las provincias destinan sólo un 3% de su presupuesto en salud mental, debemos pensar que: ni es poco ni es mucho todo es cuestión de medida. Si ese 3% fuera al trabajo de campo (atención de los padecientes mentales) no estaría mal porque lo que haya que hacer en acción social corresponde al rubro de esa nominación en el presupuesto, pero resulta que ese 3% se va en burocracia y lo que baja al campo es un exiguo resto para pagar magros sueldos a los escasos profesionales. No podemos pensar en presupuestos de Suecia cuando no tenemos resuelto en mínima forma la infraestructura sanitaria ni el hábitat de los ciudadanos. Debemos reflexionar y no dejarnos tentar por la importamanía, vale decir la manía de importar mecánicamente modelos.
G.D

“Vulneración de derechos de madres e hijos privados de su libertad” (III)
Por Luma Cijó.

La ley 24.660
“…La permanencia de mujeres que conviven con sus hijos en unidades carcelarias pertenecientes del Servicio Penitenciario Bonaerense fue posibilitada por la resolución N° 129 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cual la provincia adhiere a la ley de Ejecución Nacional (24.660) que habilita a las madres a convivir con sus hijos dentro de la cárcel hasta que estos cumplen la edad de 4 años.”

Como ya se ha mencionado anteriormente la ley 24.660 surge como respuesta a la protesta de las madres frente a la falta de privacidad de las mismas para con sus hijos.
Dicha ley determina:
“ARTICULO 195. — La interna podrá retener consigo a sus hijos menores de cuatro años. Cuando se encuentre justificado, se organizará un jardín maternal a cargo de personal calificado.
ARTICULO 196. — Al cumplirse la edad fijada en el artículo anterior, si el progenitor no estuviere en condiciones de hacerse cargo del hijo, la administración penitenciaria dará intervención a la autoridad judicial o administrativa que corresponda.”

La oficialización del resguardo del vínculo materno efectuado por medio de la ley retoma la importancia de que el niño permanezca con su madre durante los primeros cuatro años de su vida, ya que es fundamental para su desarrollo social como individuo.
Destacan los especialistas en Salud Pública y Salud Mental que el vínculo temprano entre madre e hijo es esencial para el resto de la vida.
Dice el Dr. Horacio Barredo: “Nuestro desarrollo como seres humanos se da en el seno de redes vinculares que nos van constituyendo como sujetos. De todos los vínculos el más importante es el que el bebé tiene con sus padres, en especial con su madre. Ha sido un aporte fundamental del psicoanálisis y de otras disciplinas como la psicopedagogía haber establecido que los primeros años de vida mental del niño son decisivos para la salud mental del adulto.”
Al vínculo se lo considera una ligadura estable. El parto inicia el vínculo de la madre con su hijo fuera del vientre, ella cumplirá la función de mediadora entre su hijo y la cultura adjudicándole los signos que le permitan apropiarse de la misma. Por lo tanto la madre es el primer agente socializador. El proceso de socialización consiste en la adquisición de hábitos, normas y valores característicos de la cultura donde debe insertarse el individuo con el objetivo de conseguir la adaptación social.
La toma de conciencia de la distorsión que padecía el ámbito de crianza del niño al interior de la cárcel, junto a los reclamos de las mujeres motivaron la sanción y promulgación de la ley 24.660; mediante la cual se crearon unidades especiales para albergar y resguardar al niño con su madre.
Sin embargo a pesar del interés de reivindicar la necesidad de vínculo la permanencia de los niños junto a sus madres genera una situación sumamente compleja
.”…El Estado debe garantizarles el pleno goce y acceso a sus derechos fundamentales a un lugar de detención que no solo no esta planificado para alojar niños sino que además no ha establecido regímenes diferenciadores para el tratamiento de niños que sin padecer conflicto con la ley conviven en unidades carcelarias con mujeres detenidas.”

Pero por otro lado, también se cuestiona el hecho de que ese vínculo no termina dando los frutos esperados. Ya que el entorno de crianza de un niño en prisión es pobre en estímulos. Las cárceles, en su diseño, no están preparadas para abordar correctamente la problemática. Por eso podemos pensar a los niños en prisión -con sus madres- como a una población en riesgo. La crianza dentro de este contexto produce que se tome al encierro como única forma de vida. No pasa por su mente el afuera, no saben lo que significa la palabra “afuera”, todo lo que conocen del mundo es la cárcel. Viven desde que nacieron o desde que sus madres cayeron presas tras las rejas, son niños menores de 5 años, desde sus comienzos ya institucionalizados.
Es aquí donde se da la vulnerabilidad de sus derechos. Según la Convención sobre los Derechos de los Niños, los mismos deben:
“gozar de una protección especial, la cual les posibilitara desarrollarse física, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. También debe gozar de seguridad social, se les deberá proporcionar tanto al niño como a su madre cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. Deberá disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.”
Para el pleno desarrollo de su personalidad debe crecer en una ambiente de amor y comprensión, como así también de afecto y de seguridad moral y material. Las etapas del ciclo vital no son etapas que se van dejando atrás, son etapas que uno va llevando como huellas, como marcas organizadoras y estructurantes de lo que uno es.
La limitación de su mundo remite al niño a un ambiente pobre en estímulos, ya sea proveniente de la falta de imágenes masculinas, o de la escasez de los recursos materiales a los que están expuestos.
¨…No es un niño normal: es un niño institucionalizado, ya que la vida de los chicos en la cárcel sigue la estricta rutina del Sistema Penitenciario. No pueden vestir de ciertos colores: nada de azul, de celeste, negro o gris, por el riesgo de que esos colores se confundan con los uniformes de las agentes penitenciarias. No pueden tener espejos ni jugar con sogas, ni siquiera pueden usar un sacapuntas. Y el día se termina a las siete de la tarde, cuando tienen que volver a la celda. Es un entorno monótono desde el punto de vista sensorial: el color, los objetos, los sonidos, los olores...”
No se puede afirmar que desde su nacimiento el niño esté sometido a situaciones que resultan insostenibles, no aptas para un desarrollo, pero si se puede decir que las condiciones en los penales de la Provincia de Buenos Aires no son las mejores para ese lapso de tiempo inicial de la vida de un niño, más aún si tomamos en cuenta que estas instituciones no han adaptado su infraestructura y que sus programas de alimentación, salud y educación no satisfacen las necesidades básicas de madres y niños en los penales.
Estas deficiencias del sistema llevan a pensar en la vulnerabilidad de los derechos, no solo de los niños, sino también en los de la madre. Esto hace que la población de madres y niños en el Sistema Penitenciario sea una población en riesgo.
Di Croce Garay, Carla; Seminario El niño en los procesos judiciales. Problemática de los hijos de mujeres privadas de libertad. Buenos Aires, 2008

L. C

Informe: Observatorio Internacional de Prisiones
Enviado por Graciela Dubrez
Segunda parte:
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL SISTEMA PENAL ARGENTINO DURANTE EL AÑO 2009

SITUACIÓN DE LOS ADULTOS EN EL SISTEMA PENAL
1. Sistema penitenciario federal

Como quedó expresado al comienzo del presente informe el OIP continua sin poder ingresar a las cárceles del sistema federal. Hemos solicitado al Defensor del Pueblo de la Nación que abra una actuación (Nº 5963/09) a fin de que sea elevada luego a la Comisión bicameral del Defensor del pueblo. Las condiciones de detención en esos establecimientos no sólo no han experimentado mejora alguna, sino que además se produjeron hechos de violencia inusitados e intentos de quitar beneficios que constituyen una conquista social largamente anhelada como lo es los estudios universitarios. En efecto, por primera vez en 180 años de existencia, el Rectorado de la UBA (Universidad de Buenos Aires) ha tenido que presentar un amparo para poder ejercer la docencia. Primero se trasladaron de la U2 (Devoto) a los internos estudiantes y luego se les impidió el ingreso a los docentes. Cuando la situación tomó estado público y el reproche se hizo sentir, la medida se retrotrajo sin que la justicia se expidiera sobre el tema.
Los hechos de corrupción dentro del sistema federal se suceden sin que desde el ministerio de justicia de la Nación se adviertan signos de tomar precauciones para prevenirlos tal como es de esperarse . Por otra parte es llamativo que el actual director del SPF (Servicio penitenciario federal) haya nombrado como director de la U2 (Villa Devoto) a Hugo Sbardella, conocido como "El Carnicero", fue acusado de dejar ciego a golpes a un preso en 1998. La causa penal prescribió tras un "sorpresivo" cambio de carátula que trasmutó la acusación de lesiones gravísimas al benévolo "exceso en la legítima defensa". Sin embargo, el CELS (Centro de estudios legales y sociales), la Procuración Penitenciaria y varias ONGs consideraron inadmisible el nombramiento de alguien con esos antecedentes y lo denunciaron públicamente. Luego de las críticas recibidas tuvo que retrotraer la medida. Pero sólo temporalmente. Así, inventó la región Noroeste en la órbita del SPF y ahí lo designó nuevamente a Sbardella. El director del SPF negó la entrada a la cárcel al embajador de Francia Frederik du Laurens, a abogados de la propia Procuración y hasta jueces de la Nación. Otro hecho similar se originó cuando el diputado Juan Carlos Gioja, titular de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y el profesor Sergio Torres, integrante de la cátedra del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, organizaron una gran donación de libros que ellos mismos entregarían en el U2. Asimismo, impugnó una investigación de los sociólogos Alcira Daroqui y Carlos Motto donde se estableció un sinnúmero de torturas y sevicias perpetradas por los hombres del SPF "porque está hecha sobre una encuesta anónima". Curiosamente ignora que: salvo excepciones, TODAS las encuestas son anónimas. Por otra parte, ofrecerle en bandeja los nombres de los que se animaron a hablar hubiera significado ponerlos en serio riesgo. Al mismo tiempo, ha descalificado las cifras de muertes dudosas y/o violentas que brinda el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos en sitios de encierro "porque son recogidas de los diarios". Es obvio que si las organizaciones de la sociedad civil pudieran acceder a los datos estadísticos sin impedimento alguno, no sería necesario tomar los que proporciona los medios que por otra parte pueden ser sólo algunos de los que los hechos que ocurren efectivamente. Los casos que tomamos conocimiento en forma directa son:
El interno Claudio Ariel Montenegro -D.N.I. 23.138.053- alojado actualmente en el Instituto de Seguridad y Resolización (U6) de Rawson, pidió ayuda y auxilio por torturas, maltrato y abuso sexual por parte del personal del Servicio penitenciario federal y porque su vida corría peligro de muerte. Tal petición se debió a que padeció apremios ilegales entre el 29 y 30 de octubre de 2008 en dicha unidad. El OIP giró los antecedentes del caso al Equipo Nizkor, quienes solicitaron al Sr. Ministro de Justicia, seguridad y DD.HH. que intervenga para garantizar la vida del interno. El Sr. Ministro envió un extenso fax (8 de enero de 2009) donde daba cuenta de las actuaciones médicas que al parecer desmentían los dichos del interno. Sin embargo entre los especialistas que atendieron al Sr. Montenegro no figuraba quién efectivamente podría haber dado cuenta de la veracidad o no de los dichos: un médico legista o forense.
Silvia Nicodemo (hacía poco más de un año y medio que estaba presa, pero desde hacía más o menos tres meses había llegado a una celda individual, al fondo del pabellón 8 de la unidad Nº 3), sus compañeras la encontraron ahorcada, pasadas las 5 del domingo 22 de febrero. “Estaba colgada de un lugar al que, por lo alto, ella no podía acceder. Estaba viva. Movía las manos y las piernas y apretaba bien los dientes, me contaron. Alcanzaron a bajarla, pero se murió en los brazos de una de ellas, que supongo que fue la que me llamó esa misma mañana”, relató la mamá de la joven.
A mediados del mes de Marzo de 2009 la señora Roxana Inés Galván solicitó urgente resguardo y protección para su hermano Ariel Eugenio Galván, alojado en la Unidad 9 de Neuquén a disposición del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 1 a cargo del Dr. Sergio Delgado, reclamando que cesara el trato cruel y degradante y las sistemáticas agresiones físicas producidas por el personal penitenciario de la requisa y manifestando "temer" por la vida del interno. En razón de ello solicitaba su traslado a alguna de las penitenciarías federales de la Capital Federal o del conurbano bonaerense. Al respecto se realizaron distintas gestiones que produjeron la decisión de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal de trasladarlo a la prisión federal de máxima seguridad de Rawson (sobre la que obran antecedentes cercanos de graves violaciones a los DHH de los allí detenidos). El día 20 de Abril el interno pidió auxilio desesperado manifestando que ante "la ratificación de la denuncia" realizada en sede judicial federal de Neuquén, el Director de la Unidad 9 personalmente lo había amenazado.
La carta “abierta” que hizo llegar una interna de la U3 (Ezeiza) mujeres, a las organizaciones de DD.HH. pone en evidencia el grado de malos tratos que sufren las detenidas

El día 11 de junio la Sra. Luján Benítez nos informa que ha hecho presentaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Procuración Penitenciaria Nacional la Dra. Benítez concubina del señor Claudio Alejandro Córdoba, quien por disposición del Juzgado de Instrucción Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, se encontraba detenido en el Módulo 6, Pabellón A, Celda Nº 3 del Complejo Federal Nº 1 de Ezeiza, perteneciente al Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, presenta las siguiente denuncia: 1.- El señor Córdoba que se encuentra actualmente bajo prisión preventiva, manifiesta que viene "sufriendo todo tipo de abusos por parte del personal penitenciario de requisa"...., que su vida "constantemente corre peligro", que en distintas situaciones dichos hechos fueron denunciados ante el Juez Pella del Juzgado de Instrucción Federal Nº 2 de Lomas de Zamora..., que encontrándose en RIF (resguardo judicial) fue varias veces "golpeado", de las que quedaron signos visible y "marcas" y que todo ello fueron "comprobados por el médico forense en varias oportunidades"..., y que el Juez y los Secretarios lo único que hacen es tomarle declaraciones "y me vuelven a la misma unidad que denuncié, haciendo un total abandono de persona"..., que temiendo por su vida ha pedido traslado al ámbito bonaerense "y me dicen que no hay cupo"..., además "tengo que estar sufriendo tormentos sicológicos, abusos de autoridad, maltratos y maltratos a mi familia" 2.- La señora Benítez manifiesta que el 10 de diciembre de 2009 "no la dejaron ingresar con sus hijas de 15 días y 1 año y un mes, respectivamente y que luego cuando volvió con la otra hija de cinco años, tampoco la dejaron entrar, aduciendo a que no están de acuerdo con el ingreso de menores. La señora Benítez señala que tras regresar sola a la visita tampoco se lo permitieron. Cuando regresó a su casa recibió un llamado de los compañeros de pabellón del interno Córdoba en donde le manifiestan que su concubino "se encontraba golpeado y sin poder realizar llamadas"..., esos mismos compañeros de pabellón le manifestaron que haga todo lo posible porque lo trasladen a otra penitenciaria. Las denuncias judiciales de las torturas que le habría practicado el personal penitenciario del Complejo Federal Nº 1 de Ezeiza, fueron realizadas por personalmente y presentadas posteriormente por el Procurador Penitenciario una vez verificadas por informe médico, manifestó el interno que es objeto de persecución de penal en penal y, "ahora sabe que lo van a matar para impedir que declare" y pide e implora "por ayuda, defensa y traslado con resguardo de vida".
2. Provincia de Buenos Aires
A la situación de la Prov. de Buenos Aires nos hemos referido en profundidad en nuestro informe del año 2008 y no ha variado, por el contrario: las actitudes erráticas e improvisadas en materia de política criminal (respetuosa de los DD.HH.), se ha incrementado. En efecto, el gobierno de la Prov. no ha dudado en impulsar leyes inconstitucionales como el decreto PBA nº 578/2009. Registro de condenados por delitos contra la integridad sexual. Ley nº 13.869. El art. 31 de la Constitución Nacional dice que las leyes nacionales junto con la constitución y los tratados son la ley suprema de la Nación y las autoridades de Provincia deben someterse a ella cualesquiera sean las disposiciones de las constituciones provinciales y las leyes locales. El art. 51 del Código Penal prohíbe expresamente lo que dispone la ley provincial reglamentada por Scioli. Sin embargo, la arrogancia de los legisladores de la Provincia de Buenos Aires que sistemáticamente pretenden avanzar sobre la esfera de competencia del Congreso Nacional ha permitido este hecho que deberá oportunamente rever el Superior Tribunal de la Prov. A los hechos de corrupción denunciados y de público conocimiento se suma la crispación que produce en la opinión ciudadana el discurso gubernamental de “tolerancia cero” que al parecer es escuchado por algunos magistrados en clara violación de las garantías constitucionales . La remanida frase (de neto corte autoritario) que: las organizaciones de DD.HH. defendemos los DD.HH. de los delincuentes que “entran por una puerta y salen por otra” pone en evidencia no sólo una supina ignorancia con respecto a las garantías constitucionales, sino que además pretenden deshumanizar a quienes están en conflicto con la ley penal. En efecto, tenemos que dejar de lado definitivamente el prejuicio que convierte toda preocupación por los derechos de los detenidos en un insulto o una ofensa hacia las víctimas: si hablamos de los derechos de alguien (y los detenidos, como personas, tienen derechos), entonces nadie debería ofenderse. Las denuncias sobre malos tratos que intentan realizar los detenidos en algunas ocasiones son trabadas por la misma administración judicial que debería garantizar la integridad física y los derechos de los detenidos. Así tenemos el siguiente caso: la defensora oficial Florencia Barrera solicitó un habeas corpus para su defendido J.C. Genta alojado en la U3, San Nicolás. El juez Luciano ordenó que la audiencia se realizara delante de un guardia del mismo servicio. El preso fue maltratado e internado en un hospital . Varias formas de malos tratos incluyen a los traslados de un sitio a otro. Tenemos el caso de Oscar Chaparro, con condena previa, fue trasladado por la policía Bonaerense desde la 1ª de Avellaneda hasta Coronel Dorrego, cerca de Bahía Blanca. El viaje duró un día, sin agua, sin comida y sin aire. Lo encontraron muerto cuando abrieron la puerta al llegar a destino . Las denuncias realizadas por Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución penal del partido de San Martín, sobre corrupción en el sistema penitenciario de la Prov. de Buenos Aires, corren serio riesgo de caer en un laberinto administrativo con destino incierto. En efecto, La denuncia que Casolati tradujo al lenguaje judicial tenía rostros, nombres y apellidos concretos: familiares de detenidos en las unidades 46, 47 y 48 de Camino del Buen Ayre y De Benedetti declararon ante el secretario sobre la circulación cada vez mayor de drogas, alcohol y “facas” ( dagas punzo cortantes de fabricación casera en los penales) a esto se debería el “marcado clima de violencia” denunciado por los familiares, casos como el del interno Ferreira (Pabellón 3, Unidad 46), herido con 35 puntazos en miembros inferiores, o el de Letieri Lártiga, a punto de perder la vida a manos de otro interno . El expediente avanza con extrema lentitud en la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas Nº 9, a cargo de Edgardo Ledesma. Recién hace algunos días se enviaron las citaciones para los testigos propuestos en noviembre por Casolati. La tormenta penitenciaria, sin embargo, insiste en alterar la burocrática paz de los juzgados: a las 20.15 hs. del 12 de •Enero Lidia del Pilar Santamaría Quintana, peruana, declaró ante el Ministerio Público que agentes del Servicio Penitenciario bonaerense presionaban a su marido, detenido en la U47 (uno de los penales citados en la denuncia de Casolati) para que asesinara a otros internos a cambio de ciertos favores: drogas para consumir y vender, zonas liberadas y visitas a gusto. Juan Ramón Jiménez Bogado, esposo de Lidia, lleva siete años detenido en San Martín con una condena no firme por el delito de secuestro . Los vericuetos judiciales llevaron la causa a la fiscal adjunta de la UFI Nº 9, Diana Paula Mayko, que solicitó otro allanamiento del penal el 5 de febrero "mientras una parte de la delegación judicial se dirigía al casino de oficiales encontraron a uno de los guardias que transportaba una zorra con 38 elementos punzo cortantes: arpones, cuchillos y “facas” de fabricación casera, algunos de estos elementos envueltos en tela y muy mojados". El guardia Di Rocco dijo que esos elementos habían sido secuestrados, casualmente, la noche anterior. Y que estaban en un depósito que luego revisaron los fiscales, extrañados porque en ninguna parte había humedad ni agua, pero todas las armas estaban mojadas. La fiscal Mayko resolvió archivar la causa de la U47 con el eufemismo de "faltas administrativas" e imposibilidad de probar la extorsión. La primera parte de esta causa que nunca se unificó, instruida por Casolati, sigue todavía firme.
Un grupo de detenidas de la unidad 33 (29 de Abril), algunas embarazadas y otras con hijos pequeños que viven con ellas, realizaron un motín luego de que un bebé naciera muerto en prisión, siendo reprimidas con balas de goma y gases, quedando con heridas de distinto tipo 16 de ellas. La represión fue realizada por el grupo antimotines, participando cerca de mil efectivos, que las maltrataron aun cuando había finalizado el motín y se encontraban tendidas en el piso. Los 4 pabellones que alojan a las embarazadas y a las que viven con sus hijos está superpoblado (107 internas) y carecen de la atención médica adecuada, motivo por el cual denuncian que la muerte del bebé se debió a dichos descuidos. El 26 de mayo tomamos conocimiento de los reclamos de detenidos y familiares de los mismos sobre la situación alimentaría en el Penal de Florencio Varela. Pese a las suculentas sumas, que el estado dice invertir en la manutención de los detenidos, estos, privados de toda posibilidad de reclamo y sus familiares denuncian las enormes carencias alimentarías que están sufriendo todos los internos. Esta situación estaría poniendo en serio riesgo la salud, de todas estas personas, quienes, como sabemos, provienen en su mayoría, de familias sin recursos para poder palear esta situación. El 26 de Septiembre tomamos conocimiento de los hechos denunciados por Carlos Maidana, el integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense que fue sometido a una “bienvenida carcelaria” grabada por sus compañeros de fuerza en la unidad de Melchor Romero, provincia de Buenos Aires. Estas personas, encargadas de la seguridad de la cárcel, le impusieron aquellas vejaciones con las que están acostumbrados a castigar los cuerpos de los detenidos. La repercusión de estas imágenes nos coloca frente a una triste oportunidad para hacer visible lo que se pretende silenciar: situaciones de violencia que, en la mayoría de los casos, son rutinizadas y negadas por funcionarios políticos y por jueces, fiscales y defensores.

3. Provincia de Corrientes
El asesinato de Ramón Arapí, acaecido el 20 de diciembre del 2001durante las protestas sociales que agitaron a todo el país, se comenzó a discutir en juicio oral y público en Mayo de 2009 y pone en evidencia la dudosa solvencia institucional de la administración de justicia provincial. El Fiscal (Dr. Gustavo Smith) confundiendo su rol y actuando como el mejor defensor de los imputados, y la magistrada (Dra. Gabriela Aromi de Somers), dando lugar a un recurso amañado, absolutamente antijurídico que atenta contra los derechos de las víctimas, como sostiene la querella. En efecto, el fiscal habría actuado como el mejor defensor de los uniformados, solicitando que "caiga" el debate oral (con esos términos) lejos de cualquier terminología jurídica apropiada. El Tribunal entendió que el Fiscal quería que "caiga" el Requerimiento Fiscal y el Auto de Elevación a Juicio, y pese a la extemporaneidad del planteo y en una expeditiva deliberación, decidieron hacer lugar al confuso planteo negándole a la familia Arapí la posibilidad de tener al menos justicia en el corto plazo. Existen en la causa un cúmulo de pruebas que identifican claramente a los autores del hecho como integrantes de la comisión policial de la Comisaría XIII del barrio Pirayuí que actuó en los hechos, lo que llevaría a una condena a los imputados. Tanto el fiscal como la presidenta del tribunal prefirieron reenviar la causa a Instrucción. El Dr. Vigay, letrado de la familia Arapí, le recriminó su actuación a la Dra. Aromí no solo en éste caso, sino también en la instrucción de la "Causa Arce", donde se investiga el homicidio de "Monchito" Arce, dirigente político asesinado a golpes por la policía frente a sus vecinos y familiares. El 12 de Mayo, después de casi 72 horas de ocurrido el hallazgo sin vida del interno Dante Alejandro Vázquez a orillas del Paraná lejos de su celda en la granja Yatay, donde funciona la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Corrientes, el propio jefe del Servicio Penitenciario Provincial Miguel Ángel Domínguez, confirmó que el preso fue asesinado por estrangulamiento y no murió a causa de un paro cardiorrespiratorio como fuentes oficiales intentaron hacer creer .
En el mes de Septiembre los internos de la Unidad 6 de San Cayetano, Prov. de Corrientes, a través de sus familiares, hacen llegar una carta a Walter Insaurralde, sostienen que siguen padeciendo "malos tratos" y "pésimas" condiciones de higiene. Además remarcan que "hay privilegios" para "internos que venden droga". “Queremos denunciar públicamente a los cargos del régimen penitenciario de la unidad Penal N 6, José de San Martín”, comienza el documento. "Somos continuamente vapuleados, no dignos de una simple audiencia y tratados como animales”, señalan “Estamos mal alimentados y sin posibilidad alguna de que nuestros familiares ingresen alimentos. Las visitas son requisadas profundamente” agregan: Hay “internos VIP como Miguel Ángel Rodríguez que evaden requisas e ingresan y distribuyen todo tipo de drogas farmacéutica y marihuana”. Denuncian "un arreglo con la seguridad interna". Los internos piden que "se terminen las colas de hasta 5 horas de espera" para que sus familiares los visiten, “hablamos de personas de edad y embarazadas", dicen. "Y cuando logran pasar vuelven a esperar para ser requisadas", cuando "hay cinco personas mientras sólo dos cumplen funciones vuelven a esperar para ser requisadas", cuando "hay cinco personas mientras sólo dos cumplen funciones" Es de señalar que la Prov. de Corrientes no ha mejorado la formación de los agentes penitenciarios, quienes carecen de los elementales conocimientos requeridos en materia de DD.HH. para desempeñar con idoneidad la función socializadora que indica nuestras leyes.
La corrupción en el sistema penitenciario de la Prov. produce hechos como el siguiente: Acusan a guardia cárceles de traficar drogas en un penal correntino. Un informe presentado ante el Ministerio de Gobierno y Justicia provincial asegura que hay una "mafia" que vende drogas y deja pasar armas en el Penal 1 el más importante de esa
provincia. El interventor Miguel Ángel Domínguez solicitó que al menos 15
agentes penitenciarios sean dados de baja, y el propio Ministerio avala y
asegura que la investigación está bien encaminada. En un primer momento se mencionaba que al menos tres oficiales y dos agentes del Servicio Penitenciario provincial serían dados de baja, tras haber quedado acusados en una causa por tráfico de drogas y suministro de armas para los detenidos en la Unidad Penitenciaria 1. Los medios correntinos, citando el informe, describen la existencia de una
"mafia interna" que desde hace años maneja los hilos en los distintos
penales. Las acusaciones se basarían en los testimonios de las autoridades de las distintas cárceles, personal subalterno y de los propios presos. La mayoría de las declaraciones identifica a los mismos oficiales como "cabezas de una organización encargada del suministro de drogas, armas blancas, todo a cambio de importantes sumas de dinero" , "Se sancionó a un grupo de oficiales, no a todos. Ahora elevamos las disposiciones al ejecutivo y al ministerio de Gobierno para qué tome parte -dijo Domínguez-. A pesar de la intervención,el tráfico de drogas continúa
siendo uno de los mayores problemas internos en la Unidad Penitenciaria 1,
aunque con el avance de las investigaciones, las requisas recuperan cada vez menos estupefacientes y armas". La investigación comenzó tras una masacre ocurrida en el penal 1, el 19 de marzo de 2007. Tres presos fueron brutalmente asesinados a tiros y hachazos en uno de los pabellones tras un motín.El Penal 1 de Corrientes tiene lugar para 180 presos, pero en este momento albergaría a unos 500 detenidos.
4. Provincia de Mendoza

La Asociación Xumeck en su informe 2009 realiza un cuadro comparativo sobre el hacinamiento carcelario que resulta por demás ilustrativo sobre la errática política que sobre el tema sostiene el gobierno provincial. Así tenemos que en la penitenciaria de Boulogne Sur Mer la capacidad de alojamiento es de 450 internos y aloja actualmente a 936, teniendo un déficit de 486 plazas. El establecimiento Almafuerte aloja a 642 reclusos y tiene capacidad para 420 mostrando un déficit de 222 plazas. La cárcel de San Rafael aloja a 384 internos y tiene capacidad para 339 con un déficit de 45 plazas. No sólo la precariedad en las condiciones de detención de los internos alojados en los establecimientos penitenciarios de Mendoza continúa siendo preocupante (debido a las deficiencias edilicias y a la escasez de recursos humanos suficientemente capacitados), sino que además el hacinamiento subsiste en la mayoría de las unidades. Podemos aseverar que (tomando el sistema en su conjunto) el déficit de alojamiento ronda en las 615 plazas. En lo que atañe a las muertes violentas, también encontramos un incremento en relación al año anterior, durante el presente se ha podido observar un incremento significativo en las muertes acaecidas en los establecimientos penitenciarios de Boulogne Sur Mer y Almafuerte. Según la crónica periodística, durante 2009, al menos 13 internos murieron de forma violenta en diferentes lugares de detención en la provincia, de los cuales 8 fueron reportados como suicidios y 6 como homicidios .
El Capellán Mayor del Servicio Penitenciario Provincial, Padre Roberto Juárez, expresó así su preocupación por esta gran cantidad de muertes violentas en los establecimientos penitenciarios de la provincia: “hace tiempo vengo advirtiendo a las autoridades de que esa metodología no es conducente. Es alarmante que un interno pase 20 de las 24 horas del día encerrado y solo en una celda, sin ninguna actividad que hacer. “Una situación de encierro a lo largo de tanto tiempo y sin nada que hacer, a cualquier persona la quiebra y a los más débiles, los tienta al suicidio, indudablemente. Tampoco sirve para que cuando salgan a la sociedad sean personas distintas, por lo que espero que se cambie esta metodología en la cárcel de Mendoza”.
Retardo en el acuerdo de solución amistoso: la legislatura de Mendoza y el Poder Ejecutivo continúan demorando injustificadamente las acciones que debe cumplimentar con vistas a concretar un Acuerdo de Solución Amistosa en el Caso caratulado “Internos Penitenciaría de Mendoza vs. Argentina”, que tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (P-1231/04) y fue declarado admisible mediante Informe nº 70/058, por presunta violación a los artículos 1.1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

5. Provincia de Misiones

La Prov. de Misiones no escapa a las mismas fallas que se evidencian en los demás sistemas penitenciarios provinciales, aunque es alentador constatar que hay cierto grado de receptividad positiva en las autoridades del área gubernamental a cargo de las relaciones institucionales. En efecto, el OIP estuvo de visita durante el mes de julio en la localidad del El Dorado y tomó conocimiento que un interno alojado en la penitenciaria Nº 1 de Loreto había escrito un libro (“Detrás de las Murallas”) y que no había logrado su publicación hasta el momento. El 7 de Septiembre el OIP envió una nota al Sr. Subsecretario de Coordinación institucional Dr. Carlos Marcelo Perié interesándolo sobre el tema. El 14 de Noviembre recibimos la invitación a la presentación del libro que se realizó el día 17 en la Facultad de ciencias forestales con un debate sobre la vida intramuros. Este gesto pone en evidencia que un trabajo mancomunado entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades resulta positivo para la socialización de los internos.

6. Provincia de Santa Fe

La Prov. de Santa Fe continua con serias dificultades para llevar adelante una política penitenciaria acorde con la vigencia de los DD.HH. en las institucionales de encierro. Si bien podemos contabilizar como un avance la desarticulación del pabellón denominado “el corralito” (en la cárcel de Coronda) donde los internos con padecimientos mentales estaban en condiciones atroces (que oportunamente informamos), aún no se ha solucionado temas de fondo tales como: formación acorde con los preceptos constitucionales de las fuerzas de seguridad (policía, agentes penitenciarios). Nos encontramos así con situaciones como las acaecidas en la Alcaidía de Rosario durante el mes de Octubre. En efecto, casi todos los internos exhibieron marcas que coinciden con sus relato en los que afirman que son
obligados a colocarse desnudos frente a la pared y allí son golpeados. La
tortura tiene como parámetros generales el maltrato permanente, el
encierro, la falta de agua, luz, la comida de pésima calidad, muchas veces
en mal estado; el maltrato a la visita, la incitación a las peleas por
parte del personal policial, la deficiente atención médica. Por otra parte
los organismos oficiales que debieran ejercer un control parecen ausentes como por ejemplo la secretaria de DD.HH. de la provincia, la Defensoria del pueblo o el poder judicial que ante las denuncias hechas por la CTC (Coordinadora de trabajo carcelario) y por los familiares de los presos no ha tomado medidas eficientes que terminen con la violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad alojadas en el pabellón B de la Alcaidía de Rosario.

7. Provincia de Santiago del Estero

La Prov. de Santiago del Estero continúa con la deficiencia mencionada en nuestro informe 2008 sobre la formación de los agentes penitenciarios que permita un trato digno a los internos y les facilite el trabajo de socialización. Este déficit genera conflictos intramuros toda vez que impide una adecuada comunicación de las necesidades de las personas allí alojadas y tensiones laborales en los agentes penitenciarios. Si bien consideramos un avance los talleres sobre prevención del HIV (Síndrome de inmunodeficiencia adquirido).

8. Provincia de Tucumán

Las autoridades del OIP de la corresponsalía para el NOA (noroeste argentino), y el defensor del Pueblo Jorge García Mena (en el mes de Marzo) acordaron acciones conjuntas en el marco del cumplimiento de la ley 24.660 (Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad). La cooperación mutua busca que las personas privadas de su libertad puedan tener receptores para sus quejas, las que pueden realizar en forma verbal o escrita. La corresponsal del OIP observó con preocupación el hecho de que las torturas impetradas por personal policial se han convertido en moneda corriente en Tucumán. Según las cifras oficiales, en las comisarías de la provincia están alojadas unas 200 personas en conflicto con la ley. Por lo que la capacidad de alojamiento en las comisarías ha colapsado. El problema de la droga dependencia en las cárceles de Tucumán es grave al punto tal que se ha generado un debate público y ha puesto en una encrucijada al Poder judicial. En efecto, el 12 de noviembre se sorprendió a dos internos que ocultaban cocaína, y el día 14 a otro hombre que llevaba estupefacientes y un celular en un balde. "Los jueces debemos velar por la salud de los presos", dijo el presidente de la sala VI. El 65% de los alojados en Villa Urquiza se droga.
G. D- O.I.P