Fundada por Eduardo Ciani el 17 de noviembre de 2001

“La democracia se consolida con una lucha constante contra la ignorancia, la miseria y los privilegios económicos”. Alfredo Palacios

Número 22 /Segunda época ABRIL de 2010 Versión Electrónica

El ideal "defensor de la libertad, la cultura y el socialismo"

Dirección editorial: Edgardo Cataldi - Gerardo Schmidt

Jefe de redacción: Flavio Sánchez

Colaboran en este número:
Edgardo Cataldi.
Raúl Isman
Facundo Sarmiento
Graciela Dubrez.
Luma Cijó.

Índice:

EDITORIAL: Socialismo, Socialdemocracia K, etc. , por Edgardo Cataldi
ENSAYO: Desde el golpe del ’76 a la acción destituyente del 2008-2010 Por Raúl Isman
OPINION: La Derecha y el Republicanismo tilingo: Por Facundo Sarmiento
RECORDATORIO: 24 de Marzo: Por Facundo Sarmiento.
INFORME: Observatorio Internacional de Prisiones. (Primera Parte) Por Graciela Dubrez
ENSAYO: Vulneración de Madres e hijos privados de su libertad (II). Por Luma Cijó

La opinión de los columnistas es a titulo personal y no necesariamente debe coincidir con la línea editorial de esta publicación
EDITORIAL

Escribe: Edgardo Cataldi

EL FUTURO DEL SOCIALISMO ARGENTINO. Por Edgardo Cataldi
Lo dijimos en el número anterior:

“El partido Socialista no puede ni debe ser el portavoz y representante del campesinado conservador y de las clases medias urbanas reaccionarias.”

El entramado político sigue complicándose.
Nos preocupa seriamente el rumbo conservador que esta tomando el PS a nivel nacional en ese amontonamiento irracional con lo peor del radicalismo y el menemismo residual funcionales a los intereses de la restauración neo- liberal.
La lógica indicaría que no puede mantenerse mucho tiempo más el rumbo actual sin pagar serios costos políticos tanto hacia dentro del partido como hacia afuera.
Porque es evidente que tanto los militantes como los votantes independientes en algún momento tendrán que comenzar a reclamar frente a una manifiesta incoherencia ideológica y el renunciamiento a ciertas banderas históricas que constituyeron desde siempre la base de nuestro ideario y la praxis del socialismo.
La rebelión de casi todo el socialismo bonaerense debiera haber constituido un aviso más que suficiente.
Sin embargo la Derecha enquistada dentro de la conducción partidaria continúa avanzando a los tumbos hacia el precipicio.
Y esto no es nuevo, se trata en última instancia de una continuación de la larga decadencia y diáspora socialista que arranca casi imperceptiblemente, como un goteo, en los años treinta y se profundiza a partir de 1945 cuando se va cristalizando lentamente el giro que podríamos definir en algunos aspectos como pequeño burgués y súper-estructural en desmedro de políticas auténticamente obreras y de base.
El no haber comprendido en su momento ese fenómeno contradictorio, antipático, sin duda muy complejo y difícil como fue el primitivo peronismo trajo sin dudas consecuencias gravísimas.
Algunos parecen tampoco no comprender este nuevo fenómeno que surge en el 2003 .Tal vez porque no perciben que es distinto a todo lo que se fue dando a lo largo de los últimos veinte y tantos años donde parecía que la única lógica era la del ajuste , el endeudamiento, la recesión y/o la híper-inflación..
Las consecuencias están a la vista y el socialismo se convierte durante más de medio siglo en esa “patrulla perdida” que tan acertadamente definió nuestro compañero Jorge Rivas.
EC

LA MARCHA DE LA SOCIALDEMOCRACIA K. Por Edgardo Cataldi

El gobierno sigue apostando a la súper- estructura peronista y cegetista en desmedro de la transversalidad y los movimientos de base.
Es este pragmatismo a ultranza es lo que básicamente criticamos aunque sin negar lo difícil que resulta armar alianzas ideológicas y éticas que también sean eficaces a la hora de recolectar votos.
La complicada e inestable alquimia parlamentaria para aprobar leyes que luego serán judicializadas por la oposición nos muestra a las claras que se esta errando en las tácticas aunque el rumbo estratégico sigue siendo el correcto.
Se hace necesario consensuar con sectores legislativos, con los que todavía hay ciertas afinidades ideológicas y programáticas, a los efectos de ir desmontando el bloque circunstancial de una oposición heterogénea, inestable y contradictoria que es arrastrada hacia la derecha por los grandes intereses del Establishment.
Y junto con estas medidas de coyuntura se hace indispensable el anclaje social en los sectores mas empobrecidos de los conurbanos y del campo a los efectos de combatir los bolsones duros de pobreza de manera tal de garantizar una autentica y sólida base de apoyo popular.
Tal vez un buen ejemplo sea Milagro Sala y la Tupac Amaru.

EC

EL AMIGO AMERICANO. Por Edgardo Cataldi

Contradicciones de Obama y del sistema:
Su carácter de gobernante progre hacia el interior de los EEUU y gendarme mundial, custodio de los intereses del Gran Capital hacia el exterior hace que nos cueste entender el progresismo yankee. En los años 60 Lyndon Johnson mientras bombardeaba Vietnam liquidaba los últimos vestigios de segregación racial en el Sur de los EEUU.
El nuevo sistema de salud impulsado por el presidente y aprobado por el Congreso será implementado en diez años y costará 940 mil millones dólares en la primera década.
Asimismo, la ley permitirá que 32 millones de estadounidenses sin seguro sanitario puedan gozar de atención médica y pondrá límites a las aseguradoras tales como prohibirles que dejen de prestar servicios por enfermedades preexistentes a niños o que den de baja la cobertura a causa de contraer una enfermedad.
Con esta significativa victoria para Barack Obama y para el Partido Demócrata, miles de estadounidenses gozarán por primera vez de cobertura médica.
La mayor apuesta doméstica de la nueva administración lleva más de un año de intensos debates a nivel nacional y dividió al país en cuanto a su aprobación y alcance.
Entretanto todavía siguen las amenazas anónimas, las promesas de judicialización y las manifestaciones callejeras de la derecha mas retrograda.
La ley, de todas formas, hubiera podido mejorarse, si se gastara menos en guerras y más en salud.
EC

Desde el golpe del ’76 a la acción destituyente del 2008-2010:
El poder económico en acción
Por Raúl Isman
Docente. Escritor.
Columnista del Noticiero televisivo
Señal de Noticias.
Colaborador habitual del
periódico Socialista “el Ideal”
Director de la revista
Electrónica Redacción popular.
raulisman@yahoo.com.ar

“Bastante sabemos, hoy, que es preciso renunciar a considerar la venganza como la reconquista serena de un orden razonable y justo. Y sin embargo, debemos aún aspirar al castigo de los auténticos criminales. Pues castigar es reconocer que el hombre es libre tanto en el mal como en el bien, es distinguir el mal del bien en el uso que el hombre hace de su libertad, y es querer el bien.”
Simone de Beauvoir. Escritora y filósofa francesa. De su libro El existencialismo y la sabiduría de los pueblos (1946).

“Por lo general, a las dictaduras de los cabos y los sargentos, en los países democráticos les siguen las dictaduras de los grupos financieros. Los efectos son los mismos, aunque el “modus operandi” de las imposiciones de los segundos sean otras más sutiles, menos perceptibles a simple vista, …. La “diferencia” que media entre unos y otros es la misma que existe entre un asalto a mano armada y la estafa.”
Arturo Jauretche. Pensador nacional.

Introducción

En este texto- escrito originalmente en ocasión de recordarse un cuarto de siglo en el 2001 del más nefasto 24 de marzo y actualizado mínimamente cada año- se analiza el golpe de 1976 y cierta continuidad que logró dicha asonada a partir de la reacción gauchocrática desatada desde marzo del 2008 y que continua en la actualidad; entendiéndolo como punto de partida de la profunda recomposición económica y social a la que fue sometido nuestro pueblo y de su continuidad durante el menemismo y el gobierno radical-aliancista (1999-2001). Por cierto que esta realidad es la que, en los días que corren, tratamos de transformar gestando una Argentina con pleno empleo e integración social, y; en particular cerrando todos los caminos y resquicios posibles para la impunidad. Nada casualmente, para el gobierno nacional actual su política de derechos humanos es inescindible de la distribución del ingreso; mientras que la defensa incondicional de las atrocidades cometidas en la década del ’70 es uno de los aspectos que articula a la torva oposición que debe soportar el gobierno nacional. Pero en realidad las acciones de las fuerzas que se identifican como oposición se hallan conducidas por el poder económico, gestor, beneficiario e impulsor de ambos golpes mencionados en el título del presente trabajo. Con respecto a la asonada de 1976, a lo largo de las presentes notas, se describen algunos hechos, se señala a culpables y responsables, se analizan los métodos más que repudiables y los objetivos de los genocidas, aún los que no eran manifiestos. Además, se incorpora una visión de los resultados perdurables hasta nuestros días de la dictadura. Finalmente se realiza una síntesis desde una mirada contemporánea, a la luz del pensamiento de algunos filósofos y de un mínimo debate político acerca del golpismo desencadenado desde marzo del año 2008 y sus orígenes.

Los hechos y sus causas

El 24 de marzo de 1976, todo el país “fue puesto bajo el control jurisdiccional de las Fuerzas Armadas”, como constataba el comunicado oficial de los asaltantes del poder. Los antecedentes y las causas hay que buscarlas en la agudización de los conflictos propios de la guerra fría con el consiguiente endurecimiento imperialista en nuestra América Latina, la impotencia de un gobierno peronista jaqueado por la crisis económica (que implicaba una situación casi hiperinflacionaria), la incapacidad para canalizar la consiguiente puja sectorial y la desgarradora y paralizante para las masas populares violencia política. Por otra parte no pueden omitirse las constantes peleas internas en el peronismo, el cinismo de la U.C .R. (que al tiempo de manifestar la búsqueda de una salida democrática pactaba en las sombras con los golpistas) y el hecho que el poder económico se había orientado hacia una salida favorable para sus intereses, que incluía el total reformateo de la economía y la sociedad.
Una etapa para la cual cuesta encontrar los calificativos adecuados estaba comenzando en la Argentina. La tortura- incluyendo la que se realizaba con mujeres embarazadas, delito aberrante si los hay- el robo y secuestro de niños pequeños o nacidos en cautiverio, la ausencia total de libertades: de expresión, de reunión, la prohibición de funcionar para los partidos políticos y sindicatos de trabajadores, la liquidación de las instituciones democráticas, la anulación de conquistas laborales de larga data, la subordinación de la justicia y muchas otras violaciones a los derechos humanos que se resumen y coagulan en la más cruel de todas: la desaparición forzosa de personas. En efecto, la palabra desaparecido se dice en castellano en todos los idiomas del mundo para recordar a los 30.000 seres- entre ellos, los jóvenes estudiantes secundarios de La Plata , en el episodio conocido como la noche de los lápices- que fueron secuestrados en sus hogares, lugares de trabajo o estudio o en la propia vida pública. No puede omitirse que una de las actuales defensoras de las citadas aberraciones, la apologeta de homicidios diversos Cecilia Pando de Mercado, se halla alineada en el bloque “opositor”, como el golpista legislador de la U.C .R. Oscar Aguad, siempre presto a fotografiarse junto a criminales como el ahora condenado Luciano Menéndez. Los citados señalamientos son realizados a fin de destacar que el ’76 tiene plena continuidad en las fuerzas de la llamada oposición; donde unos desvergonzados que se autodenominan Coalición Cívica no tienen empacho en reivindicar el secuestro y robo de niños, despojándolos de su historia e identidad.
En plena época dictatorial, en 1977, el periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh denunciaba semejantes violaciones a los derechos humanos en su último texto, escrito poco antes de caer prisionero de la dictadura para convertirse en un desaparecido más. Este trabajo ( la Carta a la Junta Militar en el primer aniversario del golpe; del cual existen diversas ediciones y se halla disponible en la gran biblioteca existente desde Internet) sigue siendo un modelo de periodismo riguroso, exhaustivo y de fuerte compromiso con las necesidades del pueblo, realizado en las durísimas condiciones de clandestinidad que el régimen le imponía. Allí dice Walsh que la represión practicada de modo tan impiadoso por los militares tenía una finalidad precisa, definiendo indubitablemente los verdaderos objetivos del golpe de estado... “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”. El subrayado es nuestro.
Dicha política económica (de características neoliberales) fue impulsada por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, durante el lustro que va de 1976 a 1981, coincidente con la presidencia del general Jorge Rafael Videla y luego profundizada ya en democracia por Carlos Menem y por su (poco aventajado) continuador De La Rua. Y nada casualmente son los lineamientos que el poder económico y sus esbirros massmediáticos machacan cotidianamente por volver a imponer en la Argentina del siglo XXI. Desde Alfonso Prat Gay, conocido personero de la banca globalizada, hasta Los Rodríguez Saa y Duhalde, pasando por los Patricia Bullrich y los Macri y De Narvaez, un solo clamor unifica a las fuerzas políticas de la derecha: clausurar el ciclo de mejoría popular comenzado en 2003 y volver a las peores latrocinios de los ’90 con su secuela de retroceso industrial, desempleo, miseria popular y descuentos en los haberes jubilatorios; por citar sólo algunos derivados de su receta.
El plan tecno-económico de Martínez de Hoz tenía en principio dos finalidades fundamentales:
a) Como punto de partida, la finalidad era provocar una drástica redistribución del ingreso, favoreciendo a los sectores empresarios y perjudicando a los asalariados. Para ello, fueron liberados todos los precios de la economía con excepción de los salarios. “Extraño” liberalismo el del Ministro orejudo, por cierto. El liberalismo económico implica necesariamente la libre negociación de todos los precios en una economía. Si uno de ellos, el salario de los trabajadores, quedaba sometido al “asfixiante yugo estatal” (palabras del propio ministro), no hay dudas que estábamos en presencia de un liberalismo intencionadamente tuerto. Además, fue modificada la Ley de Contrato de Trabajo aprobada durante el gobierno anterior; favoreciendo claramente a las patronales. Se liquidaron distintas conquistas sectoriales de los trabajadores, quedando el mundo del trabajo sin protección por causa de las dificultades para ejercer la representación sindical y la inaccesibilidad de derechos constitucionales, como la resistencia por medio de huelgas. La virulencia de la represión garantizó el éxito de esta primer operación.
b) Por otra parte, la política económica buscó alentar la valorización financiera en detrimento de la actividad productiva. Los instrumentos para lograr este objetivo fueron la Ley de Entidades Financieras y la llamada tablita cambiaria. Por efecto de la ley citada, el estado garantizaba los depósitos realizados en moneda nacional de todo el sistema bancario, con lo cual se alentó la proliferación de instituciones sin solvencia, conducidas por auténticos bucaneros modernos, que prometían muy altos intereses. El ahorrista de todos modos acudía a estos llamados, en razón de la garantía estatal para el pago de los depósitos en moneda nacional incluida en el ordenamiento legal citado. Además, se vivió una euforia constante consistente en dineros que venía al país a obtener durante un mes, las tasa que en el primer mundo se conseguían en un año de colocaciones en el sistema bancario. Complementaba semejante maniobra la tablita financiera, la cual era una pauta progresiva de devaluación que permitía a los especuladores extranjeros maximizar sus ganancias- en lo que ya se llamaba bicicleta financiera- y luego recomprar sus dólares más las pingues tasas que no existían en ninguna parte del universo. La clave secreta de toda la operatoria, una auténtica piedra filosofal neoliberal que muestra de modo irrefutable a quienes servían los integrantes de la dictadura, la constituía una gigantesca transferencia de recursos de los sectores productivos, hacia los bancos, financieras y y grandes ahorristas e inversores externos. El círculo fue cerrado con la estatización de la deuda externa privada, medida impulsada y aprobada por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, luego impulsor del plan económico denominado de la convertibilidad durante el menemismo y que resultó ruinoso para la industria nacional. El (para)equino ministro presidió también el derrumbe del neoliberalismo en 2001, inolvidable corralito mediante. La U.C .R. y aliados, lejos de haber realizado una autocrítica de porque semejante enemigo del interés nacional y popular haya integrado su gobierno, persiste por el mismo camino presionando para que se adopte una política económica al servicio del poder económico globalizado; gestor, impulsor, beneficiario y mandante en los citados proyectos antinacionales y antipopulares. La diferencia sustancial entre los golpes del 76 y del 2008-2010 con los cuales la reacción intentó consumar sus propósitos reside en la centralidad de las armas utilizadas. En efecto, en el primero, los instrumentos de fuego son los decisivos. En el segundo, los cañones son comunicacionales, los grandes medios de (in)comunicación masiva. No cabe ninguna duda que sin ellos, Elisa Carrió no podría trascender la condición de chusma barrial o Gerardo Morales no sería más que un pícaro mentiroso jujeño.
Gran parte de la sociedad pequeño burguesa fue ganada por la pretensión de vivir sin trabajar y muchas de estas personas vendieron sus propiedades para vivir de los intereses. Mientras tanto, una porción mayor y significativa de los que no entraban en esta utopía reaccionaria se hundía en la miseria. Además de la inviabilidad económica de semejante pretensión, en lo que ya por aquellos años se llamaba “la plata dulce”, anidaba una crisis ética que corroía las bases morales de toda la sociedad. La garantía última de toda esta aberración presentada como política económica era la capacidad represiva de los militares, casi intacta durante los cinco años de la presidencia de Videla. Las internas entre Los Videla y los Menéndez y todos estos contra los Massera no los hacían disminuir un ápice en eficacia represiva y en saña torturadora. Cuando se trataba de masacrar y torturar al pueblo, todas las fracciones se unificaban.
En este contexto, tiene un rol central la desaparición forzosa de personas, método que no fue exclusivo de los genocidas argentinos; pero que quedó ligado a ellos para la percepción de gran parte de la opinión pública mundial. La desaparición de personas tenía varias finalidades. Algunas de ellas fueron las siguientes:
1) Partiendo del hecho que todos los operativos se hacían con un indudable carácter oficial, ya que se realizaban con las calles cerradas por la policía, exhibiendo vehículos de las fuerzas armadas, con efectivos uniformados y se invocaba la pertenencia a las distintas fuerzas de seguridad para entrar en un domicilio; en resumen todo convergía en un punto: el objetivo central era aterrorizar a la población. El mensaje resultaba claro: si existía cualquier tipo de compromiso con alguna actividad opositora a la barbarie militar, todos los ciudadanos eran pasibles de seguir el mismo camino. Cuando se llevaban a alguien a la vista de todo el vecindario, la finalidad última era transmitirle a quienes quedaban la percepción que todos podrían correr la misma “suerte” que el desaparecido.
2) Demostrar a la población y al mundo entero que los militares podrían - si ellos lo consideraban necesario- ir más allá que los propios nazis. Efectivamente, estos criminales alemanes solían entregar en algunos casos los cadáveres de sus víctimas. En la Argentina , miles de madres y otros familiares a más de tres décadas, aún anhelan justicia y quieren saber acerca del destino que tuvieron sus seres queridos. La nula colaboración con la justicia, más de tres décadas después, sólo puede ser leída como el mafioso pacto de silencio de los genocidas, que ni siquiera prestan alguna mínima cooperación- aunque fuera esporádica y aislada- para determinar la suerte corrida por los hijos arrebataos a sus madres en las cámaras de tortura y no recuperados aún.
3) Siguiendo con lo antedicho, en toda cultura, el duelo está aceptado como forma de despedida del fallecido. Al ocultar definitivamente el cuerpo, los represores instalaron en la memoria colectiva de la sociedad civil, y particularmente entre los seres queridos del desaparecido, la sensación de un dolor desgarrador, continuo y sin final. Al no poder despedir a su hijo, toda madre espera que en algún momento reaparezca. Esta es una herida que sangra permanentemente y que, como tal, genera terror. Paradójicamente, también originó una forma de resistencia hasta entonces desconocida: la de las madres de Plaza de Mayo. Acerca de este movimiento, volveremos más adelante. Agreguemos para subrayar la identidad central entre los represores del 76 y los caceroleros del 2008 y sus sirvientes políticos la nostalgia explícita de la dictadura por parte la rnfla caceroluda y la presencia entre ellos de la conocida apologeta de criminales Cecilia Pando de Mercado, quién ha reivindicado explícitamente el robo de bebes ya citado.

Acerca de los culpables y
los responsables del horror

Cuando los militares se hicieron con la suma del poder público, faltaba menos de un año para el momento de que debían realizarse elecciones que, además, podían ser anticipadas. Por lo tanto, la crisis económica y social que vivía el país podía- y debía- ser encausada sin pisotear la voluntad popular. Pero si se respetaban los deseos del soberano, el rumbo hubiera sido diferente. La cirugía económico-social que deseaba el poder económico, por aquellos tiempos, no era posible en democracia. Por lo tanto, la tragedia que comenzaba a vivir la Argentina tenía culpables, por acción u omisión, además de los altos oficiales de las fuerzas represivas. Los grandes empresarios, verdadero poder detrás del trono, motorizaron un conjunto de acciones que ayudaron a consensuar la salida golpista. Se trataba de los más poderosos monopolios organizados en lo que por aquellos momentos se llamó Alianza permanente de entidades gremiales empresarias (A.P.E.G.E.), que tensaron y agitaron la situación económica, debilitando al gobierno de Isabel Perón, porqué habían apostado a la salida golpista. El sector industrial más cercano a los monopolios (agrupado en la Unión Industrial Argentina, U.I.A.) se había disuelto en los inicios del proceso democrático de 1973 en la Confederación General Económica (C.G.E.), organización que nucleaba al empresariado nacional, pero frente a la crisis del gobierno peronista se volvió a escindir y reapareció impulsando la solución represiva. Por cierto que en la A.P .E.G.E. militaban con “encomiable” entusiasmo gran parte de las confederaciones patronales agrarias que bajo la piadosa (o cómplice) denominación de “campo” encabezaron la revancha procesista contra el gobierno nacional presidido por Cristina Fernández.
Ciertamente no puede omitirse que en el nivel de la máxima culpabilidad ética y penal se halla la participación- algo más que entusiasta- de gran parte de la jerarquía, cuadros medios y aún simples clérigos que comprometieron institucionalmente a la iglesia argentina con la vil matanza sufrida por nuestro pueblo. Al punto que fueron absolutamente minoritarios aquellos prelados y obispos que resistieron el genocidio y aún perecieron mártires. La dictadura genocida y la conquista colonial castellana necesitaron de idéntica alianza entre “la cruz y la espada”; en la que las “armas espirituales” desempeñaban una función decisiva, bendiciendo (legitimando) el poder material destructivo de los instrumentos bélicos, mientras los clérigos cómplices actuaban confortando espiritualmente a quienes los empuñaban. La complicidad de la jerarquía eclesiástica ha quedado tan demostrada que no es preciso ya discutirla. Sacerdotes condenados por la justicia en razón de su conducta infame o el silencio estentóreo frente al asesinato del Obispo Angelelli nos señalan que el llamado “magisterio” de la iglesia lo es sólo para el mal.
Sin dudas que es distinto el concepto de responsabilidad- que implica un grado relativamente menor de compromiso con los luctuosos sucesos que soportó el pueblo argentino- que el de culpa, aplicable únicamente a los grandes terratenientes, a los monopolios, a comunicadores serviles en la creación de “climas” golpistas, a obispos y a clérigos apologetas de la masacre y a las Fuerzas Armadas. En ellos anida la máxima imputabilidad. Quienes favorecieron la acción de los represores y resultaron responsables- en grado diverso- de la tragedia que se avecinaba, fueron los siguientes actores de la política argentina:
a) Los partidos políticos mayoritarios resultaron sin dudas responsables de la imposibilidad de mantener la capacidad de autodeterminación de nuestro pueblo: por miopía, falta de grandeza, egoísmos mezquinos, colaboración con los represores e incapacidad para preservar las instituciones democráticas. Veamos los fundamentos. La mayor parte de los políticos del peronismo se negó a provocar un recambio institucional de la jefe de estado, la señora María Estela Martinez de Perón, manifiestamente debilitada. De este modo, se podía haber oxigenado el proceso democrático y alejar la salida golpista. Así fue como el efímero interinato de Italo Argentino Luder, a fines de 1975, pasó sin pena ni gloria e inclusive, durante esta etapa además se firmaron decretos que favorecieron el accionar militar.
Por el lado radical no fue menor la parálisis cómplice. La ausencia de soluciones declamada por Balbín no era más que la preparación escénica del golpe. Por otra parte, una porción significativa de los funcionarios del nuevo gobierno militar fue aportada por la Unión Cívica Radical, inclusive el embajador en Venezuela Héctor Hidalgo Solá, víctima de la represión y desaparecido por las fuerzas genocidas. El máximo dirigente radical Ricardo Balbín- del cual ya habíamos mencionado un acuerdo secreto con los genocidas- nunca repudió explícitamente a la dictadura, ni siquiera cuando fueron asesinados los dirigentes y militantes partidarios Mario Amaya y Sergio Karakachof. Aún en 1980, declaró que los desaparecidos estaban muertos sin exigir el consiguiente castigo para los criminales y su única salida del país en toda su vida fue para defender en el exterior a la dictadura. Cerremos la cuestión diciendo que basta repasar los diarios de los tres meses previos al golpe para tener una idea de la profunda parálisis del Parlamento, controlado por la entente integrada por el P.J. y la U.C .R., que fue incapaz de dar una respuesta desde la democracia a la crisis del país.
b) Una dirigencia sindical históricamente alejada en sus modos de vida de sus bases y que apostó, cuando el gobierno peronista se hundía, a la defensa excluyente del salario, como si esta lucha pudiera darse independientemente del contexto político del país. Por ello, el golpe sorprendió a algunos sectores sindicales... haciendo una huelga por aumento de sueldos o si no desentendidos de la realidad. “Pagamos dos con diez”, decía el sindicalista metalúrgico Lorenzo Miguel breves instantes antes del golpe. El otro líder sindical importante, el textil Casildo Herreras musitaba desde Montevideo “me borre”, voz que en nuestra Argentina menta más una huida cobarde que una decorosa salida elegante.
c) Una guerrilla que se embarcó en una espiral irracional de violencia que hacía caso omiso de los sentimientos y deseos del pueblo y no preservó la democracia como marco necesario para que los sectores populares pudieran resolver sus problemas y padecimientos por si mismos. El sector llamado Ejercito Revolucionario del Pueblo (E.R.P.) afirmaba que ya había comenzado- hacía algo más de un lustro- la guerra popular revolucionaria. Bastaba comunicarle esta novedad a todo integrante del pueblo argentino para tomar conciencia del profundo abismo que existía entre esta guerrilla y la población del común. No menor era la desconexión entre los Montoneros- el núcleo más importante de la guerrilla peronista- y la sociedad civil. Durante 1974, 1975 y parte de 1976 las acciones de violencia abierta contra objetivos empresariales, estatales y militares o el irracional secuestro del cadáver del genocida general Pedro Eugenio Aramburu sólo servían para inmovilizar al movimiento popular.

Los resultados del terror

En la necesidad de producir una profunda reconversión en la economía y la sociedad en su conjunto radicaba una de las causas del golpe. En estas condiciones es que el estado argentino demostró toda su capacidad para disciplinar a los actores sociales, sea por medios legales o transgrediéndolos- como ocurrió en la mayor parte de las ocasiones- su propio orden jurídico. A la represión por fuera de la ley la llamamos terrorismo de estado. Existía la pena de muerte, aún en la torva legalidad encarnada en la ley marcial. Pero ni siquiera esta parodia de juridicidad fue aplicada. Los treinta mil desaparecidos son inocentes puesto que ninguno fue juzgado, ni aún por el grotesco remedo de un juez castrense. Como en nuestro sistema legal existe la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que quede demostrado en un juicio justo que, obviamente, incluye el derecho de defensa. Seis años después y luego de la oprobiosa derrota de las Malvinas, los genocidas debían batirse en retirada. Entonces la Argentina era un país profundamente modificado. Nunca esta de más recordar que para realizar estas transformaciones antipopulares y antinacionales es que se produjo el baño de sangre que la dictadura significó. Algunos de esos cambios eran los siguientes:
1) De ser un país centralmente industrial, la Argentina pasó a tener una economía centrada en la valorización financiera, como afirmamos precedentemente. Esto es que la industria dejó de ser la principal fuente de ganancias para pasar a ser la especulación con el dinero y los intereses que de él podían obtenerse. Este modelo recién fue revertido por la sublevación de diciembre del 2001 y el proceso económico y político posterior iniciado el 25 de mayo de 2003. A su vez, restaurar la política económica neoliberal, obturar- y si es posible deponer- lo mejor de la etapa citada son los objetivos del golpe posmoderno iniciado bajo la forma de look-out agrícola y cacerolazos gorilas desde el año 2008.
2) Se produjo un alarmante crecimiento en los índices de marginalidad, pobreza y desocupación al descender la inversión productiva. Desde aproximadamente 1945 y hasta la dictadura, la Argentina era un país casi sin desocupación. A partir de este gobierno de desdichada fama, la desocupación estructural se instaló prácticamente hasta nuestro tiempo. Piénsese en el hecho que en los días que corren celebramos que el desempleo bordee el 10 %, para darnos cabal idea del retroceso soportado. La naturalización de la injusticia es uno de los modos (tal vez, el principal) con que el poder económico real combate los reclamos populares de manera simbólica. Pero no puede omitirse que un estado con fuerte capacidad de iniciativa en lo económico resultó vital para que la Argentina atravesase el complicado año 2009 sin incrementos sustanciales en el desempleo. Derrumbar los modestos triunfos populares citados es el objetivo que (mal) unifica a la oposición, digna heredera del ’76.
3) La deuda externa pasó de ser aproximadamente ocho mil millones de dólares a casi sesenta mil millones. La mayor parte de la deuda externa fue contraída por grupos económicos que realzaron enormes ganancias con estos capitales puestos en la ruleta financiera. Luego transfirieron estos dineros al exterior y procedieron a estatizar la deuda mediante cómplices insertos en funciones gubernamentales. Factotum de esta maniobra fue el ex presidente del Banco Central y ex ministro de economía Domingo F. Cavallo durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando De La Rua. Paradójicamente hacia el 2010, muchos de los que crearon e incrementaron la referida deuda ya en democracia se han parapetado en la negativa a pagar con reservas para resistir al único gobierno en democracia que desendeudó al país; al tiempo que favoreció el diseño de una economía centrada en la producción. No puede omitirse señalar que la deuda externa es una situación de elevada carga material y simbólica; ya que constituye el modo que tiene el poder real globalizado de dominar al estado, condicionándolo por medio de los reclamos de los organismos de crédito consabidos (F.M.I. y B.M, por ejemplo). En lo simbólico se trata la cara económica de la impunidad para los crímenes procesistas. Evitar o complicar el desendeudamiento es el modo que tienen los seguidores actuales de Videla y Martínez de Hoz de seguir recreando las condiciones para el sometimiento popular. Por otra parte, una cuestión no menor y ligada a lo anterior es que los desfachatados referentes de la oposición- que incrementaron en gran medida la deuda y la pobreza- se escudan en denunciarlas para seguir aumentándolas.
4) Creció un poder económico que incluía rasgos diferenciales (básicamente que desconectó su crecimiento del correlativo al resto de la sociedad) con relación a etapas anteriores de nuestra historia. Por otra parte, gran parte del anclaje territorial de sus empresas, capitales y conveniencias se halla fuera de la Argentina. Dicho poder económico, un conjunto de grandes monopolios, resultó el principal impulsor y beneficiario de los cambios que el denominado proceso de reorganización nacional infligió en la distribución del ingreso y en toda la sociedad. Tales son las razones por las que lo apoyó hasta en sus aspectos más bárbaros. A modo de ejemplo se puede mencionar la complicidad de la empresa Mercedes Benz con la desaparición de obreros de su planta de González Catan. En aquellos años era vox populi que oficiales uniformados iban a las distintas empresas a recabar listas de operarios, para ellos indeseables por su actividad en defensa de los derechos de los trabajadores. Con honrosas, pero muy escasas excepciones, los jefes de personal brindaban la información solicitada y la desaparición de estos trabajadores era seguramente cuestión de horas. Lo “peor”, lo que jamás le perdonarán las variopintas derechas vernáculas al actual gobierno nacional es que enfrentó al poder económico en varias cuestiones centrales. En el combate recién citado reside el único modo de beneficiar al pueblo con que cuentan los diversos elencos gubernamentales y también en tal cuestión brilla el actual como el único que lo ha intentado durante la actual etapa democrática. La continuidad del salvajismo del ’76 en la actualidad son los Senadores Morales, Duhalde, Macri, Carrió, Aguad, Bergman, Aguinis, Grondona, Morales Solá y otros adefesios reclamando impunidad para crímenes imperdonables.
5) La sociedad civil quedó profundamente herida por el terror generado. Esto pudo comprobarse cuando en 1992 existía un importante movimiento en defensa de la educación pública; Carlos Menem, por entonces presidente, amenazó a los concurrentes con que se convertirían en los próximos desaparecidos. Luego de esta intervención, en la marcha siguiente, la concurrencia se vio profundamente disminuida. Pero la peor de las secuelas de la dictadura es, sin dudas, la existencia de un núcleo muy importante de población proclive a la defensa de la dictadura o al menos de sus métodos que atraviesa diversos segmentos sociales. Que los sectores poderosos se identifiquen con la barbarie procesista no puede sorprender: los militares secuestraron, robaron niños, mataron y torturaron para que los grandes empresarios multipliquen sus ganancias. En tal sentido, resulta inevitable señalar que gran parte del patrimonio acuñado por los referidos sujetos dominantes se halla manchado con la sangre de los compañeros desaparecidos.
Los destacamentos de clase media que se identifican con el despotismo militar lo hacen desde diversas vías: su ancestral autoritarismo (“aquí hace falta una mano fuerte”), su seguidismo monicolewinesko hacia las clases dominantes o su ninguneo casi constante hacia la memoria histórica. Con todo revertir semejante situación resulta una tarea más que urgente, habida cuenta que no existe articulación de un frente nacional y popular sin la presencia de segmentos significativos de las clases medias en él.
Las personas integrantes de los sectores populares se suman a la coalición reaccionaria motivados por el repiqueteo mediático, cuya finalidad esencial es difundir la cosmovisión derechista de la realidad. Así se amplifica hasta el paroxismo la problemática de la delincuencia; no porque a la derecha le preocupe seriamente la llamada inseguridad, si no por causa que es el mecanismo principal con que cuenta la reacción para introyectar sus “valores”, principios, proyectos, íconos simbólicos y candidatos políticos en el seno de los sectores populares. Una vez más la mirada histórica arroja incuestionable claridad. En 1976, nadie podía encontrar referencias mediáticas a la inseguridad, mientras hordas de ladrones y asesinos saqueaban casas, patrimonios, hijos y asesinaban muchas personas En la actualidad los medios “chorrean sangre”. Sugestivo, ¿verdad? ¿Tendrá algo que ver la conducta de los monopolios de la comunicación con el hecho que la dictadura le obsequiara a la dueña de Clarín dos hijos de presuntos desaparecidos y una empresa productora de papel?

La política, la historia, la filosofía
y la educación contra el golpe de 1976… y el de 2010.

Indudablemente los acontecimientos que hemos reseñado no deben quedar en el olvido. Tal vez semejante amnesia pueda aportar algo para explicar el resurgimiento del golpismo desde el 2008, con idénticos mandantes; aunque, relativamente, con diferentes actores sociales, políticos y callejeros.
Con enorme acierto el gobierno presidido por Néstor Kirchner (2003-2007) ha hecho de la memoria y el combate contra la impunidad una política de estado; nada casualmente en alianza con las Madres de Plaza de Mayo y otros organismo defensores de los derechos humanos. De hecho fue el elenco gubernamental que más destacó la importancia ética de los movimientos por la vida ya citados. Cuando el 24 de marzo de 2004, antes de cumplir un año en el poder, se realizó el acto de imposición de la E.S .M.A.- la sigla correspondiente a Escuela de Mecánica de la Armada , un verdadero paradigma de campo de concentración en la Argentina- como museo de la memoria quedó simbólicamente graficado un rumbo de impecable e implacable vigencia para una política que hace de la ética de la no impunidad un rumbo no negociable. Nunca está demás decir que la Argentina es prácticamente el único país en nuestra América que persigue los crímenes del terrorismo de estado. Por ejemplo, la justicia insiste en investigar la masacre de Trelew perpetrada por la Marina … en 1972 y los ya ancianos criminales van a dar con sus decrépitos cuerpos a la cárcel o aunque sea, prisión domiciliaria. Compárese con la situación de cualquier país latinoamericano o del mundo. Jamás hay que perder de vista que lo dicho recién fue central para originar la golpista reacción antipopular caceroluda que comenzó en marzo de 2008. Pero que ya había sido vaticinada desde La Nación por periodistas largamente expertos en la preparación y legitimación de golpes de estado. Los mismos mandantes (el poder económico), los mismos difusores (los grandes medios de comunicación) nos señalan líneas de continuidad irrefutables entre los golpes de 1976 y 2008-2010. Por cierto que existen diferencias. La casi totalitaria censura, explícita en la larga noche y niebla presidida por los uniformados, asume un rostro más complejo; pero no menos existente. De hecho, los dirigentes políticos simpatizantes del gobierno nacional son prácticamente proscriptas en los grandes medios, que por otra parte ni siquiera informaron a sus públicos de una importante marcha contra el golpismo realizada el 12 de marzo de 2010. Es que las “casualidades” no son otra cosa que causalidades.
Vista la cuestión de un punto de vista más teórico, el ensayista argentino José Pablo Feinman, en una serie de notas dedicadas al recuerdo de la dictadura procesista y la barbarie nazi, escribe parafraseando al filósofo alemán Theodor Adorno: “La exigencia de que la ESMA no se repita es la primera de todas en la educación”, afirma en Página12 del 30/12/2000. Feinman escribe ESMA en el sitio que Adorno escribió Auschwitz, equivalente al matadero del barrio de Nuñez (en su dimensión material y simbólica) entre los horrorosos campos del nazismo. De modo que en esta cuestión se juegan nudos éticos decisivos. Es que la educación o bien sirve para crear espíritu reflexivo y crítico o no es más que un instrumento para perpetuar las condiciones de injusticia y sometimiento. De modo que para avanzar en el sentido de crear una educación crítica y liberadora es preciso gestar este ámbito reflexivo y, en consecuencia, es fundamental no olvidar: no hay dudas que el olvido es la gestación de nuevos horrores. Para decirlo en palabras cotidianas, la memoria no es PRO y si lo es el olvido culpable. No es casual que el organismo que nuclea a los hijos de los desaparecidos se llama H.I.J.O.S., sigla que significa hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Olvido y silencio son las dos caras de la impunidad, una enfermedad que corroe al cuerpo entero de la sociedad. Para nada y para nadie puede pasar desapercibido el hecho que la derecha propicie el máximo castigo para carteristas, ladrones y asesinos provenientes de sectores empobrecidos; mientras impulsa a fondo el olvido para el genocidio que la contó como gran beneficiaria.
En lo que queda de esta nota, reflexionaremos sobre dos problemas decisivos: ¿Cómo fue posible este horror? Tal vez muchos jóvenes- que no vivieron la época- se formulen esta pregunta habida cuenta de que ningún gobierno, por despótico que fuera, puede sostenerse sin contar con un cierto consenso en una fracción importante de la sociedad. El otro, como evitar que el horror vuelva a producirse. Feinman contesta que “La sociedad en su actual estructura no se funda en la atracción sino en la persecución del propio interés en detrimento de los intereses de los demás (...) La incapacidad de identificación (aquí identificación se entiende como sentir como propio el dolor de otro, aclaración nuestra) fue sin duda la condición psicológica más importante para que pudiese suceder algo como la ESMA (...) Lo que suele llamarse ‘asentimiento’ fue primariamente interés egoísta: defender el derecho propio antes que nada y, para no correr riesgos –¡eso no!–, cerrar la boca. Es ésta una ley general en relación con el orden establecido. El silencio bajo el terror fue solamente su consecuencia”. “La frialdad de la mónada social (monada aquí se entiende como individuo aislado de los demás, sin crear vínculos solidarios, aclaración nuestra), del competidor aislado, en cuanto indiferencia frente al destino de los demás, fue precondición de que sólo unos pocos se movieran. Bien lo saben los torturadores.” La totalidad de las referencias al filósofo fueron tomadas del matutino ya citado.
La reflexión es más que inquietante: el egoísmo individual y la falta de solidaridad fueron la causa principal de que el horror fuese soportado y tolerado por la sociedad civil... y esta situación continúa siendo muy fuerte en la Argentina actual. Es sin dudas un saldo superviviente y acuciante del ’76. Haber instalado estos disvalores entre nosotros ha sido tal vez el más importante triunfo de la derecha que continúa manejando, desde su arsenal mediático, el diseño de gran parte de la agenda pública. Por ello, el procesismo- ese monstruo con mil rostros: unas veces asume la amenazante en degüellos figura de Cecilia Pando, otras la dolorida cara del falso ingeniero Bumberg; mientra que en ocasiones se viste con el rezo bergogliano, la kipa de Bergman o se broncea a lo Carrió, cuando no machaca con los modales positivos de Macri o presenta la tullida estampita de Gabriela Michetti para inspirar piedad- puede movilizar parte de la sociedad civil, como lo hizo escondiéndose tras la figura del padre dolorido de Axel Blumberg. Hoy ya no habla de terrorismo, si no de inseguridad, ocultando bajo una deliberada invisibilidad mediática la existencia de otras problemáticas.
Por cierto que lo contrario del individuo solitario, aislado y temeroso lo constituyen los organismos defensores de los derechos humanos, en especial las madres de Plaza de Mayo. Nacidas- como organismo colectivo- del dolor de buscar pertinazmente a sus hijos arrancados por las fuerzas represivas, se convirtieron en una realidad cualitativamente distinta a la simple sumatoria de su condición de mujeres individuales. Desafiaron la furia homicida del régimen, las amenazas, las provocaciones, el aislamiento, los insultos y se convirtieron en un ejemplo y un símbolo para la conciencia ética de toda la humanidad. Las madres, las abuelas, los hijos y todos los organismos de derechos humanos no se limitan a su importante tarea de denuncia. También gestionan significativas iniciativas para superar las injusticias de la sociedad actual. De tal modo tienden a realizar, aunque fuera en parte, los proyectos liberadores por los cuales sus hijos fueron desaparecidos.
Por todo lo antedicho, una temática de debate decisiva es pensar como es posible que cada uno de nosotros no cree y recree las condiciones del horror. Feinman- parafraseando a Adorno- lo resuelve con una reformulación del imperativo categórico ideado por otro gigante del pensar: el filósofo alemán Inmanuel Kant (1724-1804). El imperativo categórico Kantiano- principio fundamental en la ética del pensador germánico formulado en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres- afirma la necesidad de actuar de acuerdo a un precepto que, a su vez, se desee transformar en máxima universal. Es decir que no debe haber excepciones o dobles discursos. Para decirlo en otros términos: haz no sólo lo que yo digo, sino también lo que yo hago (cuando decir y hacer se hallan unidos solidamente por una unidad moral inquebrantable). Feinman lo enuncia con palabras sumamente radicales en la Contratapa de Página12 del 29/1/001. “Este imperativo podría formularse así: actúa de tal modo que ninguno de tus actos pueda contribuir a crear las condiciones de posibilidad de otro Auschwitz”. Crear lazos de solidaridad, no enfrentarse inútilmente entre víctimas de los abusos de poder, sentir como propias toda violación a los derechos humanos cometida en los sitios más lejanos son sólo algunas de las tareas para hacer realidad el mencionado imperativo categórico, reformulado de acuerdo a la necesidad de dar testimonio del pasado siglo XX- la centuria de barbarie más terrible que conoció la humanidad- así como del presente siglo XXI que se nos aparece como no menos horroroso, vía la descarada y pandillezca orientación del imperialismo norteamericano y sus corifeos vernáculos en cada uno de nuestros países. La derecha boliviana que, defenestra a Evo Morales y a sus seguidores con aristocrático racismo, defiende a capa y espada a los gauchócratas y sus caceroludos sirvientes de la Argentina.
Dice Feinman ya transitando este nuevo milenio: “Quienes piden que maten a los otros para vivir en una sociedad segura están instaurando el régimen que puede devorarlos”. La prédica contra la inseguridad es un antiguo caballito de batalla de las derechas. Cuando una vida pierde su valor, la pierden todas. Quienes reclaman mano dura irracionalmente frente a cualquier circunstancia, quienes justifican alegremente matar a los delincuentes o a los simples sospechosos, quienes postulan que no puede hacerse nada para resolver los problemas acuciantes de la realidad social; predicando el sometimiento y la resignación, quienes postulan una vuelta a la cerrazón de la vida familiar y privada, están- consciente o inconscientemente- creando las condiciones para que el horror vuelva a mostrar su disciplinador rostro sediento de sangre. Nada casualmente, a los denuestos contra la delincuencia sigue irremediablemente la defenestración de los organismos por los derechos humanos que realizan casi cotidianamente avejentadas divas televisivas; entre otros personeros reaccionarios.
Según el psicoanalista Carlos Guzzeti... “la lectura de Lacán nos ha advertido: el campo de concentración es la coagulación institucional más cabal del fenómeno segregativo propio de nuestro tiempo, imperio de la pulsión de muerte”. Es decir que el capitalismo impone su dominación ligada primigenia y consustancialmente con la lógica de las E.S.M.A.S. Agrega el citado autor más adelante en un artículo publicado en Página 12. 7/03/02, donde dice que... “la lógica concentracionaria no es exclusiva de los campos.”. Por cierto, podemos agregar que un cerco virtual separa el mundo de los incluidos de la ciudad marginal, por ejemplo. Por lo tanto, todo movimiento que cuestione la hegemonía neoliberal es una afirmación del impulso a la vitalidad y una negación profunda de la muerte y de rechazo activo al fenómeno equivalente a los campos de concentración en nuestro tiempo: la represión preventiva (gatillo fácil), la marginación, el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Para finalizar estableceremos algunas conclusiones necesarias del análisis desplegado:
1) En la medida que el poder económico- causante de fondo y beneficiario de la barbarie recordada- no ha sufrido derrotas decisivas ni definitivas es factible que se den nuevos hechos como la desaparición de Jorge Julio López, que ya lleva más de tres años de producida. La mejor confesión de la procedencia del crimen mencionado fue que ninguna fuerza reaccionaria- ni siquiera desde la hipocresía- realizó pedido alguno por el testigo. Es que la continuidad del genocidio permite a la derecha recrear las condiciones ya analizadas de terror e inducción al individualismo, machacando con su amenaza constante sobre la sociedad civil. La Sociedad Rural Argentina (S.R.A.), uno de los organismos representativos de los terratenientes, en 1982 afirmaba que resultaba apresurado convocar a elecciones. En 2008 es la vanguardia intelectual de un paro agrario- superestructura visible del golpe reaccionario- cuyas finalidades son entre otras que no sean barridas las determinaciones supervivientes de la economía procesista y detener los avances políticos del movimiento popular.
2) Por otra parte resulta innegable que el único modo de superar a fondo el contexto histórico cultural de la dictadura es ligar indisolublemente la exigencia de justicia con la liquidación de las condiciones socio-económicas injustas impuestas a partir de 1976. Contra dicha orientación se alzo la coalición gauchocrática-caceroluda-republiquienta que sueña con deponer a Cristina Fernández y si no lo logra, condicionarla.
3) El actual gobierno de la Argentina marcha en el buen sentido, más allá de algunas innegables inconsecuencias. Pero no hay dudas que la presidente Cristina Fernández, homenajeando a las madres en su discurso de asunción, marca un rumbo digno de elogiar. Y la presencia en cargos legislativos de hijos de desaparecidos rescatados de sus apropiadores (Victoria Donda o Juan Cababdié, este último nacido en la E.S .M.A.) permite purificar en parte los espacios parlamentarios, que no hace mucho fueran utilizados para mancillar los intereses del pueblo. Los mencionados jóvenes legisladores resumen simbólicamente en sus figuras la posibilidad de recuperar la memoria histórica, tarea siempre inacabada y de continuo, recomenzada.
Como se ve, sólo desde una reflexión crítica, en la que dialoguen pasado, presente y futuro, se podrá aportar a que se hagan realidad las palabras del Fiscal del juicio que en 1985 se realizó contra los comandantes de las juntas militares asesinas. En aquella histórica ocasión, el doctor Julio Cesar Strassera finalizó su alegato pidiendo: Nunca más. Agreguemos, nunca más torturas, desapariciones y robo de niños. Pero también nunca más consenso popular para políticos esbirros de la derecha.

R.I

LA DERECHA Y EL REPUBLICANISMO TILINGO.

Por Facundo Sarmiento

“Reducir el conflicto del Banco Central y las reservas a una puja de modales entre el oficialismo y la oposición o a una discusión leguleya e institucional sobre los decretos de necesidad y urgencia es bastante limitado. Y colabora en algún sentido para ocultar cuestiones relevantes y la actuación de los factores de poder.” Alfredo Zaiat (pagina/12 del 13 de marzo de 2010)

Hoy por hoy asistimos a una furibunda ofensiva de las fuerzas económicas y políticas que pretenden retrotraer la actual situación a épocas que creíamos felizmente superadas.
La Derecha no esta sola, cuenta con gruesos contingentes de clase media, tanto de la ciudad como del campo.
Estos sectores, básicamente despolitizados y fuertemente prejuiciosos parecen estar siempre dispuestos a golpear cacerolas para defender a los poderosos, travestidos ahora en demócratas impolutos, azuzados por medios de comunicación que parecen haber perdido el pudor y las formas.
Incluso la relativa bonanza económica parece no conmover a los sectores medios que parecen mas guiados por” espasmos anti K “que por la racionalidad.

Los medios generan entonces y machacan constantemente la sensación de caos y de avasallamiento a la Constitución y a la Republica.
Hoy, aquellos que vaciaron el país, se presentan como guardianes de cierto republicanismo inmaculado y abstracto.
Se rasgan las vestiduras y colocan la lupa para ver en que detalle, generalmente formal e insignificante pueden demostrar que estamos frente a un régimen cuasi dictatorial o visceralmente corrupto.
Tal vez sus exégetas más conspicuos sean ciertos conductores y periodistas faranduleros de gran repercusión mediática que repiten hasta el cansancio aquello que las grandes corporaciones machacan sin cesar.
Muestran al actual gobierno, como un villano similar o peor que la dictadura.
Proponen el odio y el desprecio contra los que no piensan como ellos y en función de ese escenario convocan a una especie de unidad opositora de restauración republicana.
Todo esto impulsado por los grandes medios afectados por una ley que los perjudica, en un esquema simplista forzado y para nada ajustado a la realidad.

Esa republica abstracta, inmaculada y elitista, donde los pobres sean obedientes y educados , donde no haya piqueteros y donde los trabajadores produzcan sin reclamar nada es el ideal de ese imaginario instalado tan fuertemente entre nuestras clase medias a imagen y semejanza de esa aristocracia que tanto los deslumbra..

Por otro lado para la oposición progresista, este rejunte promiscuo al que es llevada por la gran mentira mediática que miente un cuadro ilusorio de crisis extrema implica perder buena parte de su identidad en función de hechos y medidas de evidente signo conservador.

F.S

RECORDATORIOS
24 DE MARZO

Escribe: Facundo Sarmiento.

Se cumple otro aniversario de uno de los peores acontecimientos que marcaron la profundización de la decadencia argentina.
Cien mil argentinos marcharon este 24 de marzo de 2010 a la plaza de Mayo y decenas de miles más en distintos puntos del país para repudiar el infame golpe de estado y para manifestar el compromiso con la democracia y con el sistema republicano de gobierno.
Fue notable la cantidad de pancartas denunciando al monopolio Clarín y sus portavoces quienes fueron repudiados a viva voz por miles y miles de manifestantes.
Todo esto significa que algo esta cambiando y cada vez son mas los que toman conciencia que el golpe del 76 no fue solo militar sino que contó con poderosos aliados en el campo civil.

Por eso, recuperando la memoria, movilizándonos masivamente y consolidando todo lo conquistado en materia de Derechos Humanos lograremos contribuir a recuperar la Republica.

Por todo esto repetimos una vez más:

¡Nunca Mas!

F:S

Informe: Observatorio Internacional de Prisiones
Enviado por Graciela Dubrez
Primera parte:
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

EN EL SISTEMA PENAL ARGENTINO DURANTE EL AÑO 2009

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Es oportuno subrayar que el funcionamiento del sistema penal continúa presentando graves deficiencias similares a las señaladas en nuestro informe 2008 sin que se adviertan signos de cambio para mejor. En efecto, durante el año 2009 el OIP (Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina), ha podido constatar que no ha mejorado la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina tanto en lo que hace al funcionamiento del servicio de administración de justicia como en lo atinente a la forma en que se cumple la detención, sea que se trate de medidas cautelares o de la ejecución de penas privativas de libertad o de medidas de seguridad. La República Argentina sigue padeciendo el déficit de un acuerdo institucional que se plasme en políticas de Estado en materia de política criminal coherente. Esta situación se potencia por el tratamiento sensacionalista de la prensa. Constituye así el caldo de cultivo para propuestas demagógicas de solución violenta del conflicto basadas en la restricción de los derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, el incremento del número de los delitos contemplados en las leyes penales, de la severidad de las penas privativas de libertad, la eliminación del régimen de progresividad en la ejecución de la pena y de la dificultad para obtener el beneficio de la libertad condicional.
En efecto, en no pocas ocasiones los detenidos presionados por las condiciones de detención y ante la oferta del denominado “juicio abreviado” prefieren declararse culpables de los hechos que se le imputan ante la perspectiva de obtener la libertad antes de llegar a un juicio oral y público por el que deben aguardar (en el mejor de los casos) hasta dos años . Se pierde de vista el efecto aleccionador que surte del acto del juicio tanto para el imputado como así mismo para la víctima de los hechos. Paradójicamente se mantiene intacto un sistema excesivamente liberal para tratar a los reincidentes y delincuentes de estado (arts. 50, 51 y 52 C.P.) y subsisten las dificultades legales y administrativas para enfrentar las formas más peligrosas de delincuencia organizada. De este modo podemos aseverar que no se definen claramente políticas de contención y disuasión sobre organizaciones delictivas que trafican personas, drogas y armas, en tanto los jóvenes de las barriadas más vulnerables por su situación socio-económica son captados como consumidores y/o traficantes de estupefacientes, internándose en el corto plazo en el mundo del delito para poder sostener su adicción. De este estado de cosas son responsables tanto el gobierno actual como los dirigentes políticos de la oposición que, además de la crítica o de reacciones espasmódicas carecen de propuestas al tratamiento del oficialismo. En ese contexto, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sistema carcelario, son una consecuencia casi ineluctable. Por lo tanto la creciente denuncia de torturas y vejaciones cometidas en todo el territorio nacional por las fuerzas de seguridad denota que esta práctica se ha sistematizado, lejos de convertirse en excepción, sistematización sólo posible con la connivencia del poder político que oculta y niega dichas prácticas. Esto se podrá verificar a lo largo del presente informe cuando haya que tratar los temas específicos. El Gobierno Federal de la República Argentina se encuentra en mora en el cumplimiento de su obligación de designar a la institución que debe servir de mecanismo nacional de prevención de la tortura, por lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que está faltando a los compromisos internacionales contraídos sin justificación alguna, máxime atendiendo a las múltiples denuncias existentes en distintos organismos internacionales por la comisión de esa clase de violación a los Derechos Humanos. Esta situación se agrava toda vez que desde que asumió la actual presidenta de la República Argentina Dra. C. Fernández de Kischner, siendo designado Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el Dr. Aníbal Fernández, se vedó el ingreso a las cárceles federales a las organizaciones de DD.HH. que tienen por misión la tutela de los mismos en relación con las personas privadas de su libertad. En efecto, con diferentes argumentos que llegan a la descalificación de los miembros de las Ongs.(como es el caso del OIP) el Sr. Director del Servicio Penitenciario federal ha manifestado que no va a permitir que lo auditen. No cabe duda que sus dichos se encuentran respaldados por el actual ministro del área como así mismo del Jefe de Gabinete y de la propia presidenta, en otras palabras que es política de gobierno. Cabe señalar que el Congreso Nacional continúa sin designar al Procurador Penitenciario, ombudsman sectorial encargado por la ley de la protección de los derechos de los internos (tal como lo referimos en nuestro informe 2008). Esta situación es verdaderamente grave e inexplicable y no puede justificarse por las rencillas de la política doméstica tendientes a la distribución de cargos y nombramientos. Por disposición de la Cámara Federal electoral hemos podido observar el sufragio emitido por los detenidos en la Cárcel federal de Villa Devoto en la Capital federal y en la cárcel provincial de San Cayetano, en la Prov. de Corrientes. El desempeño de los actores representantes del Poder Judicial ha sido impecable toda vez que, como en el caso de los comicios de la cárcel federal de Villa Devoto (U2), previeron contingencias tales como: no figurar en el padrón por haber sido detenido y/o trasladado a esa unidad después del cierre de los padrones y encontraron la herramienta jurídica adecuada para subsanar el hecho y permitir el ejercicio de un derecho. Cuestión que es deseable tomen como ejemplo los juzgados electorales provinciales a fin de unificar criterios y de que todos puedan ejercer ese derecho. Por otra parte, cabe señalar que: el voto es un derecho y una obligación, por lo que si un interno manifiesta que no desea votar se le debe recordar que: de estar en libertad debe justificar su ausencia en las urnas con certificado médico, constancia de distancia, etc. y para mayor garantía debería presentarse ante las autoridades del comicio y desistir con causa justificada el ejercicio de ese derecho. El impedimento por no tener documentación es una cuestión que deberá ser materia de reflexión de las autoridades que escapa al análisis del tema que nos ocupa. Sin embargo no podemos dejar de observar el alto porcentaje de personas indocumentadas que existe en el país (y que no es posible subsanar en fechas próximas a las elecciones sino que deberá ser tema de un trabajo constante) es grave cuando se trata de personas a disposición de la justicia por cuanto resulta extraordinario pensar en una adecuada administración de justicia en tanto el justiciable carece de la documentación que permita acreditar fehacientemente su identidad.

2. SITUACIÓN DE LOS MENORES DE VEINTIÚN AÑOS EN EL SISTEMA PENAL ARGENTINO
Las consideraciones jurídicas sobre la situaciones de los jóvenes menores de veintiún años ha sido reflejada en nuestro informe año 2008 por lo que nos limitaremos a señalar que: el Senado dio media sanción al proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, al votar en particular todos sus artículos, y lo giró a Diputados donde a partir del 1º de marzo debatirán la sanción de la ley. El proyecto es polémico y reúne apoyos como resistencias. Por un lado puede considerarse de avanzada, porque organiza la escala de alternativas a la privación de libertad e instala como norma de cumplimiento obligatorio que la detención sea el último recurso. Pero nada indica que vaya a ser cumplida, ya que las leyes actuales y la Convención de los Derechos del Niño adoptada con rango constitucional ya lo impiden, y sin embargo no se cumplen. También resulta polémico el límite de edad al que se aplicará la ley, ya que incluye la franja desde los 14 años hasta los 16, límite actual para la sanción penal. Quienes sostienen el proyecto coinciden en que al incorporar la franja de 14 y 15 permitirán el blanqueo de las detenciones ilegales de chicos de esa edad que comete a diario la policía, lo que permitirá el control efectivo sobre esas detenciones. Quienes cuestionan el proyecto aseguran que en lugar de poner freno a las detenciones, se está autorizando la ilegalidad estatal y consideran que sería lo mismo que legalizar la tortura para mantener mayor control sobre ella. Cabe señalar que: el fenómeno de niños menores de 14 años cometiendo delitos, no está siendo materia de la debida atención por parte de las autoridades tanto judiciales como de los gobiernos provinciales. Es oportuno tomar en cuenta que un adecuado tratamiento sobre el niño/a en situación de riesgo (observar su entorno familiar y/o social, situaciones de abandono, etc) puede evitar que ese sujeto inicie una carrera hacía el delito. El 8 de julio pasado, el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil recibió media sanción en general en el Senado y fue enviada al tratamiento en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Población y Desarrollo Humano, de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social. El 29 de octubre pasado, dichas comisiones elevaron un dictamen con la unificación en un proyecto consensuado que recibió media sanción artículo por artículo. El proyecto aclara que “la libertad... es la regla. La privación de libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y será aplicada como medida de último recurso y por tiempo determinado, siendo éste el más breve posible”. Lo mismo señala la Convención de los Derechos del Niño, que lleva 20 años de antigüedad, que la privación de la libertad debe aplicarse sólo como “último recurso”, argumento sostenido por quienes cuestionan la necesidad de la nueva ley y aseguran que es votada para conformar la presión de la mano dura y la tolerancia cero. Prohíbe además el alojamiento en dependencias policiales, penitenciarias o de fuerzas de seguridad y ordena que sean alojados en lugares adecuados y con personal capacitado. Establece medios alternativos de solución de conflictos, distingue ocho tipos de sanciones diferentes, en orden de gravedad creciente, y que son especificados en el artículo 43: Disculpas personales ante la víctima; reparación del daño causado; prestación de servicios a la comunidad; órdenes de orientación y supervisión; inhabilitación; privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre; privación de libertad en domicilio; privación de libertad en centro especializado. La Convención, en su artículo 37, inciso b, indica que “el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”; y en su artículo 40, incisos 3.b. y 4 propone la “aplicación de medidas alternativas a la internación en instituciones”. La senadora Quintela sostuvo su oposición al artículo 1, el que indica la imputabilidad hasta los 14 años incluidos. “Me opongo a bajar la edad porque nos retrotrae a las leyes de la dictadura. La violencia de los niños adolescentes en situación de riesgo es nuestra responsabilidad y es una hipocresía penarlos por nuestra falta, en una sociedad que es hipócrita”, sostuvo .Diez artículos fueron los que se modificaron en profundidad en las comisiones y que fueron votados en particular. Entre ellos, los que se referían a las medidas de coerción, a la exclusión de la figura del hurto simple y el de arrojar objetos a los medios de transporte (dentro del ámbito penal). Este último recibió cuatro votos adversos. También se modificó el artículo 53, considerado como uno de los artículos clave, ya que determina qué delitos son penados con prisión o reclusión de más de 5 años. La senadora Sonia Escudero recordó que la Argentina está denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que los jueces terminan disponiendo penas como la perpetúa. Escudero defendió la inclusión de penas de 5 a 15 años entre los 16 y 17 años, por delitos gravísimos, porque sostuvo que “el mensaje que se quiere dar no es de impunidad”. Cabe esperar que la Cámara de diputados salde un debate que se viene dando desde hace décadas y que genera situaciones como la denunciada por la Asociación Civil “Surcos”
3. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES

El recurso de amparo en favor de menores con adicción al “paco”, al que hizo lugar la Cámara de Apelaciones porteña, acierta en su propósito de que el gobierno de la ciudad “cese en su omisión de asistir adecuadamente a aquellas personas”. La medida de la Cámara porteña responde a un recurso de amparo presentado hace más de dos años contra el gobierno de Jorge Telerman por el asesor tutelar Gustavo Moreno. El funcionario citó el caso del chico que “vomita sangre” o el que “tiene escaras en las piernas”, en relación con el consumo de paco: por cierto, el sistema de salud debe llegar activamente a estos chicos. Las guardias especializadas que establece la Ley 448 de Salud Mental de la ciudad (cuya constitución sigue pendiente en la mayoría de los hospitales). El pedido de amparo plantea, de modo totalmente genérico, “que en las villas resulta muy difícil que un niño, niña o adolescente pueda sostener un tratamiento ambulatorio, ante la falta de contención familiar y social”, por lo cual requiere que los centros de internación se instalen en las inmediaciones de esos barrios. El doctor Moreno destaca el problema de la “violencia familiar”, citando el caso del joven que “golpea a su madre”. Pero la violencia familiar no suele ser causada por los niños sino por los adultos, usualmente por hombres golpeadores por lo que debería prestarse mayor atención al problema en sus múltiples facetas. El caso Jonathan Lezcano es ilustrativo de la mala praxis en el sistema tanto judicial como sanitario para asistir a jóvenes en conflicto a partir de su adicción a la droga denominada “paco” (pasta base con agregados químicos altamente tóxicos) .
El actual gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra muy poca vocación de dar solución a la situación de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Así lo indica la grave denuncia de la asesoría general tutelar porteña sobre la situación de los menores alojados en institutos. El documento que se presentó el día 6 de Octubre en la Legislatura refiere las condiciones en las que viven los 1.329 menores, de entre 12 y 18 años, que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al 40% de los 1.329 menores de 18 años internados en los de 98 institutos privados y uno estatal de la ciudad de Buenos Aires se le administran psicotrópicos. Así lo determina la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña, que refiere además que el 87,5% está bajo tratamiento psicológico y que el 75% recibe atención psiquiátrica. Los datos fueron revelados por el noveno informe de gestión de la AGT, el ente del Poder Judicial porteño que reúne a todos los fiscales tutelares que tienen como objetivo la defensa de los menores en condiciones vulnerables. El documento, llamado "Niñez, adolescencia y salud mental en
la ciudad de Buenos Aires", está basado en datos judiciales que fueron acumulados
a partir de todos los procesos que llevan adelante. Según la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña, durante los últimos tres años ese proceso se incrementó en forma alarmante. "La institucionalización de un chico pobre debería ser el último recurso del Estado y tendría que durar la menor cantidad posible de tiempo, pero hemos llegado a la
conclusión, con cifras incontrastables, que la única medida que se le ocurre al gobierno porteño es esa institucionalización, ese último recurso", advierte Laura Musa, asesora general tutelar y jefa de todos los fiscales porteños dedicados a la protección judicial de los menores de 18 años. "Pero lo peor de todo es que esos lugares son privados y, una vez que el Estado los contrata, lo único que hace es controlar las condiciones
materiales del chico, pero no su evolución, es decir, que no hay
preocupación por reconstruir su vida, ni evitar que termine al borde de la
institucionalización", dice la fiscal. El problema, según el informe, es que esos institutos son difíciles de controlar y reproducen el viejo concepto del patronato que la Ley de Infancia (26.061) trató de abolir en 2005, cuando determinó que privar de la libertad a un menor de edad por vivir en la pobreza es ilegal., pero los chicos porteños afectados no sufrieron ningún cambio. En los últimos tres años se sumaron 700 chicos a los 600 que ya estaban institucionalizados y que dependían del gobierno nacional. Ahora son 1.329 bajo la tutela del Estado porteño y hasta septiembre de este año, sólo habían egresado 111, una tasa muy baja que confirma la denuncia de los fiscales.
De las 99 instituciones, hay 4 paradores para chicos en situación de calle, 31 convivenciales y 64 centros de atención especial, una cifra compuesta por 26 hogares terapéuticos, 4 de atención en salud mental, 17 para niños con capacidades diferentes y 17 comunidades terapéuticas para el
abordaje de adicciones. Sólo una pertenece al Estado porteño, y del total, el 61% están destinadas a la atención especial, psiquiátrica y terapéutica.

Hasta el mes pasado, la AGT sólo ha podido controlar a 65 de estos institutos, porque el resto le negó el ingreso. Del análisis surge que el 53% no está correctamente habilitado como lo exige la ley porteña y que el 11% de los niños que están en esas instituciones no ha ido a la escuela. Los fiscales descubrieron que hay muchos niños institucionalizados sin DNI (documento nacional de identidad) y son los institutos privados los que definen el destino de los niños. Según se desprende de las 1.723 causas judiciales abiertas durante 2008, la mayoría no tiene debido proceso. La ciudad ordena la internación y muchas veces no se firma ningún documento judicial. Entonces cuando una abuela quiere ofrecer una negociación para recuperar a su nieto adolescente, no existe ninguna medida sobre la que se pueda discutir, los fiscales ya presentaron catorce acciones judiciales al respecto. Los chicos terminan como presos crónicos de un sistema que atrasa cincuenta años. En la actualidad, ya fueron contratados todos los hogares de la ciudad y existen varios casos de chicos enviados a distintos puntos del conurbano. En todos se repite la misma escena de abandono. Hay casi 500 chicos sin proceso En 2008, en comparación con 2007, los asesores tutelares porteños detectaron un "aumento importante" de institucionalizaciones y "un claro retroceso de legalidad en los procedimientos que concluyen con el ingreso de un niño a un dispositivo de albergue". De las 1723 actuaciones abiertas en 2008, el 42,9% son internaciones decididas por el gobierno porteño y el 13,8%, resuelta por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El problema es que "hay 478 institucionalizaciones ordenadas por la comuna que carecen de encuadre jurídico apropiado". Son casi 500 menores de edad
sin debido proceso. Del total de casos, el 36,5% de los niños nunca fue oído por la autoridad que definió su institucionalización. En el medio de ese panorama, hubo ocho menores que pasaron varios meses de su vida alojados en hospitales psiquiátricos, "aún contando con el alta médica de internación". La justicia porteña le dio la razón a los planteos de la AGT y logró su externación. Para los fiscales, el disparador
es la crisis habitacional. Por otra parte, los reclamos de la CTA (Central de trabajadores argentinos) como así mismo de otras agrupaciones de trabajadores municipales Junta Interna ATE – CTA Delegación Gremial SUTECBA, por el permanente intento de desarticular y denigrar las condiciones de trabajo de los integrantes del Consejo del Niño, Niña y Adolescente de la Ciudad de Buenos Aires, es prueba de la intencionalidad del gobierno porteño de implementar políticas de infancia autoritarias.
La represión ejercida por la Policía Federal Argentina sobre los jóvenes que asistieron el 14 de noviembre al recital de "Viejas Locas" en el Estadio de Vélez Sarsfield" (en el barrio porteño de Liniers), utilizando un carro hidrante, un helicóptero y la policía montada, dejó 30 heridos y 44 detenidos.
Entre los primeros se encuentra el caso de Rubén Carballo (un joven de 17 años), cuyo cuerpo fue hallado con la entrada aún sin cortar en el bolsillo de su pantalón. La asistencia médica del Centro Gallego no fue suficiente para ayudar a Rubén, quien falleció el 8 de diciembre. El 24 de diciembre, el cuerpo médico forense estableció que Rubén Carballo murió a causa de golpes y no de una caída, como aseguraba la Policía

4. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

La situación jurídica de los menores en la Prov. de Buenos Aires lo hemos tratado extensamente en nuestro informe 2008. Debemos agregar al mismo el intento por parte del actual gobernador de poner en vigencia un Código contravencional para menores. En efecto, ha enviado al parlamento de la Prov. en el mes de diciembre un proyecto de Código contravencional de menores que espera sea tratado durante el período de sesiones ordinarias del año 2010. Esto motivó la rápida movilización de las organizaciones de la sociedad civil que abogan por los derechos del Niño, Niña y Adolescente, con el fin de manifestar su oposición por considerarlo inconstitucional. Por otra parte debemos destacar que continúa siendo reprochable el procedimiento de algunos miembros de la fuerza policial en el abordaje de los jóvenes en conflicto con la ley. Al ritmo de los discursos de “mano dura” la violencia de las fuerzas del orden se hace notar. Sospechas de “gatillo fácil” como los hechos ocurridos el 7 de marzo a la madrugada. Dos jóvenes murieron acribillados por un grupo de hombres que se movilizaban en un auto. Habría un policía detenido. Familiares de las víctimas denuncian que quisieron encubrir el crimen. La desaparición de Luciano Arruga se produce en el paroxismo de una campaña contra la “inseguridad”. El hecho sucedió el 31 de enero en Lomas del Mirador, eje de la cruzada de los medios de comunicación y en una delegación que se creo en respuesta a las demandas de los “vecinos” por más “seguridad” . La mala praxis en la atención a chicos en estado de vulnerabilidad, sumado al sensacionalismo de ciertos medios de comunicación da por resultado la construcción de “peligrosos delincuentes” en la subjetividad de niños de 14 años. Tal es el caso del chico apodado “el Ángel”.cuya historia de vida pone en evidencia una seguidilla de abandono y desaciertos estatales. En este punto parece oportuno subrayar que es ilegal la detención policial en chicos de 14 años. Las detenciones por averiguación de antecedentes fueron derogadas por inconstitucionales. El lobby policial de todos modos obtuvo el DAI (demora por averiguación de antecedentes), pero que tiene un límite de 12 horas. Un chico o adolescente, menor a los 18 años, no puede ser mantenido en una comisaría por más de medio día sin informar a los padres y a la Justicia. En ese marco, el proyecto de ley de la senadora oficialista Edda Acuña, con media sanción en el Senado y al borde de su aprobación en Diputados, es uno de los reclamos del lobby policial que permitiría retener en una celda a un chico por infinidad de motivos que no se compadecen con la averiguación de identidad, tecnología informática mediante. La ineficiente burocracia estatal puede digitalizar las huellas dactilares pero, al parecer es incapaz de averiguar la identidad de un chico .Como demostración de políticas, el Ángel no está encarnando por sí solo sino que es el visible de turno. En septiembre pasado, el defensor del fuero juvenil platense, Julián Axat, presentó una denuncia para investigar a la comisaría 1ª de La Plata, citando notas periodísticas en las que se mencionaba que “Josecito tendría ‘43 ingresos en la comisaría’ producto de una larga secuencia de ‘caídas’ desde el año pasado a la fecha”. Axat señaló en su denuncia que la cifra no se condice con los trámites judiciales reales iniciados. La diferencia (casi 40), son intervenciones policiales no informadas a la Justicia por averiguación de identidad y lo que en la jerga policial se denomina como “entrega menor”, que consiste en llevarlo a su casa. La muerte de Nahuel Balsano se inscribe en la misma sintonía de los que venimos tratando. El 24 de abril de 2009 Nahuel fue detenido en la puerta de su casa, en la localidad de Avellaneda, mientras ayudaba a descargar la leche y demás artículos que su madre recibía como “manzanera” de la localidad. Un patrullero lo encierra diciendo que es autor de un robo de automotor ocurrido en el momento y que lo venía persiguiendo. Tras ser trasladado luego de declarar en la comisaría 3ª. de Dock Sud con signos de haber sido maltratado, es alojado en una celda de castigo (buzón) junto a otros siete detenidos y en un confuso episodio, se produce un incendio donde el único detenido con heridas graves que lo llevarían a la muerte, es el joven Nahuel. La comisaría 3ª es la misma donde en el año 2007 el joven Diego Gallardo fuera muerto a golpes.

5. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Menores adultos (de 18 a 21 años) condenados y alojados en la Unidad penal 1 pidieron a las autoridades judiciales que se garantice las condiciones de alojamiento como marca la ley y la constitución. Hicieron llegar al juzgado de menores del cual dependen una nota donde refieren la inquietud sobre sus condiciones de alojamiento en el Pabellón de Menores de la Unidad Penal 1 de la Ciudad de Corrientes, ya que no cuentan con colchones ni frazadas adecuadas, duermen sobre la losa de los camastros, tienen una puerta reja que no posee ningún tipo de cerramiento que los proteja del frío y del viento que en época invernal castiga duramente. Además manifestaron ser sometidos a malos tratos y permanentes requisas a cualquier hora del día o la noche, con violencia a las personas y a las cosas.- Solicitaron un contacto mas fluido e incluso la posibilidad de visitas periódicas del Juzgado de Menores a su lugar de detención, en salvaguarda de sus derechos.-

6. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE CHUBUT

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 137° Período de Sesiones, celebrado en noviembre de 2009, dictó el Informe de Fondo artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en el Caso N° 12.533 – Iván Eladio Torres – Argentina. La denuncia –P 960-03- se presentó ante la CIDH el 14 de noviembre de 2003 por desaparición forzada de Iván Eladio Torres ocurrida el 2 de octubre de 2003 en la Comisaría Seccional Primera de Comodoro Rivadavia, Argentina, teniendo presente la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas (CIsDF), la CADH y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIpPyST). La denuncia fue admitida mediante Informe de Admisibilidad N° 69-05 en octubre de 2005. Ahora, mediante este Informe de Fondo, que es confidencial, conforme art. 50, la CIDH expone los hechos y conclusiones y ha formulado recomendaciones para que sean cumplidas en un plazo de dos meses. Asimismo, se abre la posibilidad de que la CIDH presente el Caso 12.533 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José Costa Rica, es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979. Está formada por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos elegidos a título personal”.

7. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE MENDOZA.

El informe proporcionado por la Asoc. Xumek permite observar los siguientes hechos: En el mes de junio de 2009, la Asociación Xumek presentó, junto a la Fundación Sur y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por casos de menores de edad privados ilegítimamente de su libertad por hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los dieciséis años de edad. Allí se expuso la situación que se vive en nuestro país -situación a la que Mendoza no es ajena- en relación a la violación sistemática de las garantías
Constitucionales y derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se dijo que con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se da lo que se ha conocido como el traspaso de la doctrina de la “situación irregular” a aquella de la “protección integral”. Este cambio de paradigma propone una nueva mirada sobre los niños, a quienes, en tanto sujetos plenos de derecho, deben reconocérsele los mismos derechos que a los adultos y otras garantías especiales en virtud de su condición de personas en crecimiento. En efecto, subsisten fuertes reminiscencias de concepciones obtusas, inspiradas en la figura del “patronato”. Pese a la sanción de nuevas leyes a nivel nacional y provincial, muchas aún guardan vestigios del espíritu tutelar que asimila al/la niño/a con un objeto pasivo al que debe asistirse y sobre el cual el Estado debe intervenir. La sanción, en el año 2005, de la ley 26.061 —Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes—vino a derogar la ley 10.903. Pese a ello, el modelo tutelar argentino continuó vigente a través del Decreto-Ley 22.2786 —sancionado en 1980 por un gobierno de facto— que regula el “Régimen Penal de la Minoridad” y mantiene concepciones ancladas en la lógica del patronato. Lo que pone en evidencia la “dualidad” que caracteriza a la justicia sobre infancia al permitir la convivencia de dos doctrinas antagónicas: la de la situación irregular con la de la protección integral; la de la CDN con las prácticas tutelares del patronato. El Decreto ley 22.278 establece que todo niño menor de 16 años de edad es no punible. Esto quiere decir que cuando a un menor de 16 años se le atribuye la responsabilidad por la presunta comisión de un delito, éste no podrá ser objeto de persecución penal en virtud de su edad. Pese a ello, el artículo 1° del Decreto ley 22.278 dispone en su último párrafo que: “Si de los estudios realizados resultare que el menor se haya abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador”. Es así que en el mismo cuerpo legal, se establece la no punibilidad de quienes, al momento de la comisión del delito, no hayan alcanzado los 16 años de edad pero, al mismo tiempo, se faculta al juez penal a “disponer” discrecionalmente del niño si considera que éste se encuentra en situación de “peligro material o moral”. En la práctica esta intervención estatal se traduce, frente a jóvenes en situación de vulneración social, en privación de la libertad. Como veremos, esta normativa no cumple con las formalidades exigidas por el sistema interamericano de derechos humanos para privar de la libertad a una persona, en tanto no es una ley en sentido formal (cf. Art. 7.2 CADH) sino que es un Decreto de la última dictadura militar, sancionado en el año 1980, que no ha sido elaborada según el procedimiento establecido por la Constitución Nacional.

8. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

En el mes de Junio se produce un motín en el Penal de Menores. Media hora antes del hecho habían estado dando los talleres de prevención sobre el HIV y el ambiente era de tranquilidad, algunos internos estuvieron en el taller y otros estaban afuera jugando al fútbol, en ningún momento se percibió que hubiera tensión o conflictividad. Sin embargo, se había incorporado un menor recién llegado de Buenos Aires y según las versiones este fue quién insto al resto para armar una revuelta. Las celdas han quedado quemadas, los chicos dispersos en algunas comisarías. Cabe señalar que continua sin resolverse el tema de la formación del personal a cargo de los chicos institucionalizados, hechos como el relatado puede prevenirse con solvencia profesional.

9. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE TUCUMÀN

La situación jurídica de los chicos en conflicto con la ley penal no ha variado desde nuestro informe 2008, en el nos hemos referido ampliamente. Cabe destacar sin embargo que si ha aumentado las quejas por malas condiciones de institucionalización. En particular a lo que atañe a las toxicomanías. En efecto, los jóvenes detenidos con problemas adicciones no reciben la adecuada atención y en algunos casos inician el consumo dentro de los institutos de detención, tal como se desprende de las declaraciones de los familiares de los recluidos, del mismo poder judicial y abogados litigantes .

10. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Aunque las autoridades gubernamentales han manifestado un vivo interés por mejorar las condiciones de los chicos en situación de vulnerabilidad no se han constatado avances significativos en la materia. El día 11 de Junio recibimos la información de que nuevamente en el IRAR (Instituto de rehabilitación de Adolescentes de Rosario) ocurre un hecho grave, en virtud de una protesta los chicos alojados en el sector de enfermería. A raíz de un conflicto se prenden algunos elementos como frazadas y colchones. Los chicos privados de la libertad son sacados del lugar por personal penitenciario, y enviados al hospital. Después de las curaciones son remitidos nuevamente al IRAR, uno de ellos presenta quemaduras, los demás trastornos respiratorios por la aspiración de humo. El fuego, no pudo ser extinguido por el personal. Concurrieron los bomberos y la policía. En ese momento entre las 12 y una de la mañana no se encontraba cerca del pabellón que se incendió personal civil alguno. La semana anterior en uno de los sectores los chicos permanecían con el piso lleno de agua, las bajas temperaturas y las condiciones de salubridad deficientes son alarmantes, igualmente la escasa y mala calidad de la comida. Por otra parte es necesario remarcar que algunas tareas que había asumido el personal civil, se están realizando nuevamente por personal del servicio penitenciario de la provincia. Que por otra parte nunca se retiro del contacto con los chicos. A un año y medio de la nueva gestión tenemos que seguir denunciando los mismos hechos. Concurrentemente las falencias en la escuela son medulares para comprender el grado de inoperancia de los funcionarios a cargo del instituto, los chicos manifiestan que la actividad escolar se reduce a 15 minutos.
En la última semana no habían tenido posibilidad de salir al patio, debemos, en este caso tener en cuenta que muchos de los pabellones son totalmente cerrados y fuera de las celdas solo pueden salir a una estrecha galería cubierta. Disfrutar de la luz solar es privilegio al que los chicos encerrados en el IRAR no pueden acceder, Cuando lo hacen esa concesión puede ser suprimida ante cualquier falta. El IRAR no puede asegurar la salud síquica y física de los niños alojados, la falta de competencia en los funcionarios a cargo de esta institución ha quedado de manifiesto con todos los hechos que se vienen sucediendo que implican, sin lugar a dudas reiteradas violaciones a los derechos humanos.
( Continuara)

G. D- O.I.P

“Vulneración de derechos de madres e hijos privados de su libertad” (II)

Por Luma Cijó.

Capítulo II: Problemática

Basarse en el origen de la cuestión social, tomándola como la relación contradictoria entre capital - trabajo, necesariamente es remitirse a las manifestaciones especificas que dicha relación adopta en cada momento histórico. A tal punto de poder observarlas como las generadoras de un conjunto de tensiones, que se expresan en la vida cotidiana de los sujetos afectando sus condiciones de vida y que se terminan constituyendo en obstáculos para el proceso de reproducción social. Dicho impedimento se manifiesta como una necesidad, “… un estado de carencia que lleva implícita la potencialidad de moverse en dirección a su satisfacción…” Cuando la misma no se logra suplir se hacen presentes los problemas, dado que los mismos surgen frente a la insatisfacción de las necesidades.
Se piensa el problema social como aquella situación que afecta a un número importante de personas y que es considerada conflictiva para el conjunto de la sociedad. Los problemas sociales son multidimensionales, se relacionan con la población a la que afectan, con el contexto histórico, político y económico del lugar en el que se generan, y en un ámbito más especifico, con las políticas sociales.
En el presente trabajo se pretende observar la cuestión social en una de sus tantas manifestaciones como lo es la delincuencia. Sullivan toma como problema social el hecho de que un grupo de personas tomen conciencia de una situación injusta que atenta contra sus valores y en respuesta a eso traten de remediarla; se concibe, específicamente, como problema social al ingreso de mujeres a la cárcel a causa de un acto delictivo efectuado, teniendo a cargo a un hijo pequeño. Partiendo de dicha situación problemática, y reconociendo la importancia del vínculo entre madre e hijo en sus primeros años de vida, se procedió a lo largo del tiempo a revaluar dichas situaciones y a destacar la necesidad de dicho lazo.
En un primer momento el problema consistía en la necesidad de reconocer la importancia de la crianza del niño con su madre en sus primeros períodos de vida. Luego de su resolución se introdujeron una serie de factores que modificaron el problema inicial.
Hasta 1996 las madres vivían junto a sus hijos en el interior de la cárcel, en respuesta al reconocimiento de la importancia del vínculo. Pero las demás mujeres jóvenes de 18 a 21 años también permanecían en el mismo pabellón de las madres. Frente a la falta de privacidad de estas mujeres con sus hijos y del impedimento para la crianza, las mismas veían atentados sus derechos.
De una forma más clara se puede ejemplificar con el motín efectuado en la Unidad 31de mujeres ocurrido en 1996, el concepto de problema social definido por Sullivan. El mismo fue una manifestación en protesta por la falta de privacidad y de reconocimiento de la importancia del vínculo, que anteriormente se había considerado como una necesidad. Dichas madres se veían en una situación de injusticia, por lo que la nueva necesidad surgida era resguardar el vínculo materno.
Para tomar a un problema como social, Sullivan también considera necesario que el remedio a esa situación, que atenta contra los valores del grupo, provenga de una acción también grupal. Es decir, que se genere en el seno del propio grupo.
El Estado interviene ante dicha situación a través de la sanción y promulgación de la ley 24.660, en la cual se prioriza el ámbito de crianza de los niños y de la importancia de la privacidad de la madre en su celda. A partir de la oficialización del resguardo del vínculo se procedió a la habilitación de unidades especiales que aguardan a madres e hijos exclusivamente.
El proceso de reconocimiento de un problema social, se inicia con su visualización y se hace hincapié en su importancia para ser considerado como social y finaliza en la fase en donde se hacen presentes las políticas sociales en el ámbito del problema social, elaborándose indicadores y medidas de solución concretas, interviniendo el Estado. Tiene mucha importancia el papel de este último en el sentido que los problemas sociales surgen cuando se instala la cuestión social en la esfera pública y es legitimada por la acción social del Estado. Una situación que no era reconocida como problema social hasta hace unas décadas hoy obtiene respuesta por parte del Estado autonómico, gracias al impulso y a la movilización de un sector de la población que ha conseguido poner en evidencia su situación a través del apoyo de grupos de presión que velan por sus intereses. La objeción que cabe hacer en este aspecto es el peligro de que determinadas cuestiones se “naturalicen” para evitar que se constituyan como problemas sociales. Tomarlos como naturales es limitarse a abordar la situación como un mal endémico para el cual solo cabe invertir en esfuerzos exclusivamente paliativos.
La cuestión social, como menciona Rozas, concebida como una disfunción superable, genera el rechazo a la consideración de que las desigualdades sociales constituyan un producto de la forma de organización de la sociedad, es decir que no comprometan al funcionamiento del sistema como tal. Por lo tanto se ha procedido a una naturalización de las desigualdades sociales, partiendo del supuesto de que una vez instalados los problemas sociales en la agenda política del Estado ellos son reabsorbidos por las virtudes del propio sistema.
Como sujetos intervinientes en la problemática se pueden encontrar en especial la madre con su hijo y como institución el Sistema Penitenciario. Es posible reconocer, al adentrarse en el sujeto madre y su vinculación con el Sistema Penitenciario, que surge una variable de conexión entre ambos sujetos, como lo es la discriminación de género. A partir del análisis de este fenómeno, a la mujer, como sujeto prácticamente se le adjudica un lugar al interior del Sistema Penitenciario en comparación del sexo masculino.
El Comité contra la Tortura a lo largo del tiempo y hasta la actualidad, ha ido observando el estado generalizado y persistente de indefensión en la que se encuentran las mujeres detenidas. El mismo esta determinado por la falta de contacto con sus defensores y los jueces a cuya disposición se encuentran ellas y los hijos que están bajo sus cuidado, la ausencia de circuitos de información sobre el estado de sus causas y la de sus hijos que quedan extramuros al cuidado del Estado, la extrema prolongación de los procesos y también por la invisibilidad absoluta en el procedimiento penal de violencia que han sufrido muchas de las mujeres detenidas, que fueron el contexto de los hechos que penalmente se les reprocha. Los procesos penales no poseen instancias que permitan visualizar las problemáticas de género y en los pocos casos en que surgen indicios de ellas, no son tenidas en cuenta para la resolución de las causas. No se registran las particularidades que tienen las mujeres como sujetos del Derecho Penal, lo que las convierte en un grupo sometido a situaciones de discriminación ante el poder punitivo. Por ejemplo para las mujeres acusadas de cometer delitos una historia de violencia puede ser relevante para su defensa, sin embargo la minimización de la violencia y el desconocimiento de las particularidades refuerzan el problema de discriminación.
La incorporación específica del análisis de género debe ser tenida en cuenta en la defensa de las mujeres, a fin de poder hacer valer adecuadamente los derechos de las mismas frente a un sistema de justicia penal masculinizado.
Desde otro punto de vista, la sanción de la ley 24.660, la cual habilita a las madres a convivir con sus hijos dentro de la cárcel hasta que estos cumplen la edad de 4 años, manifiesta una reivindicación de derechos de las mujeres y sus hijos. La posibilidad de que ambos puedan permanecer juntos en las unidades carcelarias presenta un reforzamiento de la función materna de las mujeres detenidas, una reafirmación de aquellos valores morales que la mujer no debe abandonar aún en su detención.

L. C