(Aram Aharonian)
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> ALAI AMLATINA, 25/08/2010.- La presidenta argentina, Cristina Fernández
> de Kirchner, denunció públicamente la apropiación ilegal de la empresa
> Papel Prensa SA por parte de los dueños de los diarios Clarín, La Nación
> y La Razón durante la última dictadura militar (1976-1983), y explicitó
> los acuerdos entre éstos y la junta militar que presidía Jorge Rafael
> Videla, al difundir un extenso informe basado en documentos originales.
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> Tras sancionar la ley de servicios de comunicación audiovisual, que
> terminó con los oligopolios mediáticos y tras 33 años de silencios
> cómplices e impunidad, la Presidenta anunció que envió a la justicia
> esta información y al Parlamento un proyecto de ley que declara de
> interés público la producción de pasta de celulosa y papel para
> periódicos en este país.
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> ¿Qué pasó en 1976? Los dueños de los tres principales diarios de esa
> época se apropiaron, en complicidad con el Estado terrorista, de la
> empresa que las permitiría monopolizar la producción de papel para
> diarios en la Argentina, una especie de dictadura contra la libertad de
> expresión.
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> En esa maniobra realizada en el tramo más brutal y fundacional de la
> dictadura, se apeló a la tortura y el secuestro de los accionistas
> originales de la empresa, y fue parte de la alianza estratégica entre la
> Junta militar y los personeros de los grupos económicos-mediáticos más
> grandes de la Argentina, que necesitaban del terrorismo de Estado para
> eliminar la disidencia política y social que se oponía a sus intereses.
> Los dictadores, garantizaban la prensa silenciada y medios cómplices de
> sus acciones.
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> La Presidenta fue más lejos: no se trata de un decreto de expropiación
> (que era quizá lo que esperaba la derecha), sino, con pruebas en mano
> (más de 20 mil fojas en el que se detallan los pormenores del despojo)
> apeló a la transparencia y puso el tema en el tapete político, en la
> agenda de los poderes legislativo y judicial. El proyecto legislativo
> insta a la formación de una comisión parlamentaria, con representantes
> de todos los partidos, para controlar el cumplimiento de lo que sería un
> trato igualitario que democratice la información.
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> Sin duda, el lenguaje periodístico-político opositor se ingeniará para
> calificar ese recorrido que democratiza la palabra como autoritario,
> arbitrario, totalitario, chavista, adelanta el analista Mario Wainsfeld.
> Pero algunos dirigentes de la oposición fueron cautos: el radical
> Ricardo Alfonsín consideró que la mandataria "hizo lo que tenía que
> hacer" al presentar el informe ante la Justicia, pero prefirió no opinar
> "sobre la cuestión de fondo" por no poseer "elementos de juicio”.
> Coincidió con el gobernador socialista Hermes Binner, en respaldo a la
> decisión de concurrir a la Justicia para profundizar la investigación.
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> Este seguimiento parlamentario debe hacerse por medio de un marco
> regulatorio que nunca se hizo, dijo, y añadió que los miembros de esa
> comisión podrán participar como observadores de las reuniones del
> directorio de Papel Prensa. El objetivo es darle un trato igualitario a
> todos los diarios del país, buscando ampliar la capacidad de producción
> de Papel Prensa para que no haya más importación. Con esta decisión, la
> Presidenta obligará a todo el arco opositor a discutir sobre un proyecto
> esencial “para la libertad de prensa”, tal como fue definido por la
> propia mandataria.
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> Al comenzar su presentación, la mandataria mostró ante todos las
> portadas de Clarín y La Nación de este día que dicen que el gobierno
> avanza sobre Papel Prensa para controlar la palabra impresa con lo cual
> están reconociendo, sostuvo, que ese control en realidad hoy está bajo
> los accionistas mayoritarios de esa Papel Prensa, que son ambos diarios.
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> La investigación de la Comisión Especial demostró cómo esos medios, que
> hoy mencionan el tema de la seguridad jurídica, firmaron la compra de
> las acciones a una familia, como la del banquero David Graiver, muerto
> en un sospechoso accidente en México en agosto de 1976, familia que
> luego sería secuestrada y torturada, y de otros empresarios que
> corrieron la misma suerte también a fines del 76 y principios del 77.
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> La presidenta se refirió a documentos donde los mismos directores de
> Clarín y La Nación cuando pasaron a controlar Papel Prensa reconocieron
> los acuerdos previos con la junta militar, con la cual brindaron, como
> se registra en diversas fotografías de la época, en las que se ve a
> Bartolomé Mitre de La Nación y a Ernestina Herrera de Noble, actual
> directora de Clarín, brindando con el dictador Videla.
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> Ambos directivos se beneficiaron luego de la quiebra del diario La
> Razón, en 2000, y mediante un pacto se aseguraron el control accionario
> de Papel Prensa, montando así un monopolio en perjuicio de todos sus
> competidores.
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> Cristina Fernández dijo que se demostró que Lidia Papaleo de Graiver,
> viuda de David Graiver, el dueño de Papel Prensa, fue forzada bajo
> torturas en el centro clandestino de detención Puesto Vasco a firmar la
> cesión de la empresa a sólo unos días de que la junta militar decidiera
> la interdicción de los bienes de esa familia, ya que una vez tomada esta
> medida no se iba a poder concertar la negociación. El objetivo de los
> secuestros fue que los Graiver ni sus socios cobraran siquiera el precio
> vil que le habían puesto a sus acciones,
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> El síndico general de la nación, Daniel Reposo, dijo previamente que el
> informe dejó al descubierto la connivencia de sectores del poder civil
> con la dictadura, apropiándose de bienes de personas en total estado de
> indefensión, como es el caso de Lidia Papaleo de Graiver, que más
> adelante fue detenida entre 1977 y 1982, años en los que fue
> reiteradamente torturada y violada.
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> “Estando desaparecida (…) me llevaban a declarar envuelta en una manta
> gris, porque estaba totalmente quemada, perdí mis pechos, mi abdomen y
> también mis genitales durante la tortura y me operaron en la cárcel de
> un tumor cerebral por los golpes que recibí”, declaró Lidia Papaleo
> durante la investigación.
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> Lidia fue obligada a vender las acciones de la papelera (las que le
> correspondía por la sucesión) el 2 de noviembre de 1976. “Lidia debía
> presentar un escrito ante el juez de menores, en representación de su
> hija, que era menor de edad. Pero el magistrado nunca aprobó la venta.
> Sin embargo, a los cinco días de firmar el último papel, la detienen”,
> contó la Presidenta. Eso fue en marzo de 1977.
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> La serie de irregularidades incluye la venta a una empresa de papel
> (valga la redundancia) como Fapel, que luego desaparece para surgir bajo
> los nombres de los compradores reales: los dueños de Clarín, La Nación y
> La Razón. Cristina Fernández recordó que 28% de acciones que
> minoritariamente posee el Estado no son de un gobierno, ni de este, ni
> de otros”, y pidió a la Procuraduría del Estado y a la Secretaría de
> Derechos Humanos que hagan presentaciones judiciales con estos expedientes.
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> “Yo tengo la certeza de cómo sucedieron las cosas, pero son los jueces
> los que deben juzgar y los que pueden condenar. Creo en serio en la
> división de los poderes del Estado y en la posibilidad de superar esta
> situación que lleva 33 años de oscurantismo y ocultamientos”, concluyó.
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> “Con la Justicia por un lado, y el Parlamento por el otro, estamos
> confiados en que la democracia pueda pasar esta prueba. Queremos una
> democracia sin tutelaje y una sociedad sin miedo”, concluyó la mandataria.
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> Durante décadas, Papel Prensa controló el mercado con prácticas
> monopólicas. El Estado nacional fue un socio bobo, mudo y sumiso ante un
> poder fáctico superior al de sucesivos gobiernos, dictatoriales o
> democráticos, señala Wainsfeld en Página 12.
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> El Congreso deberá analizar un proyecto de ley (cuyo texto no se conoce
> aún) declarando de interés público la producción de papel para diarios y
> formando una comisión bicameral para el seguimiento de esa actividad.
> Mientras, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de
> Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, tendrán a su cargo la misión de
> preparar la vía judicial, para terminar con tanta impunidad y demandar a
> quienes cometieron crímenes de lesa humanidad para beneficiarse
> económica y políticamente.
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> - Aram Aharonian es periodista uruguayo-venezolano, fundador de Telesur,
> director del Observatorio en Comunicación y Democracia (ULAC)