Por Jorge Capelán
El 15 de julio de 2010 un grupo de ONGs de derechos humanos y grupos religiosos
estadounidenses (1) enviaron una carta a la Secretaria de Estado Hillary Clinton
acerca de la situación en el país centroamericano planteando una serie de
demandas para que “el gobierno y el pueblo de Honduras [retomen] totalmente el
camino de la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno”.
Las organizaciones firmantes de la carta dicen:
* Que en Honduras se han cometido "graves violaciones de los derechos humanos
(...) desde la asunción al gobierno de Porfirio Lobo Sosa el 27 de enero de este
año".
* Que "muchas de las personas amenazadas, atacadas y asesinadas pertenecían al
Frente Nacional de Resistencia Popular o se oponían de otra forma al golpe de
estado que tuvo lugar el 28 de junio de 2009".
* Da los nombres y datos de ocho de los asesinados, activistas sociales,
dirigentes de la resistencia al golpe de estado y ex-miembros del gabinete del
derrocado presidente Manuel Zelaya.
* Que “los activistas también han informado sobre ataques en los que se les ha
amenazado por su actividad política.”
* Que, según la CIDH, también 'se está secuestrando, atacando y amenazando a
hijos de dirigentes del Frente de Resistencia, como estrategia para silenciar la
resistencia.'
* Da los nombres y datos de diez periodistas asesinados constatando que “Los
periodistas (...) siguen enfrentando amenazas de muerte” de parte de los
golpistas.
* Que “los defensores de derechos humanos son el blanco específico de amenazas
de muerte y otros actos de intimidación” y que “en los primeros seis meses de la
administración Lobo, prácticamente ninguna de las violaciones que tuvieron lugar
después del 28 de junio se está investigando seriamente.”
* Que “además, el gobierno hondureño no ha podido implementar medidas de
protección efectivas para las personas en riesgo según fue ordenado por la
CIDH.”
* Que “la libertad de expresión también está sometida a las restricciones” por
parte del gobierno, que puede clausurar medios de prensa, y de la Suprema Corte
de Justicia que destituyó a cuatro jueces que abiertamente se opusieron al
golpe.
* Que “...se trata además de la falta de acción por parte del Estado de
Honduras para hacer frente a estos abusos y realizar las reformas necesarias”,
lo que hace que se genere “un efecto intimidatorio para el ejercicio de la
libertad de expresión y de reunión.”
Hasta ahí todo bien ¿no? Bueno, no tanto. No nos dejemos encandilar por el
reconocimiento de los crímenes de los golpistas y de los actuales gobernantes de
Honduras. Es que a la par de lo que dicen las ONGs en su carta a la Secretaria
de Estado, hay algunas cosas muy importantes que no dicen.
Por ejemplo, no dicen que Porfirio Lobo Sosa fue nombrado tras unas elecciones
que:
* Tuvieron lugar bajo una situación de suspensión de garantías constitucionales
y represión extrema mientras que los que rechazaban el golpe del 28 de junio de
2009 y llamaban “farsa” a esas elecciones, eran salvajemente reprimidos,
perseguidos y hasta asesinados. (hecho, éste último, que las mismas ONGs
firmantes reconocen).

* Tuvieron lugar mientras que los gobernantes que depuestos tras el golpe
estaban – y aún están – impedidos de ingresar al país.

* Tuvieron lugar a pesar de que nunca se cumplió la condición establecida por
los Acuerdos de San José-Tegucigalpa, de que los partidarios del depuesto
presidente Manuel Zelaya deberían estar de acuerdo con su realización.

* Habían sido boicoteadas de hecho tanto por la resistencia como por la
Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA y el Centro Carter.

* No hubo observadores internacionales en excepto los del Instituto Democrático
Nacional estadounidense financiado por los propios Estados Unidos, acusado de
haber instigado el golpe.

* El Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE), designado ilegalmente por
los golpistas, hizo públicos unos resultados absolutamente sospechosos. Las
cifras del TSE y las de la red de ONGs contratada por el gobierno estadounidense
para legitimar el proceso Hagamos Democracia coincidieron con sorprendente
exactitud, pero no menos sorprendente fue la divergencia entre sus cifras de
participación: Al dar por ganador a Pepe Lobo con el 61,89% de las mesas
escrutadas, el TSE hablaba de una absurda participación de más del 60 por
ciento, mientras que las ONGs del Departamento de Estado daban un algo menos
absurdo 48-49 por ciento, cifra a la que el TSE terminó ajustándose en su
informe final. Según fuentes de la Resistencia, la participación fue del 21.5%.
(2)

* Es imposible saber cuánta gente realmente participó en la “elección”, pero no
es imposible imaginarse que muchos fueron a las urnas por miedo a la represión,
a ser despedidos por sus patrones golpistas o a ser objeto de otras represalias.
En síntesis, los firmantes de la carta a la Secretaria de Estado, a pesar de
constatar una serie de evidentes, masivos y brutales crímenes “tolerados” por la
administración de Pepe Lobo, omiten lo más obvio para cualquier observador
desapasionado; es decir, que las elecciones fueron una farsa, que el gobierno de
Lobo es en sí y de por sí ilegítimo, que el sistema imperante en Honduras no es
más que el producto de un proceso de normalización del golpe de estado del 28 de
junio de 2009, que lo único que el actual gobierno de Tegucigalpa puede hacer
para encaminar al país hacia la democracia y el estado de derecho es
autodisolverse y, por último, que la gran promotora de la idea de la legitimidad
el régimen de Lobo es, precisamente, la Secretaria de Estado Hillary Clinton.
Sigamos con la carta:
En la misiva, las ONGs firmantes piden al gobierno de Estados Unidos:
* “...denunciar de forma sistemática y pública las violaciones que tienen lugar
en Honduras contra los defensores de los derechos humanos, los activistas
sociales y los periodistas.”
* “...condicionar el suministro de asistencia a Honduras a la realización de
una inmediata investigación de estos casos y a la adopción de medidas efectivas
para asegurar que se ponga fin a estos abusos.”
* “...a alentar las reformas necesarias” como “la derogación del decreto
#124-2009” que permite al gobierno cerrar medios que emitan mensajes que
“generen (…) un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático”, y
el retiro de los militares de funciones civiles y policiales.
* “alentar al gobierno hondureño para que acepte el establecimiento de una
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
con amplio mandato para fortalecer el estado de derecho y para que brinde su
apoyo a dicha oficina luego de su establecimiento.”
Todo eso suena muy bonito, pero:
¿Dónde está, por ejemplo, la demanda de garantizar a la brevedad posible las
condiciones para el regreso al país del depuesto presidente Manuel Zelaya y
todos sus ministros, libres de toda represalia? ¿Qué se dice de la demanda de
amplios sectores populares de llamar a una asamblea constituyente? ¿Cuáles
serían los órganos encargados de juzgar y castigar los crímenes cometidos, sino
los de un sistema judicial que ayudó a perpetrarlos?
Pero hay otro hecho que afea aún más la aparentemente noble intención de la
carta. Porque esta carta está dirigida a la jefa de la política exterior de un
estado que, independientemente de lo que ella en lo personal piense o diga
pensar:
* A lo largo de la historia ha puesto y depuesto presidentes a su antojo en
Honduras, defendiendo a sus empresas multinacionales y a las élites criollas que
les sirven.
* Desde hace casi 100 años tiene bases militares en el país, especialmente hoy
en día, con la estratégica base de Palmerola que, “casualmente”, el depuesto
presidente Manuel Zelaya, un año antes del golpe había anunciado sus intenciones
de cerrar, y del hecho de que desde el 27 de enero cuando Lobo asumió la
presidencia, el Comando Sur de los EE.UU ha financiado y supervisado la
construcción de una base naval en la Mosquitia y estará avalando la construcción
de otra base naval en la isla Guanaja en la Costa Atlántica.(3)
* Probadamente financió, apoyó y hasta dirigió a los grupos que dieron el
golpe.
* Inicialmente, puso cara de asombro ante el golpe de estado del 28 de junio de
2009, al que luego se negó a llamar por su nombre lo más que pudo – y cuando lo
hizo fue de pasada, como restándole importancia, para terminar hablando de
“situación” y otros eufemismos.
* Hizo caso omiso de las resoluciones de organismos regionales e
internacionales como el SICA, la OEA, UNASUR, y la Asamblea General de la ONU e
impulsó un proceso dilatorio de “diálogo” entre los golpistas y el depuesto
presidente que no llevó a nada que no fuese ganar tiempo para hacer unas
elecciones amañadas que luego aplaudió de todo corazón.
Lo que proponen las organizaciones firmantes apoya objetivamente una variante de
lo que en la historia de la vecina Nicaragua se conoce como “somocismo sin
Somoza,” que fue la fallida estratagema de los Estados Unidos de intentar pactar
una salida del poder de su protegido, el dictador Anastasio Somoza a espaldas
del Frente Sandinista, que era la fuerza que estaba llevando adelante la lucha
junto a todo el pueblo nicaragüense.
La idea de los EE.UU era la de librarse de un dictador genocida que le estaba
empezando a dar mala imagen internacional y que se veía incapaz de contener la
masiva resistencia popular con caras menos quemadas y representantes de la misma
élite que se había favorecido durante décadas de la dictadura.
Esa es la estrategia que hoy, con medios mucho más sofisticados, está
implementando el Departamento de Estado en Honduras y la carta del grupo de ONGs
a la Secretaria de Estado es un elemento más que la apoya:
Cambio de algunos nombres, cambio de algunas caras, exclamaciones indignadas de
“¡cómo pudieron cometerse actos tan crueles!”, cárcel para algún golpista (o,
probablemente, para oficiales de menor rango), más medios propiedad de los
propios golpistas para dar la impresión de variedad y pluralismo, reinserción
política y social de aquellos que doblen la cerviz y acepten un lugarcito bajo
el sol a cambio de vivir en una democracia vigilada y continuada represión,
terrorismo de estado e impunidad contra aquellos que sigan reclamando una
refundación del país que termine con el oprobioso status quo instaurado por los
Estados Unidos hace mucho, mucho tiempo.
Todo lo que venga después en materia de represión, impunidad y continuadas
violaciones a los derechos humanos será achacado a algún problema congénito de
los y las hondureñas para vivir en paz, armonía y democracia, al narcotráfico,
al “terrorismo internacional” o a lo que sea. Y, por supuesto, igual que siempre
se seguirá proveyendo a las “fuerzas del orden” de todos los medios técnicos
para, a su manera, continuar con la labor de “promover los derechos humanos y
construir la democracia” en el país.
Apenas una semana después de enviada la carta, los Estados Unidos montaban una
farsa con el reconocimiento al régimen de Pepe Lobo por parte de todos los
países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) menos uno,
Nicaragua Libre. El derrocado presidente Manuel Zelaya dijo que los presidentes
centroamericanos que se prestaron a la farsa, "insultan al pueblo hondureño" al
desconocer lo que pasa en el país.
Dicho “reconocimiento”, de por sí ilegal, ya que las decisiones del órgano sólo
pueden ser tomadas por consenso, es una grave violación al proceso de
integración del istmo con la que los Estados Unidos esperan torcerle la mano a
la OEA y, más tarde, al resto del mundo para que pronto se olvide que alguna vez
hubo un golpe de estado en Honduras. Con un eventual reconocimiento a Honduras
del SICA y de la OEA, Zelaya ya no tendrá fuerza alguna para negociar su regreso
al país.
La lista de firmantes de la carta (2) es extensa. Abundan en ella nombres nobles
y respetables, y hasta alguno que otro con credenciales de denuncia a las
atrocidades estadounidenses en América Latina.
Sin embargo, entre las firmas salta a la vista una muy especial: la de Joy
Olson, Directora Ejecutiva de la Washington Office on Latin America (WOLA), un
influyente grupo “liberal” de cabildeo estadounidense.
La antropóloga Adrianne Pine, en un excelente trabajo sobre la organización (3),
constata que “aunque muchos latinoamericanos creen que el papel de Estados
Unidos en Honduras es continuación de las medidas imperialistas que ha adoptado
en la región durante el siglo pasado, en el caso de Honduras se aprecia un nuevo
giro: gran parte de la labor que realiza en la sombra el Departamento de Estado
la lleva a cabo una de las ONG defensoras de los derechos humanos más respetada
en Washington:” La WOLA.

NOTAS:

(1) http://www.democracyinamericas.org/pdfs/Carta_a_Clinton_Honduras_15_de_j...

(2)
Resultados preliminares del TSE:
http://www.elmundo.es/america/2009/11/30/noticias/1259544660.html
Resultados oficiales del TSE: http://consulta.tse.hn:2185/Resultados.aspx
Informe oficial de HD:
http://hagamosdemocracia.hn/dwnls/pdf/informe_final_observacion_electora...

Participación según la Resistencia:
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article11472

Entrevista del periodista Dick Emanuelsson a HD:
http://dickema24.blogspot.com/2009_12_03_archive.html

(3) http://ellibertador.hn/Nacional/4105.html

(4) Los firmantes de la carta son el Reverendo Michael Kinnamon, Secretario
General del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos ,
Robert White, Presidente del Center for International Policy , Viviana
Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) , Jean Stokan, Director del Equipo de Justicia de la
organización Sisters of Mercy of the Americas , Jenny Atlee, Coordinadora del
Quixote Center, James E. Winkler , Secretario General, Junta General de Iglesia
y Sociedad de la Iglesia Metodista Unida , Joy Olson, Directora Ejecutiva de la
Washington Office on Latin America , Sarah Stephens , Directora Ejecutiva del
Center for Democracy in the Americas , Wayne S. Smith , Miembro numerario del
Center for International Policy , Mark W. Harrison , Director del Programa de
Paz con Justicia de la Junta General de Iglesia y Sociedad Metodista Unida ,
Valerie Novak , Representante de la Comisión para América Latina y el Caribe de
la Comunidad Loretto , Abigail Poe , Subdirectora del Center for International
Policy , Amanda Martin, Director de la Guatemala Human Rights Commission/EE.UU.,
David Kane, Asociado para América Latina y Justicia Económica de la Oficina
Maryknoll para Asuntos Globales , Stephen Coats, Director Ejecutivo del Proyecto
de Solidaridad Laboral en las Américas (USLEAP) , Timi Gerson , Directora de
Incidencia del American Jewish World Service , Sharon Hostetler , Directora
Ejecutiva de la organización Witness for Peace , Pam Bowman , Coordinadora
Legislativa y de Investigación de SOA Watch , T. Michael McNulty, SJ , Director
de Justicia y Paz de la Conference of Major Superiors of Men (CMSM) , Tom Loudon
, Miembro de la Junta Directiva de la U.S.-Nicaragua Friendship Office , Martin
Shupack , Director de Incidencia del Servicio Mundial de la Iglesia , Michael
Neuroth , Defensor de Políticas sobre Temas Internacionales de los Ministerios
de Justicia y Testimonio de la Iglesia Unida de Cristo , Mark Weisbrot,
Co-Director Ejecutivo del Center for Economic and Policy Research , Tracey S.
King , Presidente del Ecumenical Committee of English speaking Church Personnel
in Nicaragua, Manuel Pérez Rocha, Asociada numeraria del Proyecto Economía
Global del Institute for Policy Studies , Roz Dzelzitis , Directora Ejecutiva de
May I Speak Freely Media y James Vondracek, Director Ejecutivo de la Chicago
Religious Leadership Network on Latin America .

(5) “La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos contra la democracia
hondureña - El pulso del planeta” de Adrianne Pine, Rebelión, 25-04-2010.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104722
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