(Manuel Mosquera)

El estado paramilitar forma parte de la doctrina de seguridad nacional del imperio y, en América Latina, se expandió a partir de los años 70 del siglo pasado; sirvió para aplicar el neoliberalismo después de derrotar al movimiento popular y destruir a la izquierda y a los movimientos alzados en armas. En estos años de terror se asesinaron a cerca de 70 mil personas en el Perú

Las matanzas ocurridas en las últimas décadas en Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, El Salvador, Guatemala y Uruguay, sirvieron para que en nuestros países los grandes grupos de poder económico, nacionales e internacionales, pudieran saquearlos, esclavizar a la población, degradar la vida de los pueblos y condenar a millones de personas a vivir en la más extrema pobreza, consolidándose de esa manera el poder de las organizaciones financieras internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como también la corrupción y el narcotráfico.

La organización de la internacional del terror, mediante el llamado "Plan Cóndor", estuvo constituido por los servicios de inteligencia de Latinoamérica, los cuales realizaron una serie de secuestros y asesinatos de militantes y activistas sociales.

En el Perú, el estado paramilitar se encuentra asociado con la organización del neoliberalismo. Ya en el régimen de Francisco Morales Bermúdez, el país pasó a estar bajo el control del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Las medidas nacionalistas y antiimperialistas, que se habían realizado durante 1968-1975, fueron totalmente desmanteladas para entregarle el poder a la oligarquía. Las políticas de ajuste estructural tuvieron una gran resistencia del movimiento popular, el que a pesar de los despidos, encarcelamiento, asesinatos de dirigentes populares, como el de Aurora Vivar, del toque de queda y la militarización del país, resistió e inició una serie de movilizaciones y paros nacionales y regionales que remecieron totalmente al Perú y derrotaron al gobierno de Morales Bermúdez, el que para salir de la crisis política en que se encontraba su régimen, conjuntamente con el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano, redefinió las alianzas políticas al interior de las clases dominantes, encontrando en la Asamblea Constituyente de 1978, el medio para afianzar su poder, e integrar a un sector importante de la izquierda peruana a la estructura del estado, tratando así de calmar la ira popular contra sus políticas de hambre y terror.

Fue durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry (1989-1985), que el neoliberalismo se consolidó. En su campaña electoral, Belaúnde había prometido un millón de empleos, sin embargo, al asumir su mandato presidencial, lo que hizo fue restaurar el poder de la oligarquía que había sido desmantelada por el gobierno democrático-nacional de Velasco y proseguir con las políticas de ajuste estructural dictadas por las instituciones financieras internacionales.

En esos años, Sendero Luminoso inició una fraticida rebelión armada, la que con el correr de los años se convirtió en un movimiento terrorista; bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, el Estado Peruano inició una estrategia genocida para desaparecer a los dirigentes en el campo y la ciudad, y destruir a la izquierda en general.

El asesinato de los periodistas en Uchurahay y el posterior encubrimiento de esta masacre por parte de la comisión investigadora, presidida por Mario Vargas Llosa, fue el punto de partida de las matanzas en nuestra Patria.

La crisis económica producida por las políticas neoliberales, llevadas a cabo por Manuel Ulloa, Pedro Pablo Kuczynski y Rodríguez Pastor, así como el estallido de la crisis de la deuda externa en Latinoamérica, produjo la quiebra económica del Perú en 1983, lo que agudizó los conflictos sociales y la desesperación de un amplio sector popular, produciéndose la constitución de nuevas organizaciones alzadas en armas, como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Fue en el primer gobierno de Alan García Pérez (1985-1990), que la política de exterminio, por parte del Estado y la crisis económica, agudizaron a tal extremo la violencia social y política que se organizaron una serie de escuadrones de la muerte, como el "Rodrigo Franco", sucediéndose grandes matanzas, que afectaron a comunidades enteras como la de Cayara y a los militantes de Sendero Luminoso en las cárceles del Frontón y Lurigancho.

Fujimori, privatizaciones y grupos paramilitares

Alberto Fujimori, durante el primer gobierno aprista, fue apoyado por este partido para asumir la presidencia de la "Asamblea Nacional de Rectores", fue miembro de la "Comisión Nacional de Plan de Gobierno del Partido Aprista" (CONAPLAN). Incluso, llegó a tener programa propio en la televisora del Estado.

Mario Vargas Llosa, en su obra "Como el Pez en el Agua", al hacer un recuento de su participación política como candidato de la derecha peruana, indica que fue el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a pedido de Alan García, el que diseñó la campaña presidencial de Fujimori.

Una vez que éste asumió el gobierno, 1990-2000, aplicó las políticas neoliberales que habían sido el eje de la campaña de Vargas Llosa y dentro del parlamento, afianzó su alianza con el Partido Aprista para impedir el enjuiciamiento a García Pérez por corrupción.

Las políticas de conformación de grupos paramilitares y de genocidio tuvieron en la dictadura fujimontesinista, su más sombría expresión. Además, se articuló con prácticas genocidas, entre las poblaciones indígenas-campesinas y urbanas populares, mediante punitivas acciones de contraconcepción, como el ligado a las mujeres.

El terrorismo de estado y las matanzas se acrecentaron en medio de una gran crisis económica y política en la que el auto golpe del 5 de abril de 1992 permitió consolidar al régimen cívico militar, e iniciar una ofensiva contra el movimiento popular, Sendero Luminoso y el MRTA, desbaratando a estos grupos y con las capturas de Abimael Guzmán y Víctor Polay, y los principales dirigentes de estas organizaciones, se inicio la derrota táctica y estratégica de estos proyectos militaristas y foquistas

Durante estos años la inteligencia militar y los grupos paramilitares, como el grupo "Colina", se dedicaron a perseguir, hostigar y asesinar a dirigentes sindicales, barriales y estudiantiles, entre ellos el asesinato de Pedro Huillca a manos del grupo "Colina". Las matanzas se extendieron a familias enteras, como la de Martín Rodríguez Gutiérrez, dirigente campesino en Huaura, y a periodistas como Pedro Yauri en Huacho.

En los Barrios Altos, el grupo "Colina" asesino a quince personas, entre ellas a Javier Rojas, un niño de ocho años de edad, así como a su padre, e hirió a cuatro personas de gravedad. En el penal "Castro Castro", se ejecutó el llamado plan "Mudanza" que culminó con el asesinato de 41 reclusos acusados de pertenecer a Sendero Luminoso. En la Universidad Nacional "Enrique Muñoz y Valle", conocida como la "Cantuta", el grupo "Colina" asesinó al docente Hugo Muñoz Sánchez y a nueve estudiantes.

Las matanzas ayudaron a la aplicación, sin cortapisas, del neoliberalismo en toda su profundidad, se orientaron a crear el terror entre el pueblo y especialmente entre los hombres y mujeres de izquierda, dirigentes sindicales y barriales.

Asesorados por el BM y el FMI, se inició un corrupto proceso de privatizaciones, se destruyó el empleo, dejando a cientos de miles de trabajadores sin trabajo, se liquidaron los sindicatos, cambiaron por completo las leyes laborales, acabando de un plumazo con los derechos sociales de los trabajadores y del pueblo peruano, privatizaron y destruyeron el sistema educativo, el de salud y la seguridad social, convirtieron totalmente al país en un narcoestado. Traficaron con el hambre y la salud del pueblo, profundizaron la corrupción y robaron impunemente los bienes de la nación y, por último, pusieron a nuestro país de rodillas ante las transnacionales y la oligarquía pinochetista.

En estos años en que el juicio a Alberto Fujimori y a los grupos paramilitares, destapó toda la política paramilitar del estado peruano, se hace necesario desmilitarizar el Perú, teniendo presente que la estructura paramilitar está todavía intacta. Debido a que el gobierno de Alejandro Toledo, para mantener el neoliberalismo empleó a toda la alta tecnocracia que desde fines de los años 70 se convirtió en sus arquitectos. Este gobierno se dedicó a elaborar toda una legislación punitiva que criminalizaba la protesta social, boicoteo el trabajo de los procuradores anticorrupción, protegiéndose y protegiendo en última instancia a Alan García y a su ex secretario personal. Agustín Mantilla, acusados no sólo de corrupción, sino también de genocidio

Toledo no depuro a las fuerzas armadas, se mantuvo la misma estructura que se devoró a la sociedad peruana, a pesar del Informe de la Comisión de la Verdad. Pero tampoco investigó y encarceló al sector oligárquico que se había beneficiado de la estafa al país del Plan Brady y el manejo de la deuda externa y las privatizaciones. Tampoco quiso cambiar la constitución fujimorista, a pesar que a esta le quitaron la firma de este criminal de guerra.

El segundo gobierno Aprista, conducido por Alan García, representa la restauración de las alianzas políticas que afirmaron al régimen Fujimontesinista y el nuevo desarrollo de la militarización del país, sin el cual no podrían las grandes empresas y los grupos oligárquicos de mantener su dominio y atacar a los movimientos y gobiernos patrióticos existentes en América Latina

El gran reto de la izquierda es ser GOBIERNO Y PODER. Para lograr tal fin, se debe re-formular sus estrategias políticas y sociales y especialmente lograr su unidad y la del pueblo para derrotar todos los proyectos de la oligarquía y el imperialismo, y poder constituir un gobierno patriótico y democrático. Lo que significa deslindar con el caudillismo y el sectarismo existente en su interior, también debe deslindar con las prácticas criminales de Sendero Luminoso, denunciar a su dirección, especialmente el colaboracionismo de Abimael Guzmán, que con su predica terrorista, llevó a la liquidación de toda una generación de jóvenes de izquierda.

El APRA mediante el gobierno de Alan García trata de perpetuar las políticas de exterminio social diseñadas desde el pentágono, para mantener el saqueo del Perú. Por el bien del país y la vida de millones de personas, el movimiento patriótico peruano y su intelectualidad, debe impedir la perpetuación del régimen del terror.