(Fernando Dorado)

Popayán, 1º de septiembre de 2010
En Colombia se cree que gobernar consiste en aprobar leyes. “Qué
eficiencia la del gobierno de Santos”, decía un periodista al comentar
que ha presentado ante el Congreso varias reformas constitucionales y
ha radicado numerosos proyectos de ley. Es prototipo del “espíritu
santanderista” elogiado como un gran valor de nuestra democracia
republicana.
Tenemos una Constitución con 380 artículos y 60 artículos
transitorios. En el escaso tiempo de vigencia - 19 años -, ha sido
reformada más de 25 veces. “Está despedazada estructuralmente”, dicen
los expertos. Además, en tres semanas de sesiones del Congreso se han
inscrito 170 proyectos de ley para su trámite y 17 proyectos de actos
legislativos. Es una locura… ¡una verdadera orgía legislativa!
Se gastan en funcionamiento de concejos municipales, asambleas
departamentales y Congreso de la República, más de 300.000 millones al
año. Es el costo de sostener una apariencia de democracia. “Se eligen
los ‘honorables’ y no se vuelven a ver”, dicen los electores. No
existe participación de la sociedad. Los representantes que ejercen
control político, son excepcionales. Casi todos terminan amangualados
con los gobernantes.
El sector judicial y el poder público (contralorías, procuradurías,
personerías) absorben más de 2 billones del presupuesto nacional, pero
la corrupción crece. Funcionarios y contratistas se roban algo más de
esa misma suma. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad se gastan un
15% del presupuesto en represión, pero el crimen y el delito se
incrementan a diario.
Estudios jurídicos y sentencias de altas cortes, no sirven de nada.
Fiscales, cárceles, juicios, penas, extradiciones, y miles de leyes no
consiguen detener la avalancha de ilegalidad que consume a nuestra
sociedad. ¿Qué pasa?
La ilegalidad “legal”
Los grandes empresarios y transnacionales aprovechan esa debilidad
institucional. Pagan a políticos para hacer leyes que les otorgan
óptimas condiciones de inversión. Obtienen así, pingües ganancias.
Aceptan - de mala gana -, la aprobación de normas sobre derechos
sociales, culturales y laborales, defensa del medio ambiente y otras,
pero siempre terminan violándolas. Sobornan a funcionarios regionales
y locales, o compran con pequeños favores y migajas a las mismas
comunidades afectadas por sus actos ilegales.
Ejemplo en el Cauca es lo que ocurre con Smurfit-Kappa (Cartón
Colombia) y los Ingenios Azucareros. Leyes especiales les permiten
estar entre las empresas más rentables del país. Zonas francas,
exenciones tributarias, construcción de obras de infraestructura
exclusivas para su beneficio – como ocurre ahora con el “ferrocarril
del oeste” -, y todo un cúmulo de gabelas que ya quisiera tener un
pequeño productor.
Paralelamente se dan formas de violar “legalmente” todas las leyes que
puedan. Se han inventado todo tipo de “cooperativas” y formas de
contratación para sobre-explotar a los trabajadores. Persiguen o
sobornan a los líderes sindicales. Compran funcionarios de las
corporaciones regionales ambientales mientras contaminan y degradan el
medio ambiente.
Siguiendo su ejemplo, las transnacionales mineras - encabezadas por la
Anglo Gold Ashanti -, hacen estragos en la región. Cuando una
comunidad digna no se deja manipular con sus ofrecimientos recurren
sin escrúpulos a la violencia paramilitar, como ocurre actualmente en
municipios del noroccidente del Cauca.
Mientras tanto el gobierno aprueba “normas sanitarias” impuestas por
la Organización Mundial de Comercio para sacar del mercado a miles de
productores de panela, pequeños ganaderos y lecheros, y otros
productores agrícolas, a los que los funcionarios les aplican “el peso
de la ley en defensa del interés común”. Claro, ellos no tienen con
qué sobornarlos.
La economía ilegal
Frente a este panorama angustioso e injusto, sobre todo para quien lo
vive en carne propia, la salida legal es casi imposible. Mockus
acertaba en proponer la “legalidad democrática” pero nunca desafió la
criminalidad de Uribe y la ilegalidad de los grandes empresarios. En
sus lecciones pedagógicas siempre se refería al ciudadano de a pié que
violaba la ley, pero nunca se enfrentó al poderoso. Por eso, él mismo
desinfló la “ola verde”.
La reacción normal de cualquier sociedad es la rebelión. Sin embargo,
el camino de la insurgencia también fue degradado. La estrategia
imperial de la “guerra sucia” enlodó la lucha armada. Hoy, la mayoría
de quienes se enrolaran en la guerrilla lo hacen como una aventura
delincuencial. Es la realidad. Con ese mismo sentido se vinculan miles
de jóvenes a los grupos paramilitares, a las bandas armadas rurales o
urbanas, o a prácticas individuales criminales. Lo que ocurre en
Medellín es una muestra de lo que ocurre en todo el país.
Muchos campesinos caucanos han aprendido a convivir con la economía
ilegal. Ya no tumban todos sus cultivos para sembrar coca como lo
hicieron durante la primera “bonanza coquera” de los años 70 y 80. No.
Ahora permiten que sus hijos vayan a “raspar coca” (cosechar hoja), o
ellos mismos se vinculan a la siembra y procesamiento de la “base”
(primera fase de extracción del clorhidrato de cocaína). Así,
canalizan parte de los recursos que obtienen hacia el sostenimiento de
la producción de café, panela o pequeña ganadería.
En el Cauca, y en muchas regiones de Colombia, gran parte de la
economía coquera fluye e irriga canales de intermediación comercial,
transporte y financiera. El fenómeno de las captadoras ilegales,
“para-financieras” o pirámides, es parte de ese fenómeno. “No podemos
dejarnos morir de hambre” afirman los campesinos que tienen que
aceptar que su sobrevivencia depende de esa economía, que es
calificada como ilegal en los altos niveles del gobierno y de la
prensa, pero que – en voz baja – es aceptada y “lavada” tanto en la
Bolsa de Bogotá como en Wall Street de New York.
La verdadera legalidad popular
En nuestra región la economía del narcotráfico transforma regiones,
envilece las condiciones productivas, descompone lazos comunitarios,
corrompe a todas las instituciones, y crea una falsa ilusión de
progreso que genera enormes dificultades para construir una sociedad
con verdadero futuro.
Nuestro pueblo se ha resistido a ese fenómeno. En los años 90,
indígenas yanaconas del sur del Cauca le declararon la guerra a la
amapola. Las mujeres del corregimiento de Lerma (Bolívar), impusieron
la prohibición al consumo de licores alcohólicos, como reacción a los
efectos de violencia y degradación social que traía el fenómeno del
narcotráfico. El pueblo Misak (guambiano) y los nasas, han impulsado
múltiples campañas de erradicación de cultivos de uso ilícito, pero se
han quedado solos. Es una prueba de la dignidad y de la altivez moral
de estos pueblos originarios.
Sin embargo, la lógica que se impone es la que se refleja en diversos
dichos populares: “El vivo vive del bobo”; “la ley es para los de
ruana”; “hecha la ley, hecha la trampa”; “¿si los de arriba roban, por
que yo no?”, “no seas pendejo”, y muchas formas de justificar una
forma de vida que arrasa con los últimos espacios de resistencia
popular.
A pesar de todo nuestro pueblo es muy noble. Frente a esa realidad
impactante las mayorías anhelan una “legalidad democrática”. En
municipios donde se vive esta situación - de comunidades indígenas,
negras y mestizas -, que han sido fumigadas y perseguidas, la
población votó en las pasadas elecciones en forma mayoritaria por los
“verdes” y por el Polo. Ese es un mensaje esperanzador que genera
emoción y confianza.
Conclusión
A más leyes y apariencia de regulación, más ilegalidad y violación de
la norma. El camino de la represión y el castigo, no conduce a ninguna
parte. El pueblo apoyó la “fuerza de la autoridad” que admiraba en
Uribe, pero está descubriendo la verdadera ilegalidad que estaba
detrás de esa fórmula. Algo, muy en el fondo de nuestra sociedad, está
fallando.
Algunos países sufren más de esta enfermedad que otros. Casualmente
los tres países latinoamericanos que conservaron tradiciones jurídicas
castellanas combinadas con algunas racionalidades de sociedades
“imperiales” pre-colombinas (inca, muisca, azteca), son los que viven
con mayor intensidad este problema en Latinoamérica.
La informalidad estudiada por Hernando de Soto en el Perú, y la
economía ilegal que convierte en “Estados fallidos” a Colombia y
México, parecen ser un resultado problemático de la combinación de lo
más atrasado de unas sociedades “semi-coloniales” con lo más avanzado
de la estrategia de la plutocracia imperial transnacional.
“Santanderismo jurídico” al servicio del “imperialismo del siglo XXI”.
No es con más leyes como nos vamos a liberar de esta tragedia. No es
con pequeñas reformas como vamos a poder avanzar. Hay que mostrar las
causas profundas de nuestras dificultades, hay que identificar a los
causantes y grandes beneficiarios de ese ambiente de ilegalidad. Hay
que derrotarlos políticamente. Así lo están haciendo los pueblos de
Bolivia y Ecuador. Somos nosotros - los sectores populares -, quienes
tenemos la clave para salir de este tremendo atolladero. ¡Hagámoslo!