(Andrés Figueroa Cornejo)

Galopa la represión por sospecha

•El llamado “Caso bombas” tiene de todo menos bombas. Salvo,
probablemente, las bombas de humo de Piñera para cubrir los crímenes del
capital y castigar con impunidad el creciente malestar social que comienza a
manifestarse en la lucha de los estudiantes, los mapuche, los
medioambientalistas y los que viven de un salario.

El sábado 14 de agosto, en un espectacular operativo policial, fueron
allanadas casas particulares y “okupas” de Santiago, Valparaíso, Temuco
y Concepción, y detenidas 14 personas por orden del Fiscal Alejandro Peña.
Como ya se está volviendo costumbre, la maniobra contó con contundente
brutalidad uniformada sin resistencia alguna, pistolas en la boca de los
imputados, destrucción de inmuebles, maltrato a mujeres embarazadas,
indiscriminación a granel y tanta prensa obsecuente como fuera posible.
Sólo la prestigiosa Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del
Pueblo, Codepu (organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada
durante la dictadura militar, en noviembre de 1980. Fue la primera ONG que
se hizo parte en el proceso contra Augusto Pinochet en España, y en Chile en
1998, y una de las principales querellantes en el juicio contra el dictador),
denunció que el 14 de agosto “a las 6:58 de la mañana, el domicilio de
Viviana Uribe Tamblay, presidenta de nuestra organización, ubicada en
Batuco, fue allanada violentamente por un grupo de funcionarios del Grupo de
Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE), del Laboratorio de
Criminalística, y personal de la Fiscalía, en el marco del llamado “Caso
bombas”. El operativo policial duró 7 horas”. La ONG informó que en el
domicilio se encontraban en ese momento la hija de Viviana, Bárbara Vergara
Uribe, hija de un ejecutado político, “con un embarazo de 8 meses, y
trabajadora de la institución junto a su compañero Manuel Correa”.

El denominado “Caso Bombas” está ligado a una serie de explosiones de
ruido ocurridas durante un tiempo no determinado por el Estado en
instituciones bancarias y otras dependencias, sin resultado de muerte, sin
heridos, sin damnificados, sin responsables probados.

RODOLFO RETAMALES, EL MALO DE LA PELÍCULA

Uno de los principales acusados en el caso, además de su trabajo remunerado,
realizaba un programa en la Radio Primero de Mayo de la legendaria
población La Victoria.

Alejandra Bustamante es una de las voceras de la emisora popular,
autogestionada y comunitaria que cuenta con 20 programas de servicio a la
comunidad, y que vierte al aire producciones que recorren reivindicaciones
indígenas, musicales, infantiles y culturales. Su objetivo es “informar
sobre la verdad de lo que ocurre en Chile”.

La radio es legal, tiene 15 años de existencia y está acreditada por la
Subsecretaría de Telecomunicaciones. Alejandra cuenta que “Desde
principios de 2009, Rodolfo tiene un programa que se llama “Desde el
Óvalo”, que toca temáticas carcelarias en el sentido de las visitas
familiares, y la criminalización de los jóvenes y adolescentes. Rodolfo
conducía el programa y nunca hizo llamados a la violencia o cosa que se le
parezca. Reporteaba las movilizaciones sociales que se dan en el centro de
Santiago, a través de videos, aprovechando la plataforma de internet de la
radio”.

Pero no sólo Rodolfo ha sido víctimas de amenazas por parte de fuerzas
especiales, sino que otros reporteros de la Primero de Mayo (102.9 FM).
“Nuestro problema es que hemos normalizado el maltrato que recibimos con
frecuencia”, explica Alejandra en el único locutorio de la emisora y
agrega que “Rodolfo nos había informado muchas veces de policías civiles
que lo seguían. Y en el allanamiento a su casa, lo principal que le
requisaron fue sus filmaciones, sus fotografías, sus cintas. No materiales
ligados a explosivos o bombas. Ahora los medios de comunicación
tradicionales hablan de él y los demás detenidos como delincuentes. Igual
como lo que ocurrió con la documentalista Elena Varela o Pascual Pichún”.

El miércoles 17 de agosto, otro comunicador popular de la radio, Roberto
Henríquez, fue detenido también. “Él hace programas culturales, de cine
y de música”, informa Alejandra, “A las 22:30 hrs. lo encontramos en la
Primera Comisaría de Carabineros. Estábamos con el abogado de derechos
humanos, Rubén Jerez. Ahí nos enteramos que trataban de vincularlo a un
asunto de explosivos. Lo acusaron de tener “un artefacto pirotécnico”
(?). El 18 en la mañana lo formalizaron y lo dejaron en libertad. Fue
agredido fuertemente por carabineros, pero no permitieron que se realizara la
constatación de lesiones.”

LA DEFENSA: RODOLFO Y PABLO DEBEN SER ABSUELTOS

Alberto Espinoza es el abogado defensor de Rodolfo Retamales y Pablo
Morales, sindicados por el Ministerio Público, el gobierno y los medios de
comunicación de los que mandan, como los principales responsables del
llamado “Caso bombas”, y como “lideres” de una asociación ilícita
“terrorista”.

-¿Cuáles son los fundamentos de la defensa?

“La defensa descansa sobre la más férrea y absoluta convicción de que ni
Pablo ni Rodolfo tienen participación en una asociación ilícita, y menos
de carácter terrorista. Y hasta el minuto, los antecedentes que se han
presentado resultan absolutamente inconsistentes a la hora de acreditar un
delito de esa magnitud.”

El abogado Espinoza indica que hace 5 años que se vienen recogiendo pruebas
contra sus protegidos, es decir, desde que Rodolfo Retamales puso un pie en
la calle después de haber estado con Pablo Morales privados de libertad en
la Cárcel de Alta Seguridad durante 12 años. Desde entonces se implementó
contra ellos un procedimiento de vigilancia permanente de todos sus
movimientos. Además, ellos estaban bajo control penitenciario y debían
firmar una vez por semana en el Patronato de Reos.

“Pero estamos hablando de una vigilancia extrajudicial, me imagino, dentro
de los marcos de políticas de Inteligencia y seguridad pública y ciudadana
que, por lo demás, ellos conocían perfectamente. Sabían que por su
antigua afiliación al grupo Lautaro iban a ser objeto de seguimientos al
margen de la ley. Es lo que ocurre con todos los presos políticos que salen
en libertad”, señala Espinoza.

Llama poderosamente la atención que pese a estar bajo vigilancia permanente
hayan podido burlarla al punto de constituir una asociación ilícita
después de 5 años.

-La gente corriente en Chile no sabe qué cosa es una ‘asociación
ilícita’…

“Es un delito tipificado en el Código Penal y en la Ley Antiterrorista que
se configura de una manera ficticia y abstracta. Nadie puede percibir
físicamente una asociación ilícita. Es un delito intangible, a diferencia
de un homicidio o un robo. En la asociación ilícita tiene que haber
recursos, medios, infraestructura, un ánimo de asociarse para cometer actos
ilícitos. Y en este caso, con fines terroristas. De modo que la
construcción de la asociación ilícita, desde el punto de vista penal y
probatorio, es bien dificultosa. La justicia tiene que acreditar la
concurrencia de varias condiciones y de presupuestos que logren establecer
esta estructura, este conjunto de redes, jerarquías, mandos, subordinados,
dirección, etc. Y este no es el caso.”

CASAS ‘OKUPA’: CENTROS DE PODER

En medio del verdadero “tongo” político, policial y mediático en torno
al caso han salido al ruedo las casas “okupa”, que son viviendas cedidas
o simplemente habitadas en su abandono, casi siempre muy deterioradas, que
usan jóvenes en Chile y el mundo para realizar actividades principalmente
artísticas y alternativas a la cultura oficial o institucional. Allí
funcionan desde bandas de rock, grupos teatrales, recreación para niños,
buen cine gratuito, bibliotecas y manifestaciones que no encuentran lugar en
las políticas culturales provenientes del Estado, normalmente dirigidas a
promover y ornamentar las “bondades” de los gobiernos de turno.

Sin embargo, el abogado Alberto Espinoza indica que “El Ministerio Público
denomina a las casas “okupas” ‘centros de poder’. La expresión
pretende referir que allí se van elaborando acciones o se planifican cosas
ilícitas”. Por eso, la justicia muestra fotos de Rodolfo y Pablo saliendo
de casas “okupas”. Pero esas casas representan a un sector de la juventud
cuyas ideas no se condicen con el modo de vida capitalista.”

-¿En qué condiciones fueron detenidos Rodolfo y Pablo?

“De una manera bastante violenta. Nadie golpeó la casa ni preguntó por
ellos previamente. Y eso que tienen domicilios conocidos y ni siquiera viven
en casas “okupas”, si eso fuera un agravante. Son viviendas que
financian con su trabajo. Ambos son arrendatarios. Pablo Morales vive con su
pareja, y los dos trabajan remuneradamente. Pablo se desempeña en una
empresa de publicidad, de lunes a viernes, con jornada normal y cuyo salario
le permite vivir sin grandes sobresaltos. Rodolfo Retamales, por su parte,
desarrolla trabajos audiovisuales, es un asalariado a honorarios, es decir
paga impuestos. Y en algunos de sus videos aparecen imágenes de canales
tradicionales, como Canal 7, ¡Y ese tipo de material empleó el Ministerio
Público para formalizar la investigación! Ahí yo pregunté entonces, si
también se imputarían a los directores de Chilevisión o Canal 13. Eran
extractos de reportajes por todos conocidos. Incluso en la audiencia de
formalización, la Fiscalía usó contra los muchachos citas de autores
clásicos muertos hace mucho tiempo. Y a Pablo Morales, por su parte, se le
leyeron sus derechos con un carabinero que le tenía puesta una bota en la
espalda. El allanamiento también fue brutal, y ese día se extendió a 17
casas, como en los mejores tiempos de la dictadura. Fue una operación muy
bien planificada, coordinada y muy espectacular.”

Al respecto, Espinoza considera que “están soplando vientos autoritarios
muy fuertes en Chile. Hay nostálgicos de la dictadura.”

EL MONTAJE Y EL ORDEN DE LAS COSAS

-En algún momento se dijo que los imputados habrían sido indultados por
Ricardo Lagos durante su mandato…

“Ello es totalmente falso. Yo creo que hay falta de rigurosidad del
Ministerio del Interior y no se entiende la división de poderes. Aquí se
observa que el Ministerio del Interior tiene un trato muy directo con el
Fiscal Nacional. En este sentido, el Fiscal Alejandro Peña realiza todo un
montaje, en el amplio sentido, como una puesta en escena para los medios de
comunicación. Referirse a hechos respecto de los cuales estos dos jóvenes
ya fueron condenados, demuestra una mala intención evidente. Es decir, se
vuelve a criminalizarlos, ¡Y por lo mismo! Eso es antijurídico, toda vez
que existe un principio elemental del Derecho Penal que dice que nadie puede
ser juzgado dos veces por el mismo hecho.”

Rodolfo y Pablo estuvieron en la cárcel en los primeros años de los
gobiernos civiles por un delito que terminó con la muerte de tres
funcionarios de la policía de Investigaciones, “donde ellos no
participaron directamente. Ninguno de ellos empuñó un arma de fuego, ni es
responsable directo de la muerte de esas personas. Ello está establecido en
el proceso y la sentencia”, dice el abogado.

De los 14 detenidos originales del pasado 14 de agosto, ya 4 están en
libertad, bajo una medida cautelar que no es prisión preventiva, con un
control semanal de firmas. Los 10 restantes están en prisión preventiva en
la Cárcel de Alta Seguridad. Ellos están imputados de ser miembros de una
supuesta asociación ilícita terrorista. La acusación es que Rodolfo y
Pablo serían los “jefes” de ella.

En este sentido, Espinoza es tajante cuando formula que “Con anterioridad,
yo he defendido a personas acusadas en principio por delitos terroristas. Por
ejemplo, las personas que fueron imputadas de participar en el atentado a
Pinochet en 1986. Y finalmente esas personas no terminaron siendo acusadas de
delitos terroristas. Y hay una distancia sideral entre las organizaciones a
las que pertenecían esas personas y los casos de Rodolfo y Pablo, desde todo
orden de cosas. Lo de Rodolfo y Pablo, desde la propia perspectiva del
Ministerio Público, sería una especie de asociación ilícita a escala de
sala cuna. Sin embargo, se les aplica la misma ley.”

-¿Y qué ocurre con los vínculos mencionados entre Rodolfo Retamales y la
Intendencia de Santiago?

“El Ministerio Público en su intento de configurar la supuesta red de
protección de mis defendidos, usa una llamada que se le hizo a Rodolfo
Retamales desde un teléfono de la Intendencia por una funcionaria que había
sido su pareja. La llamada duró 30 segundos y es una conversación
absolutamente corriente. De ahí el show que involucra a la Intendencia.”

-¿En qué fase del proceso judicial se encuentra el caso?

“Estamos en el prólogo, en sus etapas preliminares. Hay 6 meses para
investigar, todavía no estamos en la etapa del juicio. Están pendientes las
apelaciones que nosotros entablemos. Y ellos deben ser absueltos y no
llevados a juicio, en definitiva. Deben ser liberados y de ningún modo
condenados.”

-Sorpresivamente el 18 de agosto, 4 días después de las detenciones,
apareció una bomba junto a un cuartel de carabineros que habría sido
desactivada por un robot…

“Hay que tener cuidado con las acciones provocativas. No me extrañaría
que el hecho fuera parte de un montaje policial. Los organismos de
Inteligencia también operan con procedimientos muy oscuros. Me acuerdo que
Felipe Harboe como miembro del Ejecutivo de la Concertación inventó un
chascarro con unos sables de utilería que encontró en la Universidad de
Santiago.”

Para el abogado Alberto Espinoza la situación, en su conjunto, es
preocupante y sobrepasa el marco de la investigación enfocada en un grupo de
personas en particular. El defensor de los derechos humanos estima que hoy
los que se están viendo amenazados por esta investigación son los derechos
de los ciudadanos en general.

“Esta es la mano dura que anunció Piñera y que están sintiendo los
mapuche, los escolares, los deudores habitacionales. En fin, todo aquel que
quiera ejercer su derecho a expresarse. Esto es claro, quienes gobiernan
Chile estuvieron vinculados a la dictadura militar y son amigos de la
dinámica del terror. Cualquier manifestación de descontento social ahora se
vuelve terrorismo. Y lamentablemente, la Concertación pavimentó el camino
para llegar a este punto. La idea del gobierno actual es hacer abortar
inmediatamente cualquier germen de movilización social. Y yo aquí noto una
alarmante ausencia del Partido Comunista en orden a pronunciarse sobre estas
materias. Y hay personajes de la Concertación que avalan la actuación del
Fiscal Alejandro Peña, como Patricio Rosende y Felipe Harboe. ¿Cómo se
engendran esas posiciones en gente que se define democrática?”, se
pregunta Espinoza mientras mira su reloj urgente.